Reforma tributaria
El 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric tuvo su primera Cuenta Pública ante el Congreso, autoridades y el resto del país. Dentro de los muchos puntos tocados, hay uno en el que me quiero detener. El cuarto eje del discurso, titulado "Crecimiento Inclusivo", se centró en una batería de políticas económicas que el Gobierno quiere aplicar en el mediano plazo.
Una de las políticas que tomó mucha importancia fue la reforma tributaria, denominada el "Gran Pacto Tributario", con el que se financiarán las inversiones que planea en su programa.
Por otro lado, se pone como objetivo económico una "productividad que crece al 1,5% y un crecimiento del 4% anual". Ahí encuentro la disyuntiva.
Según datos del Banco Central para el 2020, la actividad privada representa un 85,3% y la administración pública e impuestos representan el otro 14,7%. Al aumentar la mochila tributaria de los privados solo se estará haciendo más difícil su faena y no se alinea con su objetivo de "Recuperar la inversión", mencionado también en el discurso. Al aumentar los impuestos genera un ambiente más hostil para inversionistas extranjeros y le pone el camino más difícil a los nacionales.
Pongámonos de acuerdo, señor Presidente, siento que nos está enviando señales confusas.
Javier Ávila Parada Fundación para el Progreso
Hoja de ruta
No han sido fáciles los primeros meses del mandato de Gabriel Boric. Una serie de factores políticos, económicos y sociales han resentido profundamente la confianza ciudadana en su Gobierno y así lo demuestran encuestas como Cadem o Pulso Ciudadano. Por ello, no es de extrañar que la Cuenta Pública ante el Congreso haya sido particularmente importante, ya que se transformó en una inmejorable oportunidad para comunicar a la ciudadanía sus principales proyectos y desafíos, pero sobre todo para mostrar un liderazgo que hasta la fecha ha estado escondido.
La cuenta se articuló sobre cinco pilares centrales: derechos sociales, una mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medioambiente. El análisis del discurso permite apreciar claramente cuál es la hoja de ruta del Ejecutivo para estos próximos 12 meses y el acento en los temas centrales ya indicados nos lleva a sostener que, efectivamente, se está haciendo cargo de muchas de las actuales inquietudes de la ciudadanía, especialmente en lo relacionado con la inseguridad ciudadana y la migración descontrolada (más de 1 millón de migrantes en los últimos cinco años).
Sin embargo, estos anuncios deben concretarse y ser percibidos como reales por la ciudadanía. De lo contrario, poco o nada de valor tienen. En este contexto, sin una economía estable y que dé señales inequívocas de recuperación, cualquier medida, especialmente las que apuntan a satisfacer derechos sociales, no podrá llevarse a cabo, lo que podría generar un alto costo político al Gobierno.
Jorge Astudillo Muñoz Académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar
Infraestructura educacional
En abril el Ministerio de Educación presentó un Plan Nacional de Infraestructura, que invertirá más de $20 mil millones en 76 colegios fiscales a fin de reparar ese aspecto, sumándose otro anunciado la semana pasada para catastrar la situación de establecimientos estatales, con una inversión de $3.400 millones. Si bien destaca el interés de las nuevas autoridades por mejorar la infraestructura de los colegios estatales, siguen discriminando a los 2 millones de estudiantes particulares subvencionados.Sobre 1 millón de ellos (55%) está clasificado como vulnerable por el Ministerio de Desarrollo Social. No obstante, son víctimas de la segregación estatal al no incluirlos en estos beneficios, a pesar de pertenecer a los mismos segmentos socioeconómicos de quienes estudian en colegios estatales.
De acuerdo con la Ley de Inclusión, los colegios particulares subvencionados (100% corporaciones sin fines de lucro) emplean los recursos del Estado en fines educativos detallados por la norma, que no incluyen mejoras ni construcción de infraestructura. Solo se les asigna al año un monto estrecho para mantenimiento, recibido también por los fiscales, sin considerar que el 91% de los particulares subvencionados es gratuito y no cuentan con otro financiamiento que el estatal.
Cuando el país se esfuerza para terminar con las desigualdades, es prioritario que los beneficios estatales se repartan de forma igualitaria, considerando la condición socioeconómica de los alumnos y sin importar a qué colegio asisten. No es un tema de montos, sino de principios. Y ahí la pregunta: ¿el Estado quiere ayudar a mejorar la educación de todos los escolares de Chile o solo de algunos?
Hernán Saldaña Secretario general Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados