Durante esta semana Antofagasta concentró el interés de la Convención Constitucional, que en diferentes instancias presentó ante la comunidad el borrador de la nueva Carta Magna. Entre esas, el pasado jueves tuvo lugar en la Biblioteca Regional de la comuna, la sesión de la Comisión de Normas Transitorias, contó con la participación del Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson.

En este marco, el convencional de Renovación Nacional, Roberto Vega, compartió su opinión tras su participación en la sesión. "La comisión va a poder establecer un régimen de transición y dar estabilidad en distintas materias, sobre todo en lo que son explotación de bienes". Sin embargo, el constituyente por el Distrito 5 criticó la propuesta de Constitución, pues sostuvo que para la redacción de la misma, "hubo una falta de diálogo".

Por otra parte, Vega también abordó la propuesta que crea la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado, y la resistencia de estos últimos a que su periodo de en el cargo termine anticipadamente: "Acá vemos un gran lobby por parte del Senado, de mantener 8 años más dicha institución, sabiendo que la voluntad soberana puede ser suprimirla".

¿Podría dar un balance del trabajo en la Comisión de Normas Transitorias durante la jornada del pasado jueves?

-Partimos las primeras exposiciones, con el informe que entregó el Gobierno por medio de la Segpres, la cual señaló dos puntos muy gravitantes. Primero, que de aprobarse el texto constitucional, se va a producir inmediatamente un decrecimiento de la economía que va a impactar en el empleo, la inversión extranjera y sobre todo en la forma de poder garantizar y darle realidad a los derechos sociales que se han comprometido con la nueva Carta Magna. Eso no lo digo yo, lo dice la propia Segpres y se lo pregunté al ministro Giorgio Jackson.

Después se dio una discusión bastante peculiar entre el convencional Marco Barraza y mi persona, porque no hay ninguna norma que asegure que al nacionalizar la minería y el cobre, exista un grado de estabilidad para los trabajadores. Quienes hoy trabajan en calidad de contratistas o subcontratistas, van a tener que asumir alguna de las formas de contratación jurídica que tiene el Estado. Esto no está abordado por la actual propuesta de constitución, ni tampoco por ninguna norma transitoria, lo que constituye desde ya una irresponsabilidad por parte nuestra.

¿Qué opina del informe del Gobierno sobre la progresión entre ambas Constituciones? Sobre todo en los cambios más profundos, como la Cámara de las Regiones que reemplaza al Senado.

-Esto es un tema que también lo planteamos. El mismo Gobierno entregó dos propuestas. Una es mantener el ciclo político actual con elecciones en el año 2025 y la segunda es extender el mandato de senadores, hasta la siguiente elección de la Cámara de las Regiones, el año 2028. La Cámara de la Regiones es un órgano institucional distinto al Senado, por lo tanto si existe algún contrapeso o alguna intención de que los senadores mantengan su puesto de trabajo, lo que tienen que hacer es optar por la opción que sea más acorde a sus intereses y los de todos los chilenos. Acá vemos un gran lobby por parte del Senado, de mantener 8 años más dicha institución, sabiendo que la voluntad soberana puede ser suprimirla.

Según su consideración, ¿Qué le faltó a esta propuesta de Constitución?

-Faltó el diálogo entre los sectores más extremos de la izquierda, con los sectores moderados. Un sector que puede tener una mayoría circunstancial, no puede pasar por sobre otra. Hay normas que se aprobaron por más de 120 votos y quienes inclinaron la balanza hacia un lado mucho más revolucionario y refundacional, fueron los sectores ecologistas extremos e indigenistas. Un país como el nuestro no puede darse el lujo de tener riqueza en recursos naturales y una pobreza en cuanto a sus habitantes. Tenemos que hacer una transición justa entre el equilibrio del desarrollo económico y el respeto a los derechos y la naturaleza. No le hemos negado la forma en que las generaciones futuras tienen que gozar de la naturaleza, pero si tenemos que asegurarle a todos los chilenos, sin distinción alguna, si son indígenas o no indígenas, que podamos ser una país desarrollado para el bienestar de todos en general, de nuestros hijos y nietos.

Amaya Álvez (FA) menciona que tiene dificultades al hablar de borrador respecto al texto de nueva Constitución, que fue presentado al país el lunes de esta semana en las Ruinas de Huanchaca, en Antofagasta. "Es porque es el primer compilado de normas, de 499 normas, pero que la comisión de Armonización tiene el mandato de darle estructura, de darle una forma, de darle una sistematicidad, y estamos en eso", explica.

Precisamente Álvez, representante del Distrito 20, es parte de la comisión de Armonización, que durante esta semana sesionó en Calama, en el camping de la Comdes.

Son 499 artículos de este complicado, y se cuestiona que es un texto maximalista, ¿espera que se reduzca el número de normas en Armonización?

- Es bien debatible esa aseveración, en el sentido de que no existe un número que uno pueda decir 'desde esta cifra es una Constitución demasiado extensa, o breve'. Normalmente no se mide en los artículos, lo que a veces ocurre en el derecho comparado es que se miden las palabras. Ahí la Constitución más grande del mundo es la de India, que tiene 146 mil palabras, y la más breve es la de Mónaco, que tiene 4 mil. Es un rango bastante amplio entre ambos. La nuestra quedó en 49 mil. Si uno piensa eso con la Constitución de la India, es un texto bastante breve, sintético.

¿Espera que el Apruebo suba su apoyo en las encuestas, una vez finalice este proceso de Armonización?

-Creo que sí, porque también espero, y confío que sea así, que la ciudadanía asuma un deber de información. Lo que ocurre es que esto es bastante novedoso en nuestra historia republicana. Las constituciones previas, la de 1980 y la de 1925, sus respectivos plebiscitos fueron actos eleccionarios con muy poca antelación. En el caso de 1925, casi sobre la marcha se llamó, después de aprobar el texto, a este plebiscito, que por lo demás las fuerzas políticas de la época llamaron a no participar. Era un grupo eleccionario muy pequeñito. La de 1980 el plebiscito fue efectuado en un régimen autoritario, y la verdad es que prácticamente no hubo difusión del texto. El texto se publica en el Diario Oficial en agosto, y el 11 de septiembre fue el plebiscito.

Lo que quiero señalar con esto, es que en nuestra historia republicana, los plebiscitos aprobatorios de constituciones han sido espacios breves, donde prácticamente no ha habido difusión real del texto a plebiscitar.

Esta es una instancia diversa, y como toda instancia diversa tiene ciertas incertezas, en el sentido de que es primera vez que hay un proceso ciudadano, en que el texto se va construyendo en un año completo. Ahora hay un desafío, que nuestro cuerpo electoral, que es un grupo extenso de personas -más encima en un plebiscito obligatorio-, se informe, lea el texto, que reflexione que ese texto le impacta su vida, que es parte del debate. Va a ser un proceso interesante, de compromiso ciudadano.

Siendo que usted estuvo en la comisión de Formas de Estado, ¿qué repercusiones tendrá el país ahora siendo un Estado Regional?

-Para las regiones debiera ser un cambio sustantivo, en el sentido de pasar de un Estado altamente centralista, en que la inmensa mayoría de las decisiones se toman en Santiago, y simplemente son aplicadas en regiones, a un Estado Regional, en que la forma jurídica obliga que el Estado, como una persona jurídica de derecho público tenga un patrimonio propio, tenga competencias, y entonces deba tomar decisiones por sí misma. Yo creo que se va a producir algo interesante, porque vamos a ver cómo los distintos territorios van a poder trabajar tomando decisiones que están mucho más cercana a la ciudadanía.

¿Estas normas podrían dividir al país, como han advertido?

-Depende de lo que signifique una división. Por supuesto que va a significar que cada región va a tener que abordar con autonomía, y eso va a significar por ejemplo que van a haber normas de tipo reglamentaria distintas entre una región y otra. Pero no lo veo eso como un problema, que esa diversidad de normas sea algo malo. Tendemos siempre como a monologar. Al revés, yo diría que el hecho de que las normas jurídicas de hoy en día en Chile sean igual para todos produce mucha inequidad y asimetrías territoriales. Porque evidentemente una norma que se crea en Santiago, en la oficina de un burócrata, que no conoce el territorio, muchas veces no tiene aplicación en las regiones. Yo creo de hecho que la forma jurídica de Estado Regional es una fórmula que busca equidad entre los territorios, y que debiera prepararnos mejor para abordar el futuro.