Redacción

Las autoridades de Salud lanzaron ayer la campaña de vacunación contra la influenza 2022 en la posta rural Juan Pablo II de Lampa.

Hasta el lugar llegó la ministra de Salud, Begoña Yarza, quien apuntó que el objetivo es "lograr más de un 85% de cobertura a nivel nacional", pensando en que hasta hoy ya se registran más de 230 mil personas inoculadas.

La campaña está enfocada en adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, niños de seis meses hasta quinto básico y mujeres embarazadas.

"Las vacunas han sido, para nosotros como país, en esta experiencia de la pandemia, muy relevante. En el caso de influenza, en 2020 tuvimos la cifra más alta de vacunados en la historia, donde más del 100% de la población objetivo se vacunó (...) y en 2021, la cobertura fue de un 75%", sostuvo la titular de la cartera.

Los dos virus a la vez

La secretaria de Estado detalló que "este año no sólo vamos a tener la circulación de covid-19 y variante ómicron, sino que también de influenza; hay pocos casos aún de concomitancia, pero también puede existir".

Según afirmó Yarza, hasta la fecha hay poco más de 20 casos de concomitancia entre virus respiratorios y covid-19, y también se han reportado cuatro casos de pacientes con influenza y coronavirus.

Vacunas el mismo día

Junto con reiterar la importancia de la vacunación, haciendo el llamado a la población objetivo a continuar con el calendario de las vacunas contra la influenza y el coronavirus, la ministra señaló que no existen contraindicaciones para que una persona reciba ambas durante el mismo día, aunque resaltó que lo ideal es que haga en distintos brazos.

"Nosotros sabemos que han empezado a circular otros virus respiratorios, entre ellos, la influenza. En años normales, más de 60 mil personas se hospitalizan por influenza grave, entonces creemos que es una medida anticipatoria la de vacunar a la población de riesgo", dijo la titular de Salud.

En cuanto a la vacunación contra el covid-19, el ministerio de Salud (Minsal) informó que hasta ayer se habían administrado 49.963.383 dosis en Chile.

Respecto a la población objetivo de más de 15 millones, se han aplicado casi 14 millones de primeras dosis, más de 13 millones de segunda y 574.421 dosis única. En cuanto a la dosis de refuerzo, han sido aplicadas en un total de 15.367.259 entre tercera y cuarta.

El ministro de la secretaría general de la Presidencia, Giorgio Jackson, confirmó que el Gobierno firmará hoy el Acuerdo de Escazú, iniciativa que busca garantizar el acceso a diversos derechos ambientales.

En Radio Futuro, el titular de la cartera confirmó que el Presidente Gabriel Boric concretará una de sus promesas de campaña. "El día viernes será la firma del proyecto que ratifica Escazú, tratado que en principio Chile fue parte, pero luego se decidió inexplicablemente no firmarlo por parte del expresidente Piñera", explicó.

El secretario de Estado también aseguró que "para nosotros el tema ambiental es súper importante, de poder generar justicia y conciencia de que los problemas de este tipo se puedan resolver en primera instancia era relevante".

"Tiene sobre todo en las juventudes una transversalidad gigantesca. Desde la UDI al Frente Amplio están de acuerdo con esto, entonces creemos que es una señal potente para las futuras generaciones poder avanzar en esto", complementó.

Rechazo de piñera

El expresidente Sebastián Piñera rechazó en reiteradas ocasiones la opción de firmar el Acuerdo de Escazú, esgrimiendo en septiembre de 2020 cuatro puntos clave.

Entre ellos estaban que introducía principios no definidos que condicionarían la legislación ambiental chilena, que podría implicar cambios inciertos en la legislación dado su "autoejecutabilidad", que generaría "obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas y que Chile podría tener "controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas", algunas de ellas con Bolivia.

Cientos de estudiantes secundarias se manifestaron este jueves en el centro de Santiago para protestar contra el acoso sexual en los establecimientos y exigir al nuevo Gobierno medidas que las protejan e impidan incidentes como el que hace una semana tuvo lugar en un centro educativo de Providencia.

Las adolescentes, procedentes de al menos ocho colegios de Providencia y las comunas de Santiago y Ñuñoa, se juntaron en Plaza Italia y desde allí marcharon al centro de la capital para entregar una carta en el ministerio de Educación, ubicado a escasos metros del Palacio de La Moneda.

En ella pedían cambios en la legislación nacional para garantizar la protección frente a todo tipo de agresores, ya sean estudiantes como profesores y funcionarios, y un lugar seguro al que acudir para poder entregar sus denuncias y que éstas no sean eludidas o amontonadas.

"Las motivaciones de la movilización son visibilizar la violencia sexual que hay dentro de los establecimientos educacionales y el poco respaldo que tenemos tanto las estudiantes como las municipalidades legalmente para protegernos tanto de victimarios estudiantes como de profesores y funcionarios", explicó a Efe María Ángeles Ibarra, representante del liceo Tajamar.

"Esta marcha llegó al ministerio de Educación, donde distintos representantes de liceos hicimos entrega de un petitorio escrito por las bases. En general se busca que se nos proteja, que se proteja a las víctimas, se sancione a los victimarios, sean estudiantes, funcionarios, profesores", agregó.

Resaltó que el problema no solo le compete a dicho ministerio, sino que tiene que abarcar la ley porque "los liceos dependen de las municipalidades, que son las que tienen que ver como son los protocolos y las sanciones. Y cómo concientizar".

"seis casos"

Por su parte, Caroline Gajardo, alumna del Liceo Abdón Cifuentes, explicó que "en menos de una semana se han reportado seis casos porque se viralizaron, pero no se sabe en realidad cuántos han sido". Además, pidió que quieren que pongan más seguridad para cuando entren y salgan del liceo.

La movilización que se produjo hace una semana el exterior de un liceo para denunciar a escolares que estaban concordando realizar ataques sexuales en grupo, obligó al despliegue de fuerzas de seguridad, llevó en plena investidura del nuevo Presidente a la suspensión de clases en todos los institutos de Providencia.