El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió ayer que está preparando una "respuesta" para defender el aborto en el país ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo anule la normativa que protege este derecho.

"Si esta decisión sigue adelante, será algo muy radical", criticó el mandatario, luego de que se filtrara el lunes un borrador del alto tribunal que terminaría con la protección del derecho al aborto en EE.UU., vigente desde 1973.

Agregó que esto significará "un giro fundamental en la jurisprudencia estadounidense" y consideró que el Estado no debe entrometerse en ámbitos de la vida privada de las personas, como el aborto o el matrimonio igualitario.

"No estoy dispuesto a dejar eso en manos de los caprichos del público", sentenció.

Derecho fundamental

Previamente, en un comunicado, el mandatario norteamericano reivindicó que el aborto es un derecho "fundamental" y prometió que el Gobierno estará "listo cuando se emita cualquier fallo" al respecto.

Biden detalló que, ante los intentos de varios estados republicanos de restringir el aborto, ordenó a los abogados de la Casa Blanca que preparen "opciones para una respuesta de la Administración al ataque continuo contra el aborto y los derechos reproductivos".

"El derecho de una mujer a elegir es fundamental, 'Roe' ha sido la ley del país durante casi 50 años, y la equidad exige que no sea anulada", añadió.

A su vez, hizo un llamado a los estadounidenses para que voten a legisladores que estén a favor del aborto en las elecciones intermedias de noviembre.

"Si el Supremo anula 'Roe', recaerá sobre los legisladores electos en todos los niveles la responsabilidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir", afirmó Biden.

El presidente aseguró que el país necesita "más senadores a favor del derecho a decidir" y una "mayoría" en la Cámara de Representantes para aprobar una legislación que proteja el derecho a la interrupción del embarazo.

Filtración

El portal Político publicó el lunes un borrador con el dictamen mayoritario de la Suprema, firmado por el magistrado Samuel Alito, que revocaría la protección del derecho al aborto en el país.

Junto a Alito habrían acordado terminar con dicha protección los jueces Clarence Thomas y los tres propuestos para el máximo tribunal por el expresidente Donald Trump: Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

La máxima instancia judicial del país cuenta con seis jueces conservadores y tres liberales. No obstante, al tratarse de un borrador, la decisión aún podría cambiar y no se espera un veredicto oficial hasta junio.

La filtración de esta decisión, confirmada por la misma Corte Suprema que ordenó una investigación al respecto, sobre un tema tan controvertido y aún en discusión es un hecho sin precedentes en la historia reciente de EE.UU., generó ayer que decenas de manifestantes a favor y en contra del aborto se congregaran frente al Tribunal Supremo, con mayoría proaborto, mientras que en Nueva York más de un millar de personas protestó en defensa del aborto.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se mostró ayer "horrorizada por el supuesto borrador con la opinión del Tribunal Supremo (...) Por el bien de las mujeres de todo el país, esta no debería ser la opinión final del Tribunal sobre el derecho al aborto".

El gobernador de California, Gavin Newsom, prometió ayer blindar el derecho al aborto en la Constitución del estado, anticipándose al posible fallo de la Suprema que podría abolirlo. La ONG "Planned Parenthood" indicó que la posible revocación en junio podría derivar en que hasta 21 estados de mayoría conservadora lo prohibieran completamente, entre ellos Texas, Arizona, Misuri, Georgia, Ohio, Indiana y Wisconsin. Eso sí, una hipotética revocación no prohibiría el aborto en todo el país, sino que levantaría la protección a este derecho y los estados más conservadores tendrían rienda suelta para prohibirlo, aunque se prevé que otros estados, como Nueva York y Nueva Jersey, tal como lo quiere hacer California, lo seguirán permitiendo.

La presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que ejerce Argentina en 2022 a través de su mandatario Alberto Fernández, pidió ayer evitar "exclusiones" en la Cumbre de las Américas, después de que Estados Unidos, organizador de la cita que se celebrará en junio en Los Ángeles -y donde participará Chile- descartara el lunes invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Como Presidencia Pro Tempore de la CELAC, exhortamos a los organizadores de la Cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. Unidos somos más fuertes", señaló Celac en su cuenta oficial de Twitter.

Para Argentina, la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio, representa "una gran oportunidad para construir un espacio de encuentro en el que participen todos los países del hemisferio de modo abierto e inclusivo, bajo el objetivo unificador de concertar acciones conjuntas", manifestó.

Añadió que "las graves consecuencias que la pandemia ha dejado en la región demuestran que el diálogo y la cooperación son herramientas claves para el bienestar de nuestros pueblos. Es indispensable que superemos las divisiones ideológicas y nos enfoquemos en la búsqueda de coincidencias".

No respetan

El Gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que descarta invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas porque considera que "no respetan" la democracia.

Ya la semana pasada el país norteamericano había adelantado que veía "improbable" invitar a esos Estados, que sí habían asistido a la Cumbre de las Américas celebrada en Ciudad de Panamá en 2015.

"Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", dijo el lunes el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols.

Por su parte, ese mismo día, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, exigió la participación de su país en el encuentro, y denunció que Estados Unidos pretende organizar una cumbre de "Estados selectivos".

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aseguró ayer que el uso de programas espía como Pegasus o Candiru "es una afrenta a la privacidad y una obstrucción a la libertad de expresión", que amenaza el trabajo de periodistas y otros profesionales.

En un discurso grabado en video con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la expresidenta chilena afirmó que la creciente utilización de este tipo de programas de vigilancia "ha provocado detenciones, intimidaciones e incluso asesinatos de periodistas", poniendo además en peligro a sus fuentes y a sus familias.

"El software Pegasus se está utilizando en al menos 45 países, a menudo con un total secretismo y fuera de cualquier marco legal", indicó en su discurso la comisionada, emitido durante un acto en Ginebra con la presencia de los dos recientes ganadores del Nobel de la Paz, los periodistas Maria Ressa (Filipinas) y Dmitri Muratov (Rusia).

Autocensura

Bachelet denunció que muchos periodistas han tenido que recurrir a la autocensura a causa de la creciente utilización de este tipo de herramientas de vigilancia, para las que con anterioridad la alta comisionada pidió una moratoria en torno a su uso, exportación, venta y transferencia.

"Urjo a todos los Estados que adquieren este tipo de tecnologías de vigilancia a que lo hagan cumpliendo los estándares de derechos humanos, y que se pregunten si son herramientas legales, necesarias y proporcionales frente a sus riesgos", reiteró.

La alta comisionada también pidió mecanismos para regular estas tecnologías, ante la práctica falta de limitaciones en el actual mercado, con los que se garantice que las compañías que las desarrollan puedan rendir cuentas y se les exija así mayor transparencia.