Tras dos semanas de debate en la Comisión de Derechos Fundamentales y luego de su paso por el Pleno de la Convención Constitucional la noche del lunes 18 de abril, lanorma liderada por Adriana Cancino, dio vida al Artículo N°6 que ocupa un lugar en la nueva carta fundamental, situando a Chile a la vanguardia mundial en materia de protección para las personas con discapacidad y sus familias.

Con los incisos aprobados, se reconoce a esta comunidad como sujetos de derecho y garantiza el goce y ejercicio de su capacidad jurídica. De este modo, las personas con discapacidad tendrán derecho a la accesibilidad universal y a la inclusión social en materias laborales, participación política, económica, social y cultural.

Asimismo, la ley arbitrará los medios necesarios para identificar y remover las barreras físicas, sociales, culturales, actitudinales, de comunicación y de otra índole para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos.

Para Adriana Cancino, la mujer rural que ha plasmado su sello en la constitución chilena, este hito representa un momento histórico para su comunidad, ya que, por primera vez en Chile, sus derechos son considerados en la Constitución, "gracias a un arduo trabajo con personas con discapacidad y sus familias, cuidadoras(es), organizaciones de la sociedad civil a lo largo de todo el país y convencionales de diversos sectores, logramos un articulado robusto que les protege y se hace cargo de los grandes problemas que enfrentamos a diario".

Vale destacar que esta norma contó con el apoyo de un equipo de especialistas y profesionales expertos en materia constitucional, derechos humanos y discapacidad, todos(as) asesores ad honorem, entre ellos, la cofundadora y directora de Incidencia de Fundación Ronda, María José Escudero, el doctor en derecho, Pablo Marshall y el abogado Eduardo Marchant.

Para el equipo de Adriana Cancino ha sido un orgullo apoyarla en esta misión de llevar la discapacidad a la constitución. Pablo Marshall enfatiza que "esta norma ofrece una protección sólida para las personas con discapacidad y se hace cargo de una serie de problemas que deben enfrentar en su vida cotidiana y que atentan contra sus derechos fundamentales. Hoy estamos saldando una tremenda deuda que tenemos como país con esta comunidad que nunca, hasta ahora, había sido considerada en la Constitución.

Hemos trabajado junto al abogado Eduardo Marchant, durante todo el proceso de elaboración de esta iniciativa poniendo a disposición nuestra experiencia en derechos constitucionales que no pueden estar fuera de la carta fundamental de una sociedad moderna e inclusiva".

Medioambiente

El rechazo en general del pleno del segundo informe de la Comisión de Medioambiente por parte de la Convención Constitucional generó una serie de airadas reacciones y acusaciones personales entre convencionales.

Fue sin duda uno de los momentos más controvertidos en el devenir de la discusión del nuevo texto constitucional. Y si bien el proceso ha registrado una serie de polémicas lo visto en la sesión del jueves mostró -de la peor de las formas- la frágil convivencia, y sobre todo, de tolerancia frente a la oposición de ideas.

Cabe indicar además, que casi transversalmente, convencionales y expertos del área señalaron en reiteradas oportunidades las deficiencias del trabajo de la Comisión de Medioambiente y los resultados de su trabajo de los participantes de esta instancia.

Uno de las críticas más reiteradas dice relación con el alcance de sus propuestas que incidirían en asuntos como forma de Estado, organización económica, e incluso sistemas de justicia.

En particular, las normas propuestas, particularmente las relacionadas con gobernanza del agua, concesiones de minerales y territorios indígenas, afectan directamente a las regiones de la macro zona norte donde la minería y energía, constituyen actividades productivas relevantes y de gran impacto económico.

Como en otras controversias, la dinámica de la Convención, sin embargo, ha logrado encauzar el debate. Con el rechazo en general del informe, la comisión contará con dos instancias más que otorgan más tiempo a los convencionales para discutir y acordar un nuevo informe.

No parece fácil la tarea después de lo observado el jueves recomponer la convivencia al interior de la comisión. No obstante, y más allá de las diferencias personales, es de esperar que el sentido de realidad prime y que las voces de expertos del área sea oída. Que exista una real voluntad de encontrar puntos de acuerdo y no de transformar una instancia para acusar a quienes, legítimamente, piensan distinto.

Nadie duda que el nuevo texto constitucional requiere una mirada de futuro acerca del cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Consensuar una mirada y orientación común para los próximos años aparece como un deber, de cara al cambio climático que vivimos.

El debate en la convención constitucional, así como los acuerdos tomados respecto a un conjunto de artículos que debiesen ser plasmados en la nueva Constitución, instala la idea de un Estado omnipresente, que tiene la respuesta o solución precisa a todos los problemas sociales.

Por cierto, el Estado debe cumplir un rol importante en materia de protección social con los grupos que así lo requieran, complementando los esfuerzos de una sociedad libre compuesta con personas con sentido de solidaridad, capaces de organizarse a través de acciones colectivas que permitan resarcir tales flagelos mediante estructuras organizativas, como también establecer regulaciones que permitan que la denominada "competencia perfecta" se concrete como tal, evitando males de triste recordación como la colusión de precios y la existencia de malos y malas prácticas que enlodan la importancia de una sociedad libre. En ese sentido, el empresariado debe perseguir objetivos individuales pero también sociales, lo que redundará en su prestigio.

Es importante que el Estado esté al servicio de las personas y no al revés, lo que implica garantizar y promover las condiciones básicas para el desarrollo de emprendimientos y atraer la inversión, lo que permitirá generar empleos, distintos oferentes entre los cuales los consumidores y trabajadores puedan escoger libremente, garantizándose la movilidad laboral y de compra. Un Estado que monopoliza los medios de producción sólo estimula el déficit fiscal y conculca la capacidad de elección de los trabajadores.

Una sociedad libre es aquella que cree en la capacidad creativa de las personas al momento de emprender; en el aumento del número de propietarios; que cree firmemente en el esfuerzo personal de los ciudadanos para el logro del progreso social; que cree en la solidaridad social a partir de la articulación de los cuerpos intermedios para atender las necesidades de la población que se ve excluida de las beneficios económicos - sociales.

Por cierto se deben establecer reglas claras para el funcionamiento del sistema económico y social en nuestro país, sin que ello afecte la existencia de una sociedad libre, evitando pensar que la panacea inmediata es "más Estado", lo que deviene en políticas populistas exacerbadas que olvidan que el financiamiento de las mismas es fundamental para su existencia y ejecución.

Finalmente, y además de lo anteriormente expuesto, la existencia de una sociedad libre implica que las personas sean capaces de elegir libremente el sistema educacional para sus hijos; ser propietarias de sus ahorros previsionales; determinar la cantidad de bienes materiales que posean, ya que detrás existe un esfuerzo personal que ayuda su consecución. Por lo tanto, debemos premiar el esfuerzo personal y la capacidad de elección.

Son las personas el sustrato de una sociedad libre y el Estado debe garantizar las condiciones de desenvolvimiento que no comprometan la libertad individual, que premien el mérito, el esfuerzo personal y la capacidad de articulación de las personas para brindar auxilio a los ciudadanos que así lo requieran.

Alberto Torres Belma

Sociólogo y académico de la Universidad de Antofagasta