Instituciones públicas arriesgan sanciones por no cumplir con plazo para regular comercio ilegal
CIUDAD. Corte dio como fecha límite hasta el 23 de marzo. Los demandantes aseguran que no se han informado medidas aplicadas.
El 12 de enero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acogió el recurso de protección interpuesto por comerciantes establecidos, ordenando directamente a la municipalidad y a Carabineros, mejorar la coordinación con el resto de entidades, como Delegación Presidencial Regional, Gobernación Regional, Policía de Investigaciones, seremi de Salud, Defensa Nacional y Servicio de Impuestos Internos, con el fin de erradicar el comercio ilegal del centro de la ciudad.
Es importante mencionar que el fallo fijó el miércoles 23 de marzo como fecha límite, para que las recurridas se coordinaran y regularan la actividad en la zona, hecho, que desde la parte demandante, aseguran, no ocurrió.
Así, la abogada representante, Carla Morenillo, aclara que "respecto a esa sentencia, hasta la fecha, ninguna de las entidades ha informado a la Corte de Apelaciones ni ha existido alguna reunión que se haya informado (..) No hay absolutamente nada al respecto, por lo tanto, para esos efectos, se va a tener que solicitar el cumplimiento incidental de la sentencia, para que se apliquen los apercibimientos correspondientes".
"El cumplimiento incidental de la sentencia, es cuando hay una sentencia ordenada y decretada y no se cumple (...) Ahora voy a presentar un apercibimiento para solicitar a la corte que le pregunte a los otros (recurridos), cómo están dando cumplimiento a cabalidad de lo que ordenó la sentencia", explica la jurista.
Ese es el primer paso, pero en el caso de que las entidades no cumplan con lo ordenado, Morenillo afirma que "debo volver a solicitar un segundo apercibimiento, llamado "reiteración de apercibimiento", que incluye multas. Luego, si no cumplen -o pagan y no informan la coordinación-, pueden llegar hasta sanciones gravosas, como cesación de función de cargo".
Fiscalización
Uno de los comerciantes que interpuso el recurso de protección -quien prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias- expuso lo difícil que han sido estos años para el comercio en las calles céntricas.
Él llegó hace aproximadamente cuatro años a la zona, pero de inmediato, se enfrentó al estallido social que le forzó a cerrar e invertir en la seguridad de su local. Además, tras esto, los meses en cuarentena obligaron a los trabajadores a buscar alternativas para cubrir los gastos, en particular del arriendo, que bordea entre $2 a $5 millones.
Aun con el término de las restricciones sanitarias, su negocio no pudo repuntar, debido a la masiva instalación de puestos irregulares, lo que solo se redujo con los operativos realizados este año, aunque manifiesta que "los vendedores se fueron solos, nunca hubo intención de desalojarlos".
Sin embargo, reconoce que siguen volviendo los comerciantes ilegales, especialmente en Maipú, Ossa y Condell, lugares donde es "prácticamente intransitable". Además, cuenta el modus operandi de los ambulantes, que según el demandante, es dejar la mercadería en carros de supermercado, hasta que ven a los funcionarios policiales y lo abandonan, para volver cuando esté "despejado". Así -remarca- es todo el día, por lo que cree que "les falta más mano dura".
Respuestas
Desde el GORE, la administradora regional Patricia Lamas, manifestó que "aún cuando no son competencias propias de la institucionalidad, siempre ha existido la disposición, compromiso y voluntad de aportar a mejorar la seguridad de la población y el comercio establecido en el centro de Antofagasta, mediante el patrocinio a diversas iniciativas que nacen de las coordinaciones en conjunto con los actores locales".
"Así lo hemos manifestado en la mesa a la que asistimos convocados por el municipio, donde se inició un diálogo del que esperamos que puedan salir grandes iniciativas, las cuales apoyaremos siempre pensando en el bienestar de las personas de nuestra región", cerró.
Por su parte, el concejal Luis Aguilera aseguró que "el municipio no ha sabido abordar de manera eficiente el tema del comercio ilegal y la Corte de Apelaciones fue enfática en decir que fue su responsabilidad, por lo tanto, lo que a mí me preocupa, es que eventualmente, quienes generan este recurso de protección, puedan pedir algún tipo de multa que recaiga en el municipio y que se traduzca en detrimento del patrimonio municipal. Además, esto podría constituir un potencial abandono de deberes del alcalde".
Hasta el cierre de esta edición, las entidades a las que se les ordenó directamente coordinarse para regular el comercio ilegal -municipio y Carabineros-, no han emitido respuestas.