Justo, el mismo día que se realizaba el Seminario "Ciudad y Patrimonio" , donde se entregaron los resultados de la encuesta Barómetro sobre el tema, nos sorprendíamos con el rayado al mural de Luis Núñez en una cara del costado sur del Hotel Antofagasta. Un hermosa creación que fue intervenida, lo que molestó a la comunidad antofagastina y las autoridades de cultura y patrimonio, las que han constatado en el último tiempo una creciente destrucción.

Y eso lo reflejaba la encuesta entregada en la que los entrevistados reconocían su existencia pero que sabían poco de la materia. Es decir, ocurre lo que no debe suceder y es que desconocemos nuestra memoria tangible e intangible y ello nos lleva a que no nos preocupemos de preservarlos.

Y cómo se dijo en la ocasión "nadie cuida lo que no conoce". Nos falta educación, nos falta conocer el valor de nuestro patrimonio que es rico y que no le damos la importancia que merece.

Esa es una de las tareas que deben implementarse con urgencia a fin de que generemos en nuestra comuna y región el respeto por lo nuestro, por la historia, por el acervo cultural y por nuestras raíces, aspecto fundamental para forjar nuestra identidad de nortino y de antofagastinos.

Junto con reflejar falta de conocimiento la encuesta Barómetro entregó nuevas luces sobre esta temática y que debiéramos incluirlas para avanzar en lo que es conservación y puesta en valor del patrimonio.

Interesante fue conocer que un alto porcentaje de los entrevistados coincidieron en que la tarea del cuidado debe repartirse entre el Estado y los privados (50%). Una alianza que para quienes trabajan en el sector saben que es lo mejor porque se logra la sinergia necesaria para conservar y poner en valor los distintos inmuebles.

Sí, porque otro de los aspectos a los que apela la ciudadanía es que esos sitios sean integrados a los espacios urbanos que están al servicio de la comunidad (47%).

Hay harto camino que transitar en el tema patrimonial, pero se ve un trazado por el que se debe seguir y con rapidez. Educación, poner en valor y al servicio de la comunidad los espacios en una alianza público-privada.

La minería es una actividad de inversiones cuantiosas y se trabaja a muy largo plazo, por lo que es prioritario contar con certezas y estabilidad para su desarrollo. Justamente lo que ha hecho crecer a nuestra minería y sus encadenamientos productivos fue la relación virtuosa entre sus recursos mineros y la estabilidad política social y económica que ofrecía Chile. Pero, lamentablemente, el escenario actual es muy distinto.

Chile, en rigor la región de Antofagasta, es el principal productor de cobre del mundo, cuyas reservas geológicas superan a cualquier otra jurisdicción minera. Pero en las últimas dos décadas la minería nacional ha disminuido en un 10% su participación como principal productor de cobre y ha sufrido cinco cambios relevantes en su régimen tributario. Cada vez en Chile es más caro y riesgoso producir cobre que en otros distritos mineros. Lamentablemente, somos menos competitivos.

La industria minera tiene espacio para aportar más a la economía nacional, en eso no hay discusión. Pero el proyecto de royalty propuesto recientemente por el Gobierno no es una buena noticia. Chile hoy tiene tasas efectivas del orden del 40-41%, situación que aún ofrece atractivos. El proyecto que se discutía el año pasado en el Senado, se barajaba la alternativa de quedar en torno al 50%, aún siendo competitivos, pero transformándonos en un país aún más caro. Con la nueva propuesta de royalty, quedaríamos con tasas efectivas entre 55% y 65%, que, de aprobarse, nos transformaría en el país minero con la mayor carga del mundo, fuera de toda competencia.

Análisis de prestigiosas instituciones como Barclays, CRU Consulting y la U. de Chile sobre la iniciativa del Gobierno, sumado a la opinión de reconocidos especialistas nacionales (Juan Ignacio Guzmán, José Joaquín Jara, Emilio Castillo, Gustavo Lagos, Alicia Domínguez, etc.) dan cuenta que no hay ni una sola voz disidente: todos coinciden en que la propuesta de royalty es perjudicial para el desarrollo minero y que aumentará el riesgo de invertir aquí, impactando el fin último que es aumentar el erario fiscal, para financiar las propuestas y cambios que lidera el presidente Boric.

Las grandes mineras presentes en Chile probablemente seguirán operando en las regiones mineras, pero no invertirán y la capacidad productiva comenzará a caer. Esto afectará directamente en los encadenamientos productivos, la innovación y nuevas tecnologías, lo que marcará un retroceso económico y social muy importante para las familias antofagastinas.

El Gobierno debe promover un Royalty que le permita al país recaudar más, pero al mismo tiempo, ofrecer a la industria la confianza, estabilidad y competitividad necesarias para asegurar una inversión dinámica.