El día después del rechazo de los dos proyectos de retiro de las AFP estuvo marcada por las recriminaciones cruzadas entre las dos almas del oficialismo. Sobre si fue improvisado o no el proyecto de retiro acotado presentado por el Ejecutivo, y también en el balance de daños respecto a quién ganó y quién perdió luego de las votaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La otra incógnita que dejó la álgida jornada de deliberaciones en el Congreso fue qué ocurrirá con la política que ha permitido sacar dinero de los fondos previsionales en tres ocasiones. Y es que si bien existen cuatro normas ingresadas para un sexto proyecto de retiro -presentadas previo al rechazo de la norma discutida el lunes-, diversas voces han manifestado que una nueva iniciativa de este tipo no sería admisible.

"Corresponde ser responsable y no seguir generando expectativas a la población de un tema inviable", señaló ayer el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), en Radio Duna.

Soluciones

Más allá de los coletazos políticos que provocó el rechazo doble de la Cámara, diversos académicos consultados sostienen que es importante avanzar en fortalecer las políticas públicas para ir en ayuda de la población, en medio de una inflación que ha elevado los precios y mermado el poder adquisitivo de las personas.

"El retiro se iba a producir para incrementar el nivel de renta de las familias. Eso era lo que se esperaba. O tal vez aliviar el nivel de endeudamiento, porque se estaba considerando en la propuesta del gobierno", comenta Manuel Pérez, director del Instituto de Economía Aplicada Regional de la U. Católica del Norte.

Por esto, señala, "creo que no hay mejor política que tratar de reactivar e incentivar la contratación en el mercado de trabajo. Ahí es donde apuntas con el IFE. Eso es tal vez la mejor medida que se debe reforzar, porque todavía el mercado del trabajo no se ha recuperado del todo. Aún hay grupos que siguen sufriendo, como las mujeres o los jóvenes. Hay que mantener ese estímulo".

En esto coincide Nicolás Starck, académico de la Facultad de Ingeniería de la U. Finis Terrae: "Es pertinente que el gobierno siga buscando mecanismos de ayuda a quienes aún sufren los problemas de la pandemia y que disminuyeron o perdieron sus fuentes de empleo. En esa línea, estimo necesario seguir perfeccionando el IFE laboral a los trabajadores dependientes que se vuelven a emplear, ya que incentiva la formalidad y permite disponer de mejor información para enfrentar con mayor precisión situaciones similares".

A este punto, Starck agrega que "una buena medida para incrementar los recursos es regularizar y formalizar el empleo. Está el desafío de perfeccionar registros y ayudas a las personas que trabajan más en el mundo independiente y que suelen estar menos ubicables y que se encuentran en registros administrativos menos actualizados, como los taxistas, pescadores artesanales, comerciantes ambulantes, pequeños agricultores, entre otros. Hay que incentivar que ellos formalicen su registro, y que reciban apoyos claros y económicamente significativos para ellos".

Reforma

Los académicos urgen también en buscar una reforma previsional y darle urgencia para que pueda ser revisada en el Congreso. Asimismo, se debe diseñar un sistema de seguridad social para aumentar las pensiones.

"Lo primero es que se requiere una reforma previsional, pero que no incorpore aquellos intentos de reformas que se han hecho en el pasado y que han fracasado, porque precisamente no dan soluciones a la problemática de pensiones dignas", menciona Marcela Vera, economista y académica de la Usach.

Añade que, además, es fundamental que se aborde la posibilidad de regular los retiros previsionales, normando las razones para sacar fondos desde las AFP. Ejemplifica que una de las situaciones podría ser emergencias sanitarias, compra de una vivienda, o levantar algún emprendimiento. Sin embargo, recalca que esto debe ser "acotado, que no se permita infinita cantidad de veces, porque tampoco existen los recursos, ni siquiera en las cuentas de capitalización individual, para que eso ocurra".

Finalmente, Gabriel Carmona, director del Departamento de Ciencias Sociales de la U. de Antofagasta, sostiene que "lo que debe hacer el Estado es sentarse a plantear una política de seguridad social, que actualmente no tiene tal como se plantea a niveles internacionales. Hay que diseñar una política que permita establecer cómo la persona va a tener derecho a recibir una pensión digna una vez que cumpla la etapa de jubilación".

Detalla que la forma que se podría plantear para aumentar las jubilaciones podría ser a través "de un sistema mixto, puede ser por un sistema solidario, o simplemente perfeccionar el actual sistema de capitalización individual. Son discusiones que no están resueltas, y que se pueden hablar a raíz de lo que se discute en la Convención".

Menos de un mes alcanzó a estar en el cargo de seremi de Minería la independiente Ruth Rodríguez, quien tuvo que dejar el puesto por motivos de salud, indicaron de la Delegación Presidencial Regional.

Por esto, ayer presentaron a la nueva encargada de esta secretaría regional. Se trata de Macarena Barramuño González, trabajadora social de profesión y master of development studies specialisation of gender, de la Universidad de Melbourne, quien ha desarrollado su carrera mayoritariamente en la gestión comunitaria diseñando, coordinando, y dirigiendo iniciativas con la finalidad de transformar y mejorar comunidades.

La delegada presidencial Karen Behrens recibió a Barramuño en las dependencias de la DPR para conversar sobre proyecciones y necesidades regionales en relación con el cargo que comenzará a ejercer desde hoy, deseándole éxito en su gestión.

Ambas coincidieron en la relevancia de esta cartera para la Región de Antofagasta, dadas sus características de zona minera, en el marco de un programa de gobierno transformador que pone al centro de sus políticas un nuevo modelo de desarrollo construido desde las comunidades locales.

A raíz de las notorias alzas en los precios de algunos productos básicos como en el caso del kilo de pan, aceite, el pollo, el diputado, Jaime Araya (independiente, bancada del PPD), anunció que oficiará de forma urgente al Sernac para que verifique, vigile y fiscalice el cumplimiento de la Ley.

Cabe mencionar que una de alzas más comentadas en el último día son el precio del pan, el cual en la región ya superó la barrera de los $2 mil.

El diputado indicó que también oficiará a la Fiscalía Nacional Económica, por el incremento del precio del aceite, el cual pasó de $1.700 -promedio- a más de $3 mil e incluso $4 mil por litro en diversos comercios de la región. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA, el aceite vegetal tuvo un alza de casi 70% y, en los últimos 24 meses, el precio alcanzó un incremento de un 100%.