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Cinco detenidas por causar desórdenes en ataque a edificio de la municipalidad de Santiago

PROTESTA. Marcha del Liceo 1 llegó hasta el lugar antes de que se produjeran los incidentes.
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C inco mujeres fueron detenidas luego de un ataque al edificio de la municipalidad de Santiago, a un costado de la Plaza de Armas capitalina.

El incidente se produjo cuando un grupo de jóvenes llegó hasta el frontis del municipio para protestar y hablar con la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler. Al no ser recibidas, arrojaron piedras e intentaron forzar el portón de acceso al edificio incluso con un soplete.

Según Radio ADN, esto se produjo tras una marcha de estudiantes del Liceo 1 Javiera Carrera (ubicado en calle Compañía, a pocas cuadras), la cual si bien se había realizado sin mayores inconvenientes, a su arribo a la sede comunal tomó otro cariz.

El capitán Mauricio Bustamante, de la Primera Comisaría de Santiago, detalló que "a raíz de los desórdenes ocurridos en la municipalidad de Santiago se detuvo a cinco mujeres: cuatro menores de edad y una adulta. La municipalidad resultó con daños menores y las mujeres detenidas fueron puestas a disposición de la Justicia".

La alcaldesa Hassler dijo que "rechazamos tajantemente los actos de violencia que cometió un grupo de estudiantes hoy a las afueras del municipio de Santiago. Esta actitud nada tiene que ver con las demandas o reivindicaciones del movimiento estudiantil, las que están avanzando a partir del diálogo".

"De hecho, con estudiantes del Liceo 1 tenemos convocada una reunión para el día jueves (mañana), que esperamos que pueda ser parte del avance de las distintas demandas de fondo que existe en las comunidades educativas. Sin embargo, actitudes de violencia de un grupo acotado de estudiantes las rechazamos tajantemente y tienen que tener las sanciones que corresponde. La violencia nunca va a ser el camino y es muy importante que podamos separar ambas situaciones", señaló la jefa comunal.

Carlos Peña

La violencia y sus frases

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Luego de la violenta jornada en la provincia de Malleco -en la que resultó un trabajador muerto- y de la solicitud de la oposición para que se amplíe el estado de excepción, el ministro Giorgio Jackson pronunció las siguientes frases:

…creo que estas situaciones así de sensibles como las que han ocurrido hoy no admiten ser aprovechadas políticamente. Es algo -concluyó- que tenemos que abordar como país, que sucedió cuando también hubo estado de excepción antes de que nosotros asumiéramos.

¿Son razonables esas declaraciones? ¿tiene razón el ministro al solicitar a la oposición que no las aproveche políticamente?

Desgraciadamente no. No tiene. Y las razones saltan a la vista.

Desde luego es una parte consustancial del juego democrático que la oposición (el ministro Jackson debiera recordarlo puesto que ejerció este papel con gran eficacia y mayor entusiasmo) critique, fiscalice, vigile y haga el escrutinio de los actos de gobierno para verificar si ellos están o no a la altura de sus deberes y si acaso obtienen o no los fines que proclaman a la hora de adoptarlos. Confrontar las decisiones gubernamentales, especialmente en algo tan decisivo a la salud del estado, como el control de la violencia o, lo que es lo mismo, la mantención de su monopolio por parte del estado, es una de las tareas básicas de cualquier oposición. En la democracia las discrepancias son relativas a las políticas públicas, es cierto; pero deben serlo sobre todo en lo relativo a la dimensión más básica del estado que es el ejercicio de la fuerza, la homeopatía de la fuerza como se ha dicho tantas veces.

Y desde luego que esa labor es política ¿o acaso alguien pretende que el control del orden público es una cuestión técnica, algo donde solo el saber experto se pone en juego? Por supuesto que no. Basta recordar que la renuencia inicial del gobierno para decretar estado de excepción, y su intento posterior de crear uno a la medida de su propia incomodidad en el manejo del orden, era una decisión política, motivada exclusivamente por consideraciones políticas. Y es también política su decisión -la actual- de mantener un estado de excepción como se ha dicho y repetido, acotado. Pues bien. Si eso es así, si la decisión de establecer un estado de excepción acotado fue una decisión política, si esa decisión descansa además en una consideración política todavía más general acerca de la forma en que debe ser tratado el conflicto del sur y acerca de la forma en que se maneja el estado, si todo eso es así, entonces ¿por qué quejarse que la oposición reaccione y se aproveche políticamente de lo que, a ojos vista, aparece como una muestra que la decisión política del gobierno está fracasando? Si, es verdad: lo mismo ocurrió durante el gobierno anterior como el propio ministro Jackson acaba de recordar; pero lo único que eso prueba es que el gobierno del presidente Boric está actuando en esta materia con tanta impericia, o timidez, o temor o con la misma mezcla equilibrada de todo eso, que el gobierno del presidente Piñera como el entonces diputado Jackson, a su modo, lo hacía ver, ejerciendo el papel político que le correspondía ¿Por qué el ministro Jackson pretende ahora que la oposición no haga lo mismo?

Sería -es obvio- injusto, culpar de esa muerte al gobierno; pero tampoco sería honrado ni correcto exonerarlo de los deberes que sobre él pesan a la hora de proveer orden y controlar la violencia. Y sobra decir que no basta escribir mensajes en Twitter cuando estas cosas ocurren expresando condolencias o construyendo frases para que ese deber se estime cumplido.

Porque como dice Ortega en uno de sus escritos o se hace política o se hacen frases.

Y el gobierno parece más empeñado, hasta ahora al menos, en lo segundo.