Jonathan Villella C.

Hasta 60 días de plazo, fue el tiempo que la Corte de Apelaciones de Antofagasta, otorgó al Ministerio de Obras Públicas, para implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de los vecinos del sector norte que se han visto perjudicados, en su cotidianidad, tras la serie de accidentes ocurridos en la Avenida Salvador Allende, debido al ingreso de camiones articulados sobre los 3.500 kilos.

El fallo, se dio tras el recurso de protección interpuesto por el gobernador regional, Ricardo Díaz, en conjunto con diversos vecinos del sector en cuestión (el 22 de abril), sobre la base de las "omisiones ilegales y arbitrarias en contra de los habitantes y residentes de la comuna de Antofagasta, que amenazan con vulnerar y perturbar el ejercicio de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 número 1 de nuestra Constitución Política de la República", esto después que el MOP, según alegan, no implementara ninguna de las medidas o soluciones aportadas tanto por el Gobierno Regional, el municipio o Carabineros, con tal de evitar nuevos accidentes.

Parte de los fundamentos expuestos en el recurso, hacen alusión a un posible error de diseño del tramo de la avenida en cuestión "como resultado de la pendiente que existe en dicha ruta, y la exigencia mecánica que impone en los vehículos de mayor tonelaje, lo que lleva a fallas mecánicas que desencadenan estos accidentes". La Corte de Apelaciones -en fallo dividido- acogió los argumentos planteados, instruyendo al MOP la coordinación del mayor control el tránsito de camiones por el sector y otras medidas que deberá informar en 60 días la tribunal.

"Dicha autoridad deberá ...implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de los vecinos que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de nuevos accidentes viales como los descritos, adoptando las medidas de fiscalización adecuadas que aseguren el cumplimiento de prohibición de circulación de vehículos de alto tonelaje por la referida ruta 26", sostuvo el fallo de la Corte.

Positivo

Para el gobernador regional, Ricardo Díaz, el fallo de la Corte, es un respaldo, puesto que permite establecer los derechos de los vecinos. "En general, el fallo es positivo porque despeja una serie de dudas que siempre han estado dando vueltas y que nunca habían sido resueltas tan claramente como lo señala el fallo. Se establece el derecho de los vecinos que acudieron ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta de poder recurrir ante los tribunales cuando sus derechos están amenazados y en este caso un derecho tan importante como es el derecho a la vida. Por otro lado, positivo porque claramente, a pesar de no desconocer que el MOP ha tomado algunas medidas para mitigar la situación, establece que esas medidas no han sido eficaces. El tribunal ha acogido lo planteado por nosotros y eso nos deja tranquilos", precisó.

Respecto del plazo otorgado para realizar e implementar las mejoras (60 días), Díaz explicó que "nos parece correcto, pero queremos ser enfáticos que el gobierno regional no es, ni será espectador. Somos también autoridad, estamos involucrados y hemos hecho acciones y gestiones que están en nuestro ámbito de competencias para aportar en soluciones, por lo que nos parece que el plazo de 60 días es razonable, y es una forma clara de ver si han existido voluntades para tener respuestas concretas por parte del MOP".

Acotó que "nosotros sabemos que la solución al problema de Salvador Allende no es judicial. La solución está en más coordinación, más atención y mayor seguimiento a las voluntades mostradas. El fallo así lo dice al manifestar que se debe avanzar más rápidamente en las coordinaciones que permitan visibilizar soluciones concretas. Pero debemos ser claros en que el fallo expresa que es el MOP quien está a cargo de garantizar la seguridad de la población que vive en la Av. Salvador Allende".

Una opinión similar manifestó la consejera regional, Katherine San Martín, al sostener "qué más se tiene que esperar para tomar acciones frente a una situación que ha tomado la vida de tantas personas y que pone en peligro diariamente a los vecinos y vecinas de la comuna de Antofagasta, especialmente a los miles de personas que transitan diariamente por Salvador Allende (…) hay que fiscalizar la prohibición que hay en el lugar, para el ingreso de camiones, además de implementar medidas, como alguna barrera que no permita la bajada de camiones", indicó.

En tanto, el consejero regional, Fabián Ossandón, manifestó que "espero que lo resuelto por la justicia no quede en un simple fallo. El organismo competente debe acatar y tomar rápidamente las acciones correspondientes. No podemos lamentar más muertes ni seguir arriesgando la vida de quienes viven y transitan por esta avenida. Como consejero y en mi rol fiscalizador, haré seguimiento a las medidas que se deben implementar".

Durante la tarde de ayer, Carabineros emitió un comunicado en el cual desmiente las acusaciones proferidas por la concejala Natalia Sánchez (PTR) en el concejo municipal del pasado miércoles. En esa ocasión, la autoridad apuntó hacia la institución policial señalando que efectuaba robos de las motos pertenecientes a conductores de deliverys migrantes que se hallaban trabajando en situación irregular.

Fue la Jefe de la 2da Zona de Carabineros de Antofagasta (s), Marcela González Casas-Cordero, la encargada de contestar estas acusaciones, negando de forma tajante la ocurrencia de robos y aclarando que el accionar de la institución era el que correspondía bajo lo establecido por ley.

"Carabineros no roba motos, nosotros fiscalizamos, y si no se cumple la ley se retiran los vehículos de circulación como ordena la ley. Es un intento de ordenar el tránsito en la ciudad y de disminuir los robos asociados a los motochorros", explicó González.

Además agregó que "esta labor está en conocimiento de la autoridad, por lo que llama la atención que sea una autoridad la que califique de robos esta labor fiscalizadora de Carabineros. Es grave acusarnos de robo, más aún cuando es la propia ciudadanía la que nos expresa su preocupación por el aumento de estos delitos".

Ante este caso, se señaló que la institución entregará los antecedentes al Ministerio Público, con el fin de que se investigue la potencial ocurrencia de algún delito en este tipo de casos, ya que la denuncia provino directamente desde una autoridad regional.

"Para Carabineros no es relevante la nacionalidad de los conductores, sino que los conductores cumplan con la ley, sean chilenos o extranjeros. Nadie está por sobre la norma que regula el tránsito de estos vehículos en nuestro país. Vamos a mantener estas fiscalizaciones porque además la propia ciudadanía es la que nos ha exigido mayor orden y seguridad en los distintos barrios de Antofagasta", concluyó González.

Denuncias

Por su parte, la concejala Natalia Sánchez salió a explicar sus acusación en contra de Carabineros, señalando que sus dichos en el Concejo Municipal "son a raíz de denuncias internas de los trabajadores de deliverys respecto a arbitrariedades y abusos de poder como posibles irregularidades por parte de Carabineros, cuando ellos lo único que quieren es poder trabajar. La semana pasada escuchamos los dichos de los funcionarios policiales diciendo que ellos actúan como delincuentes cuando se trata de delincuentes, dejando entre ver las irregularidades que podrían estar teniendo dentro de la institución. El problema ha sido que, con este debate, se ha devaluado por completo el problema central que existe entorno a la crisis humanitaria y migración, la falta del derecho al trabajo que hoy afecta a 300 trabajadores de deliverys en Antofagasta, trabajadores esenciales que no son delincuentes".