La escasa dotación de personal del Museo Regional de Antofagasta, limitada a solo cuatro funcionarios y dos vigilantes, atendió en mayo pasado a 763 personas durante el Día de los Patrimonios. Un reflejo de la precariedad con la que operan funcionarios de distintas entidades vinculadas al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), según comentan trabajadores de esta entidad dependiente del Ministerio de Cultura.

Debido a esta realidad que se extendería a nivel país, desde hace tres semanas 1.700 funcionarios permanecen en paro por mejoras laborales. "Ningún museo ni biblioteca perteneciente al Serpat están funcionando en el país", agrega Javier Pinto, dirigente nacional de esta entidad.

Dotación

En la Región de Antofagasta la movilización abarca a unos 50 funcionarios y se extiende al igual que en el resto del país, a unidades como el Consejo de Monumentos Nacionales, Patrimonio Cultural Inmaterial, Patrimonio Cultural de Pueblos Originarios, Patrimonio Cultural Digital y Coordinación de Bibliotecas Públicas. En la región la movilización también incluye a funcionarios de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (Anatrap). Diana Martínez Castillo, dirigenta de esta asociación, sostiene que la precariedad del servicio, reflejada en falta de infraestructura y de dotación de personal, evidencian a diario las limitaciones con las que operan. "La Biblioteca Regional no cuenta con un bibliotecólogo ni tampoco con un director de biblioteca. Ese cargo está con un subrogante y no se ha llamado a un concurso público desde hace cuatro años. Además enfrentamos graves falencias estructurales, como problemas de inundación de bombas de aguas servidas y eso genera que el nivel menos uno de la biblioteca haya sufrido una inundación que afectó al laboratorio del Programa BiblioRedes, que cuenta con 20 computadores. Debido a esto se mojaron los cables y no hay puntos de red y no funciona absolutamente ningún computador en ese nivel".

"El museo además funciona con cuatro funcionarios y dos vigilantes, cuando su dotación es de 11 funcionarios. No hay un encargado de colecciones, tampoco arqueólogo ni administrativo, lo que significa una mayor recarga laboral. Frente al museo está el edificio donde se encuentran las colecciones. Ese edificio hace muchos años se está inundando debido a que hay un socavón. Por lo mismo llevamos pidiendo que exista un lugar transitorio para las colecciones, que son parte del patrimonio nacional y regional, y por el riesgo de que en algún momento eso se vaya a inundar", agrega la dirigenta del gremio sobre un denominado "ojo de mar" que pone en riesgo este depósito del museo.

El paro de funcionarios de la Serpat, en el que participan las asociaciones Anatrap y la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional Patrimonio Cultural (Anfupatrominio) comenzó el 20 de junio pasado. Para hoy, en tanto, se alista una denominada Marcha por la Cultura las Artes y los Patrimonios a las 11:00 horas, en un recorrido por el centro cívico de la ciudad que incluirá la entrega de petitorios a las autoridades regionales. El punto de inicio de la convocatoria se ha fijado en el frontis de la Biblioteca Regional.

La falta de personal del sector se extiende a este último recinto según detalla un comunicado de Anatrap y AnfuPatrimonio. "Solo por poner un ejemplo en Biblioteca hace diez años se tenía una dotación de 38 personas. Hoy son solo 26 (de los cuales 6 son vigilantes) (…) La Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos no cuenta con profesionales de arqueología, siendo esta una de las necesidades más grandes en cuanto a declaratorias en la Región".

Paro nacional

Según comenta Pinto, tesorero nacional además de AnfuPatrimonio, entre las demandas de los trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural figura una nivelación de remuneraciones similar a la de trabajadores del Consejo de la Cultura. "Los dos dependemos del mismo Ministerio, pero somos dos unidades distintas. Serpat es la unidad técnica, que incluye a bibliotecas, museos, archivos, consejo de monumentos y pueblos originarios (…) El Consejo de Cultura tiene unos grados que son más altos que él nuestro; a modo de ejemplo, en el Consejo de Cultura el profesional parte en el grado 12, en cambio, en el Serpat tenemos profesionales en el grado 18".

El dirigente nacional de AnfuPatrimonio ilustra con la falta de personal en Antofagasta las carencias que enfrenta los funcionarios en el país. "No disponemos de los recursos ni de los implementos. En Antofagasta, por ejemplo, en el Consejo de Monumentos solo hay dos funcionarios que están a cargo de velar por todo los monumentos de la región; y no hay una persona que se encargue de fiscalizar ni del cuidado ni de la reparación", añade.

Con cargos por tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones, receptación de vehículos y uso de placas patentes robadas fueron imputados los cuatro integrantes detenidos en el marco del denominado caso "Narcofuncionario".

Ello, tras la audiencia de preparación de juicio oral que se desarrolló este lunes y que fijó los antecedentes, testigos y pruebas que presentará el Ministerio Público en el juicio oral.

El caso involucra al ex funcionario de la subsecretaría de prevención del delito, y exmilitante de RN, Wladimir Pizarro Baltras, quién se desempeñaba como supervisor del programa de drones para control preventivo que implementaba la Intendencia Regional.

De acuerdo a la formalización de la Fiscalía Regional, Wladimir Pizarro, que se encuentra detenido desde el 26 de octubre del 2021, arriesga una condena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y multa de 100 UTM como autor de delito de tráfico de estupefacientes, a los que se agregarían 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de tenencia de arma de fuego y 540 días de presido por tenencia de municiones.

En tanto, los otros imputados, Bernardo Rojas Reyes, Christian Orellana y Pablo García, el ministerio público solicitó penas que van entre los 5 y 7 años de cárcel. En la audiencia, el tribunal también mantuvo las medidas cautelares de prisión preventiva para todos los imputados.

"No se han remitido nuevos antecedentes distintos a aquellos que se tuvieron en consideración cuando se decretó la medida cautelar considerando la naturaleza y la multiplicidad de los delitos, se entenderá que los presupuestos que sustentan esta medida se mantienen vigentes", indicó el magistrado.

Desistimiento

Cabe indicar que previo a la audiencia, el abogado representante del senador Francisco Chahuán (RN) y María Bernarda Jopia (RN), Emanuel Cuadra, desistió de seguir participando en el proceso, por cuanto, informó, los cargos que interpuso la Fiscalía Regional en contra de Wladimir Pizarro diferían de los interpuestos en la querella de Chahuán y Jopia.

"Que, anterior a dicha acusación esta parte interpuso querella en los autos RIT 11804-2021 de este mismo tribunal, por los delitos de cohecho, violación de secretos e infidelidad en la custodia de los documentos, siendo absolutamente distinta a la acusación fijada por el Ministerio Público", indicó la resolución presentada.

Asimismo, y por igual motivo, la senadora Paulina Nuñez, representada por el abogado Eduardo Riquelme Portilla, también indicó el desistimiento de seguir como querellante en la causa, por cuanto la acción presentada por Nuñez apuntaba a los delitos de sustracción de documentos y de revelación de secretos públicos.

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