Redacción

Cuando faltan menos de cuatro meses para que concluya el plazo que tiene la Convención Constitucional para entregar la propuesta de nueva Carta Magna para que sea votada en un plebiscito de salida, el debate sobre la necesidad de una prórroga para extender el trabajo más allá del 4 de julio se ha tomado el debate del órgano, en vista de que los avances no han sido los esperados y aún parece muy difícil cumplir con el mandato antes de esa fecha.

El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, afirmó en Radio Cooperativa que "una decisión que no radica en este órgano, creo que no es razonable que podamos hacer una organización distinta. Pero por cierto, si el Congreso estableciera de manera autónoma que sería bueno tener tres o cuatro meses más para poder ajustar algunos aspectos de coherencia interna, creo que serían bien recibidos".

"Nada está escrito en piedra y esto es una eventualidad que está abierta. No sería responsable descartar en ninguna dirección ninguna acción. Para poder someter esto a una discusión seria, debemos por lo menos esperar a recibir el primer informe de cada una de las comisiones, cuestión que pasará a finales de marzo y podremos tener más clara la calendarización. Es una calendarización que construimos a ciegas, sin saber cuántas normas tendríamos, por eso creemos que es razonable retomar esta discusión a finales de marzo", añadió el médico.

Sin embargo, Domínguez descartó solicitar aquello expresamente al Parlamento entrante, pues planteó que "si ocupáramos un plenario entero en discutir esto, hubiera opiniones a favor y en contra, se discutiera, se votara eventualmente y una mayoría de la Convención estuviera a favor (...) fuéramos al Congreso, se pidiera, y se rechaza, perdimos tres días".

Respaldo opositor

En la posición de extender el plazo se mostraron varios convencionales de oposición, que apuntan que se podrá hacer un mejor trabajo con más tiempo.

Beatriz Sánchez, representante del Frente Amplio, planteó que "evidentemente estamos tratando de calzar tiempos a presión. Me imagino que todos fantasean con qué ganas de tener más tiempo, pero hasta el momento, lo que hay seguro es que estamos trabajando hasta el 4 de julio. Me inclino a mantener las fechas como están".

El coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela (Colectivo Socialista), aseveró que "es un acto de sensatez y responsabilidad solicitar una prórroga. La Convención ha mirado al techo durante mucho tiempo con este tema. Uno no puede pensar que el proyecto de nueva Constitución lo vamos a terminar construyendo hasta las cuatro de la mañana todos los días".

Un matiz lo dio la ex presidenta de la Convención, Elisa Loncon, quien dijo que "siento que para la ciudadanía, para los pueblos de Chile, entregarle una nueva Constitución en el plazo dado será algo muy bienvenidoa. Por eso los cronogramas fueron aprobados, por eso tenemos una agenda que nos mantiene todo el día ocupados en esto, y estamos haciendo un sacrificio sobrehumano para llegar y cumplir con esta meta".

Sin embargo, los representantes del actual oficialismo mostraron su radical desacuerdo con extender los plazos.

"El Congreso no lo va a otorgar y no debería hacerlo tampoco. Fuimos elegidos por nueve meses y un alargue de tres en caso de que no alcanzáramos. Lo dije desde el día uno: que no perdiéramos el tiempo en cosas que no correspondían al mandato nuestro, para que lo sacáramos en nueve meses, que se podía", expresó el convencional Luis Mayol.

Marcela Cubillos afirmó que "si ellos tienen problemas para ponerse de acuerdo entre ellos, ese ya es otro tema, pero nunca ha habido voluntad de construir un texto transversal. Por lo tanto, argumentar que eso sea un problema de plazo es bastante patudo a esta altura".

"Sería bueno tener tres o cuatro meses más para ajustar algunos aspectos de coherencia interna, creo que serían bien recibidos".

Gaspar Domínguez, Vicepresidente de la Convención

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, firmó ayer el oficio para promulgar la reforma constitucional que permitirá la renuncia del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien se había alejado de sus funciones en el órgano tras descubrirse que mintió sobre su estado de salud para ser electo como constituyente. Además, desde el Ejecutivo señalaron que el documento sería ingresado de inmediato a la Contraloría, con lo cual restaría el visto bueno de la misma para su promulgación. Tras ello, Rojas Vade emitió un comunicado en el que dice que renunciará apenas de haya publicado la reforma.

Un día después de haber anunciado un ajuste en el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) para evitar que hoy se produjera un alza de 25 pesos en las bencinas y 50 en el diésel, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, reconoció que quizás sean necesarias más medidas para paliar efectos de la guerra en Ucrania en los precios de los productos de consumo en Chile.

En entrevista con radio ADN, Cerda insistió en que "podemos tener entre 30 y 40 semanas de alzas de los combustibles. Eso queremos que lo entiendan los chilenos: nosotros creemos que es bueno eso de que no tengamos un aumento de una sola vez, pero también quisiéramos explicar que las alzas es algo vemos que debería ir ocurriendo hacia adelante".

"El aumento de las gasolinas es algo que está ocurriendo y estamos tratando de ocupar nuestra capacidad fiscal para hacer frente a eso", agregó.

A dos días de que asuma el nuevo titular de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric, Mario Marcel, Cerda señaló que llegará en medio de un "ambiente bastante exigente sobre todo por lo que está ocurriendo en materia de la guerra", que no solo afecta a los combustibles sino también al trigo.

Todo está poniendo mayor presión a la ya alta inflación que golpea a Chile, enfatizó: "Veníamos de un espiral inflacionario y justamente estamos tratando de bajar esa inflación. Desde el Fisco habíamos hecho un ajuste fiscal que fue importante en el presupuesto justamente para quitarle presión al precio y ahí es donde está apareciendo este nuevo impacto de la guerra que efectivamente nos genera mayor persistencia inflacionaria".

El saliente jefe de las finanzas públicas subrayó que "evidentemente esto significa que medidas adicionales es posible que sean necesarias", las que deberá evaluar el nuevo Gobierno que se instala mañana, al que espera dejarle "lo más ordenada posible la casa en materias fiscales".