El 12 de enero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acogió el recurso de protección interpuesto por comerciantes establecidos, ordenando directamente a la municipalidad y a Carabineros, mejorar la coordinación con el resto de entidades, como Delegación Presidencial Regional, Gobernación Regional, Policía de Investigaciones, seremi de Salud, Defensa Nacional y Servicio de Impuestos Internos, con el fin de erradicar el comercio ilegal del centro de la ciudad.

Es importante mencionar que el fallo fijó el miércoles 23 de marzo como fecha límite, para que las recurridas se coordinaran y regularan la actividad en la zona, hecho, que desde la parte demandante, aseguran, no ocurrió.

Así, la abogada representante, Carla Morenillo, aclara que "respecto a esa sentencia, hasta la fecha, ninguna de las entidades ha informado a la Corte de Apelaciones ni ha existido alguna reunión que se haya informado (..) No hay absolutamente nada al respecto, por lo tanto, para esos efectos, se va a tener que solicitar el cumplimiento incidental de la sentencia, para que se apliquen los apercibimientos correspondientes".

"El cumplimiento incidental de la sentencia, es cuando hay una sentencia ordenada y decretada y no se cumple (...) Ahora voy a presentar un apercibimiento para solicitar a la corte que le pregunte a los otros (recurridos), cómo están dando cumplimiento a cabalidad de lo que ordenó la sentencia", explica la jurista.

Ese es el primer paso, pero en el caso de que las entidades no cumplan con lo ordenado, Morenillo afirma que "debo volver a solicitar un segundo apercibimiento, llamado "reiteración de apercibimiento", que incluye multas. Luego, si no cumplen -o pagan y no informan la coordinación-, pueden llegar hasta sanciones gravosas, como cesación de función de cargo".

Fiscalización

Uno de los comerciantes que interpuso el recurso de protección -quien prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias- expuso lo difícil que han sido estos años para el comercio en las calles céntricas.

Él llegó hace aproximadamente cuatro años a la zona, pero de inmediato, se enfrentó al estallido social que le forzó a cerrar e invertir en la seguridad de su local. Además, tras esto, los meses en cuarentena obligaron a los trabajadores a buscar alternativas para cubrir los gastos, en particular del arriendo, que bordea entre $2 a $5 millones.

Aun con el término de las restricciones sanitarias, su negocio no pudo repuntar, debido a la masiva instalación de puestos irregulares, lo que solo se redujo con los operativos realizados este año, aunque manifiesta que "los vendedores se fueron solos, nunca hubo intención de desalojarlos".

Sin embargo, reconoce que siguen volviendo los comerciantes ilegales, especialmente en Maipú, Ossa y Condell, lugares donde es "prácticamente intransitable". Además, cuenta el modus operandi de los ambulantes, que según el demandante, es dejar la mercadería en carros de supermercado, hasta que ven a los funcionarios policiales y lo abandonan, para volver cuando esté "despejado". Así -remarca- es todo el día, por lo que cree que "les falta más mano dura".

Respuestas

Desde el GORE, la administradora regional Patricia Lamas, manifestó que "aún cuando no son competencias propias de la institucionalidad, siempre ha existido la disposición, compromiso y voluntad de aportar a mejorar la seguridad de la población y el comercio establecido en el centro de Antofagasta, mediante el patrocinio a diversas iniciativas que nacen de las coordinaciones en conjunto con los actores locales".

"Así lo hemos manifestado en la mesa a la que asistimos convocados por el municipio, donde se inició un diálogo del que esperamos que puedan salir grandes iniciativas, las cuales apoyaremos siempre pensando en el bienestar de las personas de nuestra región", cerró.

Por su parte, el concejal Luis Aguilera aseguró que "el municipio no ha sabido abordar de manera eficiente el tema del comercio ilegal y la Corte de Apelaciones fue enfática en decir que fue su responsabilidad, por lo tanto, lo que a mí me preocupa, es que eventualmente, quienes generan este recurso de protección, puedan pedir algún tipo de multa que recaiga en el municipio y que se traduzca en detrimento del patrimonio municipal. Además, esto podría constituir un potencial abandono de deberes del alcalde".

Hasta el cierre de esta edición, las entidades a las que se les ordenó directamente coordinarse para regular el comercio ilegal -municipio y Carabineros-, no han emitido respuestas.

Pese a que la instalación de nuevas autoridades ministeriales aún no da luces, en algunos servicios sí se han producido cambios. Es el caso del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA), donde el cuestionado subdirector de las personas, y ex candidato a alcalde de Mejillones por Renovación Nacional, Rodrigo Sánchez, fue desvinculado esta semana.

El hecho fue confirmado por la propia dirección del SSA a través de un comunicado de prensa.

"En cuanto al término de la contrata de D. Rodrigo Sánchez, quien se desempeñaba como Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas, informamos que dejó de ejercer sus funciones en esta Dirección de Servicio de Salud por decisión de la autoridad correspondiente", señalaron.

De acuerdo a fuentes al interior del SSA, la situación del directivo se había agravado en las últimas semanas, luego que fuera suspendido de sus labores, tras una determinación adoptada en el marco de una investigación sumaria por acoso laboral en su contra y que afectaría a funcionarios del Hospital de Calama.

Sánchez, ingeniero en administración de empresas, fue vocero del SSA durante la administración anterior y estuvo involucrado en una serie de denuncias por contrataciones directas a empresas exprés en la primera etapa de la pandemia, así como también, a acusaciones de uso de recursos públicos de salud para su campaña electoral en Mejillones, lo que derivó en un juicio por tutela laboral en contra del organismo y una investigación por parte de la Contraloría Regional.

Reunión en delegación

Durante la tarde del jueves la delegada presidencial Karen Behrens sostuvo una reunión con la coordinadora regional de gremios de la salud Confenprus donde analizaron las demandas y urgencias gremiales.

En la oportunidad, los representantes entregaron una serie de antecedentes respecto a las irregularidades e investigaciones solicitadas a la CRR por compras por trato directo, sumarios no cerrados y denuncias por acoso laboral.

"La delegada nos indicó que conocía parte de las denuncias que han sido públicas y esperamos que con esta nueva administración se aceleren estas investigaciones y que por, sobre todo, los cargos de alta dirección sean concursados y seleccionados de acuerdo al proceso y su mérito y evitar designaciones que no estén a la altura del cargo. Creemos que la alta rotación de directivos ha sido una de la mayores dificultades para la gestión del servicio en los últimos años", señaló la dirigente.