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TOP absuelve a 2 de los imputados por quema de locomotora en manifestaciones del 18/0

FALLO. En fallo unánime el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta absolvió a dos estudiantes por los delitos de incendio, daños simples, control de armas y desórdenes públicos. Un tercero imputado fue recalificado desde una figura grave a una residual que permite rebajar la pena.
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Dos años duró el proceso penal que vinculó a tres jóvenes antofagastinos con un mediático incendio que habría sufrido una locomotora de la empresa de Ferrocarril Antofagasta Bolivia ((FCAB) en el contexto de las manifestaciones del estallido Social. Se trata de hechos que se remontan a enero de 2020 y que finalmente en la jornada de ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta absolvió a dos de ellos de todos los cargos y a uno lo condenó por el delito de incendio pero bajo una figura residual que le rebaja la pena solicitada de 10 a 3 años de condena.

En fallo unánime los magistrados, tras conocer los antecedentes de los querellantes y de las defensas, resolvieron que respecto de A.P.T. y S.A.P. no fue posible acreditar participación en los hechos que se le imputaban y, en el caso de C.Q.R. el delito de incendio fue recalificado desde la figura más agravada con peligro para las personas a una más bien residual que permite rebajar la pena que se solicitaba por el Ministerio Público.

Cabe destacar que en esta causa, a la acción pública de la Fiscalía, se habían sumado las querellas del Gobierno Regional y de la empresa FCAB, solicitándose una pena de 6 años en régimen cerrado y 3 más en semi cerrado para el caso de los adolescentes absueltos y 10 años para quien resultó condenado, pena que podría rebajarse sustancialmente y con un límite máximo de 3 años.

Sentencia

En la lectura del fallo, los magistrados expresaron que durante el juicio oral se logró acreditar que los jóvenes absueltos no habrían tenido participación en los hechos que se le imputaban ya que ninguno de los testigos aportados por el acusador lo sindicaron como autores de los delitos. Asimismo, expusieron que en relación a los delitos asociados a los hechos que forman parte de la carpeta investigativa, no fue posible acreditarlos.

Al respecto, el defensor juvenil Francisco Barahona, a cargo de la defensa de A.P.T. manifestó que "si bien nuestro representado participó en las manifestaciones que se desarrollaron durante el llamado estallido social, siempre lo hizo en forma pacifica por lo que nunca portó elementos incendiarios ni menos pudo arrojarlo. Además, no estuvo cerca de la locomotora que resultó incendiada. Estamos muy conformes con el resultado obtenido", expuso el defensor juvenil.

Además, resaltó que pese a que desde la primera etapa de la investigación se alegó la inocencia del joven, estuvo privado de libertad en un centro de internación provisoria por más de seis meses.

Al respecto el abogado expresó que "aquí estamos frente a un caso de uso excesivo de una medida cautelar tan intensa como es la privación de libertad, que es doblemente restrictiva en el caso de un adolescente ya que la internación provisoria deja una huella en el desarrollo del joven que nunca había sido detenido. Entendemos que esta situación debe ser tomada en cuenta a futuro al momento de cuestionarse una medida cautelar tan intensa como es la privación de libertad".

En este mismo sentido, el defensor regional, Ignacio Barrientos, resaltó que los imputados estuvieron seis meses privados de libertad y que el fallo obtenido demuestra que aquello no debió haber ocurrido.

"Este resultado demuestra el compromiso de nuestros defensores, pero también deja patente que las medidas cautelares privativas de libertad son usadas de manera desproporcionada", finalizó.

En tanto, Karen Tello madre de A.P.T. que permaneció seis meses en prisión preventiva, agradeció el trabajo desplegado por los defensores penales que permitieron acreditar la no participación del adolescente en los hechos del 10 de febrero del 2021.

