A propósito de la columna "La banalidad del mal" escrita por el Gobernador de Antofagasta Don Ricardo Díaz en este diario, me gustaría incorporar una perspectiva distinta para sumar a su interesante reflexión en la que cita a Hanna Arendt, filósofa judío-alemana que en 1960 reporteo para el The New Yorker el juicio realizado en Jerusalem al Obersturmbannführer de las SS Adolf Eichmann, poco después de ser secuestrado por el Mossad en Buenos Aires y acusado, juzgado y sentenciado a la horca por ser el responsable mayor de las "matanzas administrativas" del III Reich. En lo esencial, hay dos obras de Arendt asociadas a la figura de Eichmann: "La banalidad del mal" y "Eichmann en Jerusalem" que hasta el día de hoy son objeto de cuestionamientos por la comunidad judía.

Dicho lo anterior, me quiero situar -como decía más arriba- en una arista distinta del mismo tema que reflexiona el Gobernador y que él hace una bajada con un asunto vinculado a una exautoridad de la ciudad. Mi punto de vista está relacionado al mal como consecuencia de la libertad, afirmación sostenida por Rüdegir Safranski en "Das?Böse?oder?das?Drama?der?Freiheit", toda vez que el mal es un tema inatrapable con una tesis y menos asociada a una eventual solución al problema. Es por lo anterior, que los llamados a favor de eliminar el mal de la historia humana están destinados al fracaso. El mal es el drama de la libertad tanto para un hombre "terroríficamente normal" como Eichmann como para cualquier sujeto existente y consciente de sus actos.

Uno podría interrogar ¿qué es el mal? El mal no es un concepto y en este sentido es indefinible, ya que se nos escapa al intentar su captura en unas redes conceptuales que son desbordadas por este tema. El mal es un nombre para aquello que daña y que nuestra conciencia puede realizar a partir de un acto de libertad. No hay mal sin una libertad que la lleve a cabo y ésta tiene muchos rostros, como la falta a la verdad de manera intencional. El que miente simula hechos falsos al instalar situaciones inexistentes y hace "que una?nada?se?convierta?en?ser?y a?la?inversa, que?un?ser?se?convierta?en nada". Esta fórmula eidética está presente en distintos dominios de la realidad humana, como en las prácticas políticas si se desea sacar ventajas del adversario o cuando se despliega en los asuntos cotidianos de nuestras vidas; como por ejemplo: con la calumnia que es una profundización de la mentira que se puede instalar y "viralizar" en la "conciencia colectiva".

Patricio Peñailillo

Licenciado en Filosofía

Cuando las críticas arreciaban contra el compadrazgo, amiguismo y nepotismo en las jefaturas del aparataje público, surgieron voces que insistían que esos cargos debían ser cubiertos por profesionales capacitados. De allí que salió la idea de generar un proceso de postulación, con descripción y requisitos para ejercerlo y que el o la elegido (a) fuera quien reuniera las mejores capacidades, independiente de parentescos o color político.

Fue así que en 2003 tras un bullado acuerdo político se lanzó el sistema denominado de Alta Dirección Pública, definido como el sistema de contratación que apuntaba a tener a los mejores profesionales con vocación de servicio en el sistema público.

Los aplausos se multiplicaron desde todos los sectores y el mensaje hacia la comunidad, hacia los electores era que se estaban transparentando las facultades en el ejercicio del poder y se hacía más democrático la elección de funcionarios en altos cargos públicos.

Lamentablemente, como suele ocurrir en nuestro país y algo que irrita a la gente, es ver que las malas prácticas igualmente continúan.

Desde su aplicación a la fecha son centenares de jefes de servicios y unidades públicas que debieron abandonar sus cargos a solicitud del gobierno entrante, sin importar si habían ganado el concurso de Alta Dirección Pública. La razón para hacerlo es que debían instalar a personas de su confianza y así cumplir con el cuoteo que se buscó erradicar.

Hoy nadie cree en un proceso que claramente era una muestra de transparencia pero que sucumbió ante las presiones políticas sin poder cumplir con su objetivo.

Así lo corroboran cifras oficiales que señalan que en las tres últimas administraciones al segundo año de gobierno el 74,33% de los directivos de primer nivel habían sido removidos o no renovados y el 53, 53% en el segundo nivel jerárquico.

Es allí que nace la pregunta, de qué sirvió seleccionar a los mejores, llenar los altos cargos por méritos y no por otros conceptos. La respuesta es obvia, de nada porque siempre habrá intereses superiores a la meritocracia y al rodearse de los mejores.

Solicitarle a un alto directivo elegido por SADP su renuncia por pérdida de confianza es reírse de un sistema y del profesional en cuestión.

La relación de Chile con el mar y la biodiversidad que alberga, está determinada por una franja costera cercana a 4.300 kms, la que aumenta a cerca de 83.000 kms si se toma en cuenta la línea de costa del conjunto de accidentes geográficos que contiene. Nuestra superficie continental supera los 750.000 kms2, pero la zona económica exclusiva se acerca a 3.600.000 kms2. Sin duda los recursos y bienes que nos provee esta extensa superficie fueron vitales para nuestros pueblos originarios costeros y serán críticos en nuestro desarrollo futuro.

El ser humano ha retribuido negativamente todos los servicios que recibe del mar, agotando casi todos los recursos pesqueros, contaminándolo con efluentes domésticos e industriales o con relaves mineros, materiales plásticos particulados de largo ciclo de duración; descargas de productos químicos tóxicos y moléculas biológicas de acción hormonal que alteran los ciclos reproductivos de organismos marinos. Esta situación no puede continuar, dado que va en desmedro de nuestra calidad de vida, pero esencialmente de la compleja y virtuosa trama de vida que constituyen los ecosistemas marinos a nivel global.

A la fecha, el Estado no se ha hecho cargo de la importancia del mar, de sus recursos, así como de los bienes que nos provee para asegurar un desarrollo sustentable. Sorprendentemente, la Constitución de 1980 tiene apenas un par de menciones al mar, y no refieren a su preservación o conservación o asegurar los bienes que nos provee, sino a aspectos militares.

La constitución vigente hace una breve mención al Ambiente, en el Capítulo III, Art. 19: La Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente".

No hace referencia a la importancia de mantener la biodiversidad en los sistemas naturales, dado que este concepto no es mencionado en ningún precepto dentro de sus 125 artículos y 25 disposiciones transitorias. Actualmente, la biodiversidad no encuentra consagración ni protección constitucional, siendo sólo definida por la Ley 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente.

Radicalmente distinta es la opción que nos ofrece la nueva constitución, que será plebiscitada el 4 de septiembre y que define a Chile como un "País Oceánico" y que reconoce su maritorio como una categoría jurídica, teniendo el Estado el deber de conservar, preservar y cuidar nuestros ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos.

Esta propuesta enfatiza a la naturaleza y, por tanto, el mar, como sujeto titular de los derechos consagrados en la Constitución, única forma de asegurar la sustentabilidad de nuestro mar, de los recursos y bienes que nos provee, para así cumplir con nuestras necesidades, sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras.