Jonathan Villella C.

Como un problema del que hay que ocuparse a la brevedad, considerando todas las externalidades que se producen, es vista por estos días la migración descontrolada e irregular que afecta la zona norte del país.

Un problema de larga data, que se potenció a causa de la crisis sanitaria y que el domingo pasado reunió a más de cinco mil personas en Iquique, para participar de una segunda marcha contra la migración irregular.

Frente a esta situación los alcaldes de la región, además de el gobernador regional, emplazaron al gobierno a implementar medidas en el corto plazo para abordar esta crisis humanitaria.

Autogestión

Humberto Flores, alcalde Ollagüe, explicó que es imperante que el gobierno actual tome cartas en el asunto, evitando dejar todo el problema en manos de los municipios.

"Este año ya llevamos 88 personas que han entrado de forma ilegal. Nuestro problema se produjo con el segundo grupo que entró de 35 personas (la semana pasada) a quienes no se les realizó ningún examen de testeo, y después transitaban por la comunidad (...) tuvimos que hacer unas gestiones para conseguirnos test para estas personas, y de los 35, 10 salieron positivos. La seremi de Salud no se hizo responsable de sus traslados, sus seguimientos, ningún control. Ahí nos preocupamos, porque al parecer estamos dando carta libre para que puedan entrar migrantes contagiados", manifestó.

Acuerdo

Una opinión similar, manifestó la alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, al explicar que es el gobierno quien debe mejorar las políticas migratorias, antes de su salida y el cambio de gobierno, en marzo.

"Aquí hay una inconsistencia y un abandono de trabajo, de parte de los funcionarios del gobierno, hacia la realidad que estamos viviendo desde el 2020. Yo llevo 7 meses en el cargo, y asumí sabiendo que no entregaría ningún albergue para los inmigrantes. Comprendo y empatizo completamente con lo que le pasa al alcalde Mauricio Soria, en Iquique, por que se el desamparo legal que existe en torno a esto", precisó.

Acotó que por lo mismo, todos los alcaldes se han puesto de acuerdo en no habilitar ningún albergue.

"Con los alcaldes, todos los de la región, llegamos al consenso de que no vamos a entregar recintos municipales ni vamos a sacar dinero del presupuesto, ya que los municipios administramos pobreza. Por lo mismo, tener que sacar de ese presupuesto para tener que atender a otras personas que lamentablemente han venido a ensuciar y generar desórdenes, no", dijo.

Consultado al respecto, el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, manifestó que el deber de los alcaldes recae en garantizar el bienestar de los residentes de la comuna, no de las personas que vienen llegando en medio de un proceso migratorio irregular.

"Para todos, la responsabilidad siempre es de los alcaldes, cuando este problema es algo de preocupación a nivel central. Estamos aislados de alguna forma, sin una respuesta satisfactoria de gobierno, ya que no participa. Lo mismo pasó con los ambulantes, todo Chile sabía el problema que teníamos, pero nadie dijo nada, tuve que arreglármelas solo, no recibí ayuda ni del delegado presidencial ni del gobernador, y en Iquique es lo mismo, pero aquí no se reciben muchas ayudas. Como estamos aislados un poco, y lejos del nivel central, nos golpea fuerte ese centralismo", manifestó.

Agregó que "como municipio nos tenemos que preocupar de recuperar los espacios públicos, el tema de los albergues para las personas que vienen llegando de otros países, no es responsabilidad de los municipios, nosotros nos tenemos que encargar de las personas que habitan en nuestra ciudad, no de los que vienen llegado".

Para el gobernador regional de Antofagasta Ricardo Díaz, es urgente que las autoridades de gobierno y del Ministerio de Salud, vuelvan a activar programas de contención de migrantes.

"En octubre logramos que viniera el ministro del interior, él se comprometió a establecer sistemas de albergues transitorios, la idea era contener a los migrantes en un espacio en contención, donde se les tomara PCR, y donde pudiéramos saber quiénes son y si vienen o no contagiados. Y que de ahí se les ofrecía transporte para que continuaran el movimiento. Esa era el plan, así fue durante el último trimestre del año pasado, pero esas iniciativas y programas que se fueron eliminando iniciado el 2022", precisó.

"Todo lo que tenía que ver con residencias sanitarias y programas de contención del covid -continuó la autoridad-, fue cesando y por eso es que con el alcalde de Ollagüe, pusimos un recursos de protección por el no cumplimiento de las tareas que le competen al ministro de salud, al presidente de la república y al delegado presidencial, respecto a brindar seguridad a los comuneros de Ollagüe", enfatizó.

Agregó que pese a la realidad que vive el norte, la comunicación con el nivel central, ha sido escasa, no obstante, dice, todo mejoraría con mayor dotación de efectivos policial en aquellas regiones o comunas donde la migración se ha descontrolado.

"Se tiene que garantizar un contingente mayor, se tiene que garantizar que las medidas de seguridad que se estaban cumpliendo, sigan cumpliéndose, además de todo lo que tienen que ver con el resguardo de la pandemia. Aquí ha habido una dejación de todo lo que tiene que ver con ese tema. Una dejación del gobierno, del ministro de Salud con respecto a la pandemia y todo lo que esta pasando. Hasta hace poco el ministro estaba de vacaciones", dijo.

Manifestaciones

Katherine López, exgobernadora de la provincia de Antofagasta, explicó que las manifestaciones sociales como las ocurridas en Iquique, es muy posible que comiencen a ser recurrentes, en la medida que la situación migratoria siga igual.

"Ese es un llamado de atención a las autoridades de turno. Lo malo es que ya estamos a muy poco tiempo de comenzar un nuevo gobierno y aun hay cosas importantes por resolver. La marcha del otro día, en Iquique, se estaban manifestando por el malestar que ellos sienten, por el problema de la seguridad y que viene de la mano con la migración ilegal, personas que no sabemos quienes son, si tiene algún delito, o si están contagiados", dijo.

Acotó que "es muy probable que estos episodios se repitan ante la escasa respuesta del gobierno central".

Con el fin de brindar seguridad y prevenir posibles situaciones de riesgo para usuarios y usuarias, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) implementó un moderno sistema de televigilancia, que contempló la instalación de 500 cámaras internas y perimetrales en los 20 tribunales de la jurisdicción y en la Corte de Apelaciones.

En la inauguración, el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministro Eric Sepúlveda Casanova, destacó la tecnología de punta con la que cuenta este sistema, que "permitirá trabajar en la prevención de situaciones que pueden derivar en peligrosas para nuestros usuarios y usuarias como, así también para quienes componen cada unidad judicial de esta región".

Sepúlveda agrego que "se realizó el cambio del sistema análogo al digital en los edificios de la Corte de Apelaciones, y los Juzgados de Garantía de Tocopilla y Calama, renovando