"Del día uno ayudaron a demostrar la inocencia de mi hijo. Estoy feliz porque estuve luchando dos años por la inocencia de mi hijo y gracias a Dios el día de hoy se hizo justicia. Así como mi hijo hay muchos chicos que están en proceso y que quizás también son inocentes como mi hijo. Yo pediría justicia para esos chicos que están en proceso y que son inocentes", señaló.

PDI detiene a 5 imputados por red de usurpación de agua

FISCALIZACIÓN. Investigación determinó al menos cuatro puntos de distribución y almacenamiento ilegal de agua.
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Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI Antofagasta en conjunto con la Fiscalía Local, lograron la detención de cinco personas, cuatro imputadas por el delito de usurpación de aguas en situación de flagrancia y otra por amenazas, en un procedimiento realizado en el sector norte de la ciudad.

Conforme a la investigación, desde agosto del 2021, se pudo determinar que por largo periodo de tiempo y de forma permanente, varios particulares se apropiaron de grandes volúmenes de agua en forma ilícita por medio de conexiones irregulares enlazadas a matrices de propiedad de la empresa Aguas Antofagasta.

El jefe de la Brigada Investigadora de robos de la PDI Antofagasta, comisario Pablo Mejías, señaló. "Los oficiales investigadores, luego de acumular una serie de elementos que corroboraban este hecho, solicitaron junto a la Fiscalía la correspondiente orden de entrada, registro e incautación de especies para ingresar a las diversas propiedades donde se practicaba este ilícito, ubicados en varios terrenos industriales de la zona norte".

El oficial explicó que se pudo ingresar a cinco propiedades industriales, determinando que en tres de éstos terrenos existía una conexión irregular, además de una cuarta donde se hallaron mangueras de diferentes diámetros conectadas a una matriz de agua ubicada en la vía pública, la que permitía el continuo llenado de camiones aljibes que, tras esto, comercializaban el agua a distintos puntos de la ciudad sin autorizaciones, ni permisos respectivos.

Fiscalía

En tanto, el vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta, el abogado José Troncoso indicó que "La Fiscalía formalizó una investigación ante el Juzgado de Garantía en contra de 4 imputados por su presunta responsabilidad del delito de usurpación de aguas. Estos imputados sustraían aguas desde una red de distribución para ser posteriormente comercializada. Ante el Juzgado de Garantía los imputados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional, mientras se realice la investigación".

El abogado agregó que "Gracias a las diligencias investigativas lideradas por la Fiscalía con colaboración de detectives de la PDI de Antofagasta, se pudo decomisar 8 camiones aljibes que fueron incautados".

Desde la Fiscalía subrayaron que, los imputados arriesgan penas por este delito que van desde los 61 días hasta 3 años de privación de libertad y multas entre $1 millón y $270 millones de pesos aprox. (20 a 5.000 UTM)".

Aguas Antofagasta

En relación al robo de agua descubierto, Marcela Gómez, directora asuntos legales de la empresa Aguas Antofagasta, manifestó que "es importante advertir que se trata de una situación gravísima que pone en riesgo infraestructura crítica para el abastecimiento de la comunidad y que además -producto de estas intervenciones irregulares- podría provocar graves daños por roturas y vertimientos de agua en las zonas aledañas".

Asimismo, la ejecutiva destacó que producto de la mala manipulación y posterior almacenamiento del agua sustraída, ésta se encontraba en pésimas condiciones sanitarias, "lo que implica un riesgo inminente de salud para los consumidores finales, debido a que no se respeta ninguno de los protocolos de salubridad y calidad que aplicamos en Aguas Antofagasta" .

Finalmente Marcela Gómez hizo un llamado a quienes compran agua de pilón a través de camiones aljibes, para que revisen y tengan certeza de que se trata de un producto que cuenta con las medidas de higiene que aplica la empresa. Y para ello, subrayó la ejecutiva, la firma está desarrollando un protocolo de certificación a los camiones aljibes que compran y distribuyen agua en distintos sectores de la ciudad y caletas, para que los consumidores finales tengan la seguridad que están recibiendo un producto que cumple con la normativa de calidad impuesta por la legislación chilena.