Uno de los cambios más radicales aprobados hasta ahora por la Convención Constitucional es el que crea una Cámara de las Regiones como complemento del Congreso de Diputadas y Diputados, con lo que en la práctica se eliminará o reemplazará el Senado. La propuesta visada el miércoles causó la inmediata reacción transversal en contra de sus actuales integrantes.

Si bien se crea una segunda instancia en el Parlamento, esta solo se podrá pronunciar respecto de temas que afecten directamente a las regiones, lo que por muchos es visto como la instalación de facto del unicameralismo en el que las leyes dependerán en gran medida de lo que determine el Congreso de Diputados.

El senador Francisco Huenchumilla (DC) planteó que "yo no creo en los cambios en que me llevo la pelota para la casa y en la opinión pública existe una sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Podemos tener el escenario de que a esta Constitución le vaya mal. Sería un tremendo problema político para el país, porque sería pegarle a la línea de flotación del Gobierno que está partiendo y que predicó y llegó al poder diciendo que Chile tenía que cambiar".

"Nunca escuché ninguna razón, ningún fundamento, que a mí se me dijera por qué había que eliminar el Senado más allá de los subjetivismos personales de que a alguna gente le caía mal o pensaban que era un grupo de élite", añadió el legislador.

Las críticas se extendieron por gran parte del arco político. El jefe del comité del Partido Socialista, José Miguel Insulza, dijo que "la pregunta es si va a haber o no una forma de gobierno. Me parece muy evidente que esta Convención no tiene una idea clara de formas de gobierno. Este es su segundo fracaso consecutivo y ya debería empezar a preocuparnos".

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, también PS, afirmó que "no se establece cuáles son las competencias que les corresponde a las distintas cámaras, hay normas respecto de su composición que tampoco fueron aprobadas. Si bien esta es una discusión preliminar, da una señal de alerta respecto a la forma en que se está llevando este proceso".

El jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, arremetió contra La Moneda: "Es claramente una acción totalitaria, con la complicidad y la hipocresía del Presidente Boric y su gobierno, porque son precisamente sus colectivos los que están cometiendo una serie de aberraciones que van a perjudicar al país para llegar a un Estado totalitario".

Gradualidad

Frente a estas críticas, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a la calma y pidió que se disponga una implementación gradual.

"Creemos que no es suficiente solo criticar, sino que sentarse a conversar y cómo, por ejemplo, pueden intercambiar posiciones respecto a los (artículos) transitorios para que esa implementación sea gradual porque el Senado, obviamente, tiene un rol que jugar en este tiempo", aseguró en Radio Cooperativa.

El convencional Fernando Atria (Frente Amplio) explicó que para implementar este cambio, "se está discutiendo cómo la Convención va a enfrentar la cuestión de los artículos transitorios. Los cambios orgánicos a las estructuras del Poder Legislativo son cambios que requieren desarrollo legislativo y, por lo tanto, necesitan un tiempo de preparación".

"En la opinión pública existe una sensación de que las cosas no se están haciendo bien".

Francisco Huenchumilla, Senador DC

"Es claramente una acción totalitaria, con la complicidad y la hipocresía del Presidente Boric".

Iván Moreira, Senador UDI

Luego de que la propuesta "acotada" del Gobierno para el retiro de fondos de pensiones, que busca detener una ley de giro universal de ahorros previsionales, avanzó rápidamente en el Congreso Nacional, ayer se mantuvieron las disputas entre diferentes estamentos y la discusión se centró en las posiciones divergentes del Ejecutivo y las AFP.

La idea del ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue disminuir las causales para el retiro de ahorros y centrarlas solo en deudores de pensiones alimenticias, hipotecarios o de salud, entre otras, lo que según el Gobierno no causaría la presión inflacionaria de un giro sin restricciones. Esto fue bien recibido por los diputados oficialistas que votaron a favor en la Comisión del Trabajo y permitirán que se vote en Sala el lunes, al igual que la moción original, aunque La Moneda podría introducir modicicaciones.

Al respecto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, puntualizó en Tele13 Radio que "estamos claras y claros en que este proyecto de ley lo que busca, su esencia, es poder apoyar a las familias ante el endeudamiento que estamos viviendo, y también no contribuir a la que la inflación siga creciendo. Quiero decir además que es un proyecto que se está conversando con las y los parlamentarios, escuchando sus opiniones, y eso va a ser al término del trámite legislativo".

Al referirse a las críticas que ha generado este proyecto en las AFP, que acusan una gran complejidad para llevarlo a cabo, la secretaria de Estado apuntó que "las AFP pocas veces han entendido los debates que se han estado dando en el país. Son un incumbente, con interés en su negocio y siguen lucrando a costa de las pensiones, y todos los temas operativos que puedan ocurrir hay que buscarles solución, porque la ley es obligatoria".

Respuesta del gremio

Desde la Asociación de AFP, Constanza Bollmann lamentó que "se esté desconociendo el trabajo invaluable de los más de 8.000 trabajadores y trabajadoras de las AFP, quienes han hecho todo lo que ha estado a su alcance para cumplir en tiempo y forma con la entrega de recursos a los afiliados que han solicitado el retiro de fondos desde julio de 2020".

"Hemos insistido en lo negativo que resultan dichos retiros, los cuales atentan directamente contra el futuro de las pensiones y se apartan de los principios básicos de la Seguridad Social. Sin embargo, cada vez que el Congreso los ha aprobado, nos hemos puesto a disposición de los afiliados para que la gestión de la entrega de los dineros sea impecable, cuestión reconocida por la ciudadanía en su conjunto", agregó la gerenta general.

Además, Bollman señaló que "con la misma responsabilidad y honestidad con la que hemos asumido los anteriores procesos, hoy es imperioso advertir que, tal como está presentado el proyecto, su implementación supone no sólo un esfuerzo totalmente ajeno al rol de las administradoras, sino también en extremo complejo por las dificultades que implica la necesaria coordinación con otras múltiples entidades".