Cristián Venegas M.

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió la acción cautelar presentada por las comunidades atacameñas de Camar y Coyo en contra de las bases de la licitación pública para la suscripción de contratos especiales de operación del litio y dejó sin efecto la adjudicación de los contratos.

Esto, por considerar que el proceso liderado por el Ministerio de Minería no cumplió con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa, como estipula la ley.

"No resulta posible determinar a ciencia cierta, cuáles son las comunidades, personas y eventuales otros titulares de derechos que pudieren resultar afectados, cuestión que incluso reviste la potencialidad de afectar pertenencias mineras previamente constituidas, mediante una superposición de derechos, todo ello en atención a la naturaleza particular que reviste la actividad de exploración y explotación de litio", argumentó el tribunal.

Corte que, de esta forma, acogió la acción presentada en contra de la adjudicación de dos cuotas de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable cada una, a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., "por vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley de la comunidad indígena recurrente".

Argumentación

La resolución dada a conocer ayer agrega, sobre la falta de ubicación de la licitación, que "el efecto descrito, circunscrito a la materia del recurso, impide determinar, en los términos establecidos por artículo 2 del Decreto Supremo N°66 del Ministerio de Desarrollo Social que Aprueba Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena, cuáles serían (…) los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas (…) al ofrecer como objeto de la licitación un bien emplazado en 'cualquier área del territorio nacional'".

"De esta manera se vulnera, como consecuencia ineludible, y deviene en impracticable para el caso, el derecho de comunidades indígenas de que se trata para manifestar su parecer (...) En definitiva, no cabe sino concluir, que la omisión denunciada importa en el caso, una vulneración arbitraria de la garantía de igualdad ante la ley respecto de los recurrentes, según lo dispuesto en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, sólo reparable con privar de efectos al acto impugnado", añade la resolución.

Sin Ubicación

Efectivamente cuando el proceso de licitación fue informado por el Ministerio de Minería en octubre de 2021, precisaron que las adjudicaciones no poseían una ubicación geográfica específica, y que las cuotas de extracción de litio irían asociadas a una autorización de comercialización por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCCHEN).

Iniciativa, agregaron en la oportunidad, que complementaría el Contrato Especial de Operación (CEOL) ya otorgado a Codelco en el Salar de Maricunga (Región de Atacama), y la producción actual de empresas privadas en el Salar de Atacama (SQM Salar y Albemarle) mediante el arriendo de concesiones de Corfo.

El otorgamiento del CEOL, detallaron desde la cartera, era solo un primer paso, ya que las empresas deberían buscar el lugar para desarrollar sus proyectos, definir las tecnologías, cumplir con todos los requerimientos regulatorios y ambientales aplicables exigidos por la institucionalidad ambiental, y generar el ambiente propicio mediante el relacionamiento con las comunidades.

La licitación

Recordar que en octubre de 2021 el Ministerio de Minería, encabezado en ese periodo por el ex ministro Juan Carlos Jobet, lanzó una convocatoria nacional e internacional para licitar nuevos Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), que en conjunto producirán unas 400 mil toneladas de litio anualmente.

Proceso que se resolvió el 12 de enero de este año cuando, pese a la oposición de las comunidades atacameñas, la cartera adjudicó la licitación para explorar y explotar el recurso por hasta 29 años a la multinacional china ByD y a la firma nacional Servicios y Operaciones Mineras del Norte.

Sin sueldos desde el mes de enero, se encuentra un grupo de funcionarios de la Subdirección Nacional Norte de la Conadi, así lo denunció la senadora por la Región de Antofagasta, Paulina Núñez. La parlamentaria precisó que se trata de cuatro trabajadores correspondientes al Programa de Promoción e Información de los Derechos Indígenas, dependientes de la seremi de Desarrollo Social.

Según la parlamentaria los dineros están depositados desde marzo en dicha secretaría regional, pero aún no se concretan los pagos de los montos adeudados por una serie de negligencias.

Según uno de los trabajadores, Arturo Basadre, "no han pagado porque son negligentes, además al día de hoy no nos ha llegado la carta de despido y menos se ha cumplido la promesa que nos hizo la subsecretaria de pagarnos los sueldos adeudado el último día de mayo", señaló el coordinador del Programa de Antofagasta.

Dijo que mientras el gobierno anunció el Ministerio de Pueblos Indígenas, en la Región los funcionarios de la Conadi, no pueden atender por no pago de sus remuneraciones desde enero de 2022.

"Además, según la información que tenemos, los funcionarios no cuentan con el respaldo de la seremi de Desarrollo Social, quien les comunicó el término anticipado del contrato, además de poner en duda todo el trabajo realizado con la comunidad changa de la Segunda Región", expresó la senadora Núñez.

Agregó que el hecho expuesto, sin duda, viola todo respeto al derecho de los trabajadores e impide que las personas y comunidades indígenas puedan realizar sus trámites y gestiones de la manera más óptima posible.

Vulnerabilidad

Asimismo, la parlamentaria indicó que "como senadora, veo que no se avanza con buena voluntad. Se avanza con hechos concretos. Y en esta oportunidad, ni más ni menos, que ponerse el día en la remuneración de los trabajadores que tienen por objetivo promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas".

En tanto, la parlamentaria dijo que "hacen un llamado al presidente Boric a que se revuelva esta situación en la región y se revise si esta situación de vulnerabilidad se repite en otros territorios del país. Evidentemente no avanzaremos en un ministerio si el gobierno no es capaz de sacar adelante un Servicio".

Respecto a la situación denunciada, desde la seremi de Desarrollo Social, explicaron que obedece a un tema estrictamente funcionario que se viene arrastrando desde la administración anterior.

"Se han adoptado las medidas administrativas necesarias para aportar a resolver los casos, lo que esperamos ocurra a la brevedad posible. Desde esta secretaría ministerial se resguardará siempre el respeto a los y las trabajadoras", aseveraron.