Nuestro país acogerá a partir de hoy a Latinoamérica en la primera cumbre de países del Acuerdo de Escazú, el único tratado ambiental de la región, pionero en el mundo en la protección de los activistas medioambientales.

Decenas de autoridades y representantes oficiales de los países que suscribieron el pacto -y de otros que están en proceso de hacerlo- se van a reunir a partir de hoy en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago y hasta el próximo viernes, con el cometido de revisar el estado de implementación del acuerdo. Eso s Colombia será la gran ausente a la cita medioambiental.

Será el presidente Gabriel Boric quien encabezará la inauguración de esta primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú, que se aprobó en 2018 tras seis años de negociación.

La primera cumbre también contará con las intervenciones de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr (vía virtual); la secretaria de Cambio Climático de Argentina, Cecilia Nicolini, y el secretario ejecutivo interino de la Cepal, Mario Cimoli, entre otras autoridades.

En la reunión, los países participantes abordarán las disposiciones financieras para el funcionamiento del tratado y las estrategias para una efectiva implementación.

El viernes se efectuará un evento de alto nivel sobre la celebración del primer aniversario de la entrada en vigor del acuerdo y del Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemoran en ese mismo día.

Pese a que originalmente fue firmado por 24 países, solo 12 han ratificado el pacto, cuyo nombre original es "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".

Además de proteger a los ecologistas, la alianza busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, garantizar los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.

Lo han suscrito Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay, mientras otros 11 estados tienen pendiente su ratificación, incluyendo Perú, Colombia y Chile, cuya adhesión fue anunciada en marzo, pero está pendiente de revisarse en el Congreso.

El presidente Gabriel Boric entregó su respaldo al equipo chileno que defendió la presentación contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por el uso de las aguas del río Silala.

El mandatario recibió en La Moneda a la canciller Antonia Urrejola y a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien además ejerció como agente chilena ante dicho tribunal internacional.

Tras la cita, Boric dijo estar "profundamente agradecido" por el trabajo del equipo, destacando "su profesionalismo" y "su entrega".

"La postura que como Estado chileno presentamos ante La Haya es fundamentada y seria, y se ha visto fielmente representado en los alegatos de las últimas semanas", agregó.

La semana pasada se cerró la fase de alegatos orales, tras lo cual la corte iniciará el proceso de deliberación, que podría tomar meses e incluso hasta un año.

Gabriel Boric se manifestó confiado en el resultado del proceso, señalando que "hemos presentado un caso robusto y ahora está en manos de la corte entregar una solución en los próximos meses".

Respecto del futuro de las relaciones, Boric dijo esperar que el cierre del proceso permita a ambos países iniciar una nueva etapa. "Tengo la expectativa de que Chile y Bolivia puedan cerrar este capítulo de una disputa de más de 20 años y venga un nuevo paso en las relaciones bilaterales", expresó y dijo que Chile busca "avanzar en las cosas que nos unen".

En tanto, el gobierno boliviano hizo su propio balance y apostó por un fallo "equilibrado" por parte de la corte de La Haya. "Esperamos que este fallo que emita la Corte sea equilibrado, que atienda a los criterios que Bolivia ha expresado, a los documentos que ha presentado, y esperamos que en ese marco se preserven los derechos de nuestro país y de nuestro pueblo", dijo el canciller Rogelio Mayta.

A su juicio, "Chile ha reconocido" el derecho de Bolivia "a desmantelar los canales" construidos hace más de un siglo en territorio boliviano y que, según la argumentación de ese país, han permitido aumentar el caudal que fluye hacia nuestro país.

Redacción

El Ejecutivo inició este martes la etapa de consultas ciudadanas para la elaboración de la reforma tributaria, proyecto emblemático de la actual administración y uno de los pilares del programa de gobierno.

"No es simplemente una reforma legal, sino que es parte de un pacto fiscal en el cual seamos capaces, entre distintos actores de la sociedad, de ponernos de acuerdo respecto de cuáles son las características básicas del sistema tributario", dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

"Hasta ahora se ha hablado bastante sobre cómo obtener recursos, más recaudación, pero sobre la estructura, la lógica y los principios el diálogo ha sido insuficiente", añadió el secretario de Estado.

El proceso de participación está abierto a los gremios de las pequeñas, medianas y grandes empresas, algunos de los cuales estuvieron en la actividad de lanzamiento de los diálogos.

El presidente de la Sofofa, Richard Von Appen, manifestó el interés de su sector de que, además de aumentar la recaudación fiscal, se consideren medidas para incentivar el crecimiento. "No es excluyente que junto con una reforma pueda haber medidas para fortalecer el crecimiento. Eso depende de nosotros y de los diálogos que pueda haber y nosotros vamos a entregar también sugerencias y medidas que pueda tomar el gobierno para fortalecer especialmente la inversión", afirmó.

El desafío del gobierno es diseñar una reforma que permita recaudar lo necesario para financiar su agenda social y al mismo tiempo apuntalar el crecimiento, en un contexto de desaceleración económica.

Ayer se conocieron nuevas proyecciones que apuntan a una ralentización de la actividad después del impulso que tuvo en 2021 producto de la reapertura de las actividades afectadas por la pandemia, las ayudas fiscales y los retiros previsionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que este año la economía nacional crecerá 1,5%, corrigiendo a la baja el 1,9% estimado en enero y el 2,5% pronosticado en octubre. Así, las previsiones del FMI se alejan cada vez más de la expansión de 11,7% que logró la economía el año pasado.

Y la tendencia se mantendrá durante 2023, ya que para entonces el organismo internacional prevé un crecimiento de apenas 0,5%.

Las proyecciones del FMI coinciden con las realizadas por el Banco Central. En su Informe de Política Monetaria de marzo, el emisor también rebajó sus estimaciones de crecimiento para 2022, estimando que el PIB se expandirá entre 1 y 2%.