Redacción

Diversas reacciones generó la concreción ayer de la aplicación de beneficios carcelarios para José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay en 2013.

Los dos primos, condenados a 18 años de presidio por su participación en el incendio que terminó con el deceso del matrimonio de agricultores en Vilcún, abandonaron a primera hora de ayer el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria, luego de acceder al beneficio de salida dominical y salida trimestral.

Gendarmería de Chile, a través de su Consejo Técnico, informó el miércoles sobre la aplicación de las medidas de flexibilización a la condena, que obedece a la buena conducta que han tenido durante su periodo de reclusión.

CRÍTICAS

La decisión ha sido criticada por personeros de oposición y por familiares del fallecido matrimonio, dichos que ayer replicó -entre otros- el gobernador regional, Luciano Rivas, quien señaló en radio Biobío que "la impunidad en la región no puede seguir siendo el sentimiento que abunda, y creo que a esas personas, que además estuvieron prófugas de la justicia, hoy día que se le estén dando beneficios carcelarios me parece injusto".

Desde el entorno de las víctimas, Ewald Luchsinger calificó como "señal muy negativa para todo un sistema" la salida temporal de los autores José y Luis Tralcal. "Vemos que la impunidad se ha hecho presente nuevamente, de hecho se logran beneficios carcelarios cuando ellos estaban en huelga de hambre", aseguró el sobrino, reiterando la posición de la familia respecto a conocer los fundamentos del informe de Gendarmería.

En RN, Diego Schalper aseguró que pedirán antecedentes a Gendarmería y al Ministerio de Justicia por el beneficio dado en este caso, y pidió no seguir instalando "una especie de agenda proimpunidad".

En tanto, el diputado Miguel Mellado ironizó con una posible fuga. "En la primera salida dominical no los van a pillar. Yo le pido al Gobierno de Gabriel Boric que también que se ponga la mano en el corazón por la familia Luchsinger Mackay", dijo Mellado.

La abogada defensora de los primos Tralcal, Karina Riquelme, aseguró en radio Cooperativa que "si la decisión de ellos fuera fugarse, lo hubieran realizado. Ellos no lo han realizado porque lo que están haciendo es cumplir con su pena", concluyó.

Este martes 29 de marzo, con una gran expectación mediática, se iniciará en la ciudad francesa de Besanzón el juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda, único acusado del presunto asesinato de la joven japonesa Narumi Kurosaki, quien desapareció en diciembre de 2016 -cuando tenía 21 años- y cuyo cuerpo a la fecha no ha sido encontrado.

Zepeda, hoy de 31 años, permanece en prisión preventiva desde mediados de 2020 en esa localidad del este de Francia, luego de ser extraditado a petición de las autoridades galas desde Chile luego de un extenso juicio.

El chileno será el principal participante en las comparecencias, en las que además del acusado participarán una serie de testigos del caso, algunos de forma presencial y otros de manera remota, incluyendo testimonios desde Japón y Chile. Se estima que el juicio durará hasta el 12 de abril próximo.

Zepeda y Kurosaki mantuvieron una relación amorosa que terminó meses antes de la desaparición de la joven nipona, quien había llegado hasta la ciudad para estudiar francés en la Universidad de Franche-Comté, en cuyas residencias universitarias fue vista con vida por última vez.

El chileno, quien será defendido por la exabogada del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Jacqueline Laffont, ha insistido en su inocencia de los cargos que se le acusan, pese a que reconoció haber estado con la joven en su habitación universitaria la noche previa a su desaparición, señalando que al separarse ella había quedado en buenas condiciones de salud, tal como narró en una declaración voluntaria a la policía chilena, semanas después de que el caso se conociera.

La desaparición de la estudiante japonesa, sin embargo, se reportó el 13 de diciembre, casi una semana después de que había sido vista con vida en la casa de estudios.

La abogada de la familia de víctima aseguró a medios internacionales que "no tienen ninguna duda" de la autoría del crimen por parte de Zepeda, quien había conocido en Japón a la joven desaparecida, apoyándose en testimonios de testigos que aseguran haber oído ruidos de gritos y golpes en el cuarto de la joven, y en una serie de mensajes recibidos días después en sus redes sociales, que se atribuyen al chileno.

Dos nuevas víctimas fatales se sumaron durante el fin de semana al saldo de personas fallecidas intentando cruzar la frontera norte de Chile, en territorio de la comuna de Colchane, epicentro de la crisis migratoria que desde inicios del año pasado mantiene en alerta a las autoridades locales y nacionales.

Se trata de una mujer de 78 años y un bebé de apenas seis meses, quienes -en incidentes aislados uno de otro- murieron mientras trataban de ingresar al país por la frontera con Bolivia.

La mujer, de nacionalidad venezolana, falleció la noche del sábado mientras personal sanitario le atendía en la zona de Bofedales, en Colchane, luego de que sus familiares alertaran que se encontraba mal.

La segunda víctima es un bebé de seis meses, de nacionalidad boliviana, que falleció en otro paso no habilitado en el pueblo de Pisiga Choque, también en Colchane, tras cruzar con su familia el agreste sector altiplánico y experimentar una crisis de salud.

"La menor fue trasladada por su madre a la posta, lugar en el cual la facultativa de turno constató la defunción de la lactante, explicando que mantenía antecedentes médicos por hidrocefalia", explicaron autoridades militares.

"Sentimos mucho el deceso de estas dos personas migrantes. Estos casos sin duda nos estremecen, pero también debe llamar la atención de que no se puede continuar con el Complejo Fronterizo Integrado de Colchane cerrado", aseguró el alcalde de la localidad nortina, Javier García, quien expresó que el cierre del paso formal ha ocasionado la muerte de decenas de migrantes.

En lo que va de año han muerto al menos cinco personas, mientras que en 2021 hubo más de una veintena de muertes.

Desde el 17 de febrero rige la medida de excepción constitucional en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, que regirá hasta el 15 de abril, como una forma de reforzar la vigilancia fronteriza en el norte del país.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) alertó en diciembre pasado que cerca de 500 refugiados y migrantes venezolanos, incluidos niños, cruzan diariamente por pasos fronterizos irregulares entre Bolivia y Chile y llegan al país "tras varios días sin comer, con deshidratación, hipotermia y mal de altura".

En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos.