como base el Convenio 169 de la OIT, la norma que habla sobre consentimiento "da cuenta de un respeto por los estándares de Derechos Humanos" basado en la Declaración de Naciones Unidas de 2007 que explicita: "No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados".

Y Rosa Catrileo (mapuche) insiste: "Para nosotros están regulándose cuestiones distintas. En una parte está regulada como derecho y en otra como mecanismo de participación. No hay ninguna inconsistencia".

Hasta ahora, la idea de eliminar el término "consentimiento" y dejar solo "consulta" es apoyada por convencionales del Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales (INN) y Chile Digno. En la posición contraria están miembros del Frente Amplio, la Coordinadora Plurinacional y escaños reservados.

Desde la derecha, en tanto, Hernán Larraín (Ind.-RN-Evópoli) afirma que "si se reabriera el debate, creo que vamos a entrar a alterar y modificar una norma aprobada. Va a ir directamente en contra del reglamento y fruto de esa interpretación podríamos abrir todo. Algo que el pleno ya resolvió. Eso es extremadamente delicado".

Otra norma que fue advertida como incongruente por la secretaría técnica es el pluralismo jurídico. El artículo 340 establece que "el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia". La secretaría considera que esta "no se condice con lo dispuesto en el artículo 339". Este último dice que quienes ejercen la jurisdicción son "las autoridades de los pueblos indígenas" y ello "no se ajusta a la idea de que el sistema jurídico de los pueblos indígenas sea reconocido conforme a su cosmovisión particular, pudiendo no ser autoridades quienes tomen las decisiones", advierte.

Supremacía constitucional

La secretaría técnica también hizo referencia al artículo 447 sobre reforma constitucional donde se menciona un quorum que no quedó señalado en la norma. La propuesta inicial de los convencionales era que para las reformas constitucionales se necesitaran 4/7 de los votos del Parlamento, pero ese inciso no fue aprobado. Sin esa frase, se entiende que se aplicaría el mismo quorum que para el resto de las leyes, es decir, mayoría simple.

Sobre el punto, el informe de la secretaría señala que los convencionales deben "tener presente el artículo 116 que establece el principio de supremacía constitucional", y los distintos colectivos de izquierda coinciden y ven necesario añadir un inciso que explicite un quorum supramayoritario para esta materia.

Ricardo Montero (Colectivo Socialista) cuenta que "estamos planteando un quorum de 4/7", lo que es compartido por Chile Digno, INN y el Colectivo del Apruebo, pero para la Coordinadora Plurinacional y el Frente Amplio, el quorum específico "debe ser parte del desarrollo del debate", dice Alvez.

En la derecha hay otra opinión. Hernán Larraín argumenta que "si es que el pleno decidió una serie de normas para la reforma, ¿ex post vamos a interpretar que el pleno se equivocó, tuvo una confusión, no había voluntad? Entramos a un área de interpretación donde da la impresión de que quieren llenar más bien un vacío o hacerse cargo de lo que ellos consideran una solución que es deficiente, pero respecto a la cual el pleno deliberó, votó y aprobó".

La secretaría técnica también realizó otras recomendaciones, como refundir algunos incisos o artículos y definir una nueva ubicación para algunos de estos, además de proponer reemplazar algunas palabras para mejorar la redacción.

Junto con eso, realizó un análisis en relación con los tratados internacionales, pues la Constitución vigente establece en su artículo 135 que el texto que se someta a plebiscito deberá respetar "los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

Sobre el punto, el análisis de la secretaría detalló en cada artículo que "no se advierte incompatibilidad con los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile". Por el contrario, menciona que en el caso del artículo 248 sobre prohibición de desplazamiento forzado "incluso, la disposición otorga un estándar de exigencia mayor a la regulación del derecho a la libertad personal y de circulación" y sugiere algunos tratados internacionales que los constituyentes podrían revisar para mejorar la norma, por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"El Congreso"

Con este insumo, además de las inconsistencias que detecten los colectivos, los convencionales tienen hasta el domingo para ingresar indicaciones para durante la próxima semana debatir y votar en la comisión las soluciones que propondrán al pleno.

Por ejemplo, ya se han detectado otras incongruencias que no están en el informe de la secretaría. Hugo Tórtora, abogado y docente de la U. de Playa Ancha, en una sesión de la comisión de Armonización señaló que "hay algunos artículos donde, claramente, se alude al Congreso de Diputadas y Diputados, y hay otros casos en que se utiliza la palabra Congreso sin ninguna referencia, entonces podría haber cierta confusión en torno a si se refiere al Congreso de Diputadas y Diputados o todo el Poder Legislativo".

Sobre esto no hay una única postura. Manuel Woldarsky (Coordinadora Plurinacional) argumenta que "cuando hablamos de Congreso, el pleno ya expresó que se refiere al Congreso de Diputadas y Diputados", lo que es apoyado por Montero. Pero Sepúlveda considera que "depende del contexto en que esté situada cada referencia, porque hay algunas normas que se aprobaron antes que definiéramos los nombres de las respectivas cámaras".

"No se advierte incompatibilidad con los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile".

Análisis de la Secretaría técnica

"Hay algunos artículos donde, claramente, se alude al Congreso de Diputadas y Diputados, y hay otros casos en que se utiliza la palabra Congreso sin ninguna referencia, entonces podría haber cierta confusión".

Hugo Tórtora, abogado y docente de la U. de Playa Ancha

En las últimas décadas, por oleadas, distintas voluntades descentralizadoras han dado una batalla por avanzar hacia un Chile regionalista. Este esfuerzo, de muchos y muchas, se ha truncado por la tradición centralista del aparato estatal.

Afortunadamente, hoy confluyen distintos factores que nos permiten ser optimistas y avanzar con decisión en una profunda agenda descentralizadora.

Tenemos un Presidente magallánico que, desde el extremo sur del país, está convencido de que quienes nacen y viven en regiones tienen el derecho a decidir por sí mismos. Y también, la disposición de un gobierno -conformado por un equipo de ministros y ministras- que busca romper la inercia centralista, y entiende que las políticas públicas deben pensarse con y desde las regiones.

En segundo lugar, las principales autoridades regionales -los gobernadores y gobernadoras- han sido elegidas por voto popular, con un programa político de desarrollo regional validado democráticamente. Durante estos meses, han demostrado su determinación por hacer un país regionalista, pero también el espíritu colaborativo necesario para lograrlo.

Un tercer factor es la urgencia de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico que se sustente en regiones fuertes, dinámicas, movilizadas y empoderadas. El centralismo está condenando al país a un estancamiento estructural, del que solo podremos salir con mayor autonomía administrativa y fiscal.

El fortalecimiento regional es un imperativo ético, sin duda, pero también es uno económico. Un deber que como gobierno no podemos soslayar. El crecimiento inclusivo, sustentable y ecológico al que invitó el Presidente Gabriel Boric, requiere nuevos recursos para las regiones, inversión con equidad territorial, en torno a un trabajo colaborativo con los gobiernos regionales que ya presenta avances concretos.

Finalmente, el marco político lo otorgan las pulsiones que dieron fuerza al estallido social, que siguen latiendo con fuerza en los territorios, y cuyo origen, en gran parte, provino desde los habitantes de regiones que se cansaron de ser tratados como ciudadanos de segunda clase.

Por demasiado tiempo se incubó la rabia e impotencia que movilizó, por ejemplo, a los habitantes de Freirina hace ya una década, a las comunidades de Aysén y tantos otros territorios, que se alzaron contra las injusticias más brutales. Hoy, como gobierno, estamos abocados a recomponer estas fracturas.

Ya estamos recorriendo ese ancho camino. Hoy, en Rancagua, trabajaremos junto a los gobernadores y gobernadoras, ministros y ministras de Estado, en lo que hemos denominado el Foro para la Descentralización, que nos permitirá definir claramente una hoja de ruta para la transferencia de atribuciones a las autoridades regionales, de manera gradual, responsable y pertinente con las necesidades en los territorios.

De este modo, comenzamos a saldar una deuda del Estado con los territorios, y un compromiso de nuestro programa.

"Hoy, en Rancagua, trabajaremos junto a los gobernadores y gobernadoras, ministros y ministras de Estado, en el Foro para la Descentralización, que nos permitirá definir claramente una hoja de ruta para la transferencia de atribuciones a las autoridades regionales".

*Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo

El cierre de colegios durante la pandemia causó un severo daño educativo que hipoteca el futuro de millones de niños obliga a una acción inmediata para salvar a las futuras generaciones, advirtieron en conjunto el Banco Mundial, el Diálogo Interamericano, Unesco y Unicef.

La emergencia educativa retrasó el aprendizaje en torno a 1,8 años y amenaza con seguir agudizándose, ya que todavía quedan muchas escuelas cerradas en el continente y aumentó el riesgo de deserción escolar.

"No podemos esperar y los gobiernos deben darle la urgencia necesaria porque hay soluciones locales, soluciones de acceso híbrido", advirtió Italo Dutra, asesor regional de Educación de Unicef.

"La crisis educativa que afecta a la región no tiene precedentes. Si no actuamos ahora para recuperar las pérdidas de aprendizaje, toda una generación de niños, niñas y jóvenes será menos productiva en el futuro y tendrá menos oportunidades de progreso y bienestar", dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.