La incógnita de la salida
Las encuestas que se acaban de dar a conocer suenan alarmantes: todas ellas convienen en una baja de apoyo al trabajo de la Convención, al extremo que por ahora parece mayor el número de quienes están dispuestos a rechazar el proyecto que allí se elabore, que el número de quienes se muestran dispuestos a aprobarlo.
Y si bien los resultados de las encuestas hay que tomarlos cum grano salis (con un grano de sal, que es lo que acostumbraban los antiguos cuando ingerían algo que sospechaban estaba envenenado) no cabe duda de que, como acaba de decir el presidente Boric, sus resultados son "un dato preocupante".
¿Por qué?
El Presidente Boric ha dicho una y otra vez que una política transformadora como la que su gobierno pretende exige cambios constitucionales. Aherrojada por la constitución, ha explicado, la política podrá atenuar los problemas de la desigualdad; pero no podrá resolver el problema que la constituye. Usted atenúa la desigualdad si hace transferencias o entrega subsidios (como ahora mismo está ocurriendo), usted resuelve el problema de la desigualdad cuando suprime las causas que la producen (como los problemas de la educación o la salud). Si el diagnóstico del Presidente es correcto, la suerte de su gobierno depende de que el cambio constitucional se apruebe.
En otras palabras, el gobierno del Presidente Boric y la Convención van de la mano: si uno tropieza, el otro tropieza también; si uno camina, el otro caminará con él.
¿Y de qué dependerá que la propuesta se apruebe?
Desde luego no es cierto que la mayor parte de la ciudadanía vaya a discernir, artículo por artículo, la propuesta que la Convención propondrá a la ciudadanía, y que luego de desmenuzarla decidirá si la aprueba o no. Esa imagen (la ciudadanía leyendo cuidadosamente la multitud de títulos, párrafos, artículos e incisos y evaluando cada uno de ellos en la sobremesa familiar o en el lugar de trabajo) es una imagen seductora; pero falsa.
Lo que ocurrirá será en realidad que las élites más ilustradas (de derecha y de izquierda) seleccionarán aquellas partes del texto constitucional que les resulten más atractivas para lograr el rechazo o la aprobación que, respectivamente, anhelan. La izquierda y los sectores afines subrayarán los derechos sociales y el diseño de un sistema político que permitirá el imperio de la mayoría en favor del apruebo; la derecha y los sectores emparentados con ella apelarán a las reglas de permisión del aborto, la debilidad del derecho de propiedad o las autonomías regionales e indígenas para abogar por el rechazo.
En suma, y como es inevitable que ocurra en una democracia de masas, no serán estas últimas sino las minorías dominantes de cada sector las que conducirán la decisión. Y para lograrlo será inevitable que apelen a las audiencias masivas, que llenen con sus mensajes y puntos de vista el espacio público y los medios.
En ese sentido tiene toda la razón la mesa directiva de la Convención constitucional cuando afirma que uno de los problemas que padece el debate es el déficit de comunicación. En lo que no tiene razón es cuando sugiere que ese problema le afecta sólo al trabajo de la Convención. La verdad es que el déficit de comunicación afecta a ambos sectores, tanto a los partidarios del cambio constitucional, como a aquellos que por múltiples razones se le oponen. Unos están enredados en idas y venidas, entre el pleno y las comisiones, cuyo resultado suele ser confuso y muy difícil de entender; los otros están enceguecidos por lo que juzgan son puras demasías de los convencionales.
Es urgente entonces, por el bien del proceso más que por sus resultados específicos, que las minorías ilustradas de cada sector se den pronto a la tarea -que es comunicacional, como sospecha la mesa directiva- de subrayar aquello que es digno de ser aprobado o que merece ser rechazado. Solo de esta manera, y fuere cual fuere el resultado de la salida, la ciudadanía se involucrará y se reconocerá en lo que salga de allí.
Fuere lo que fuere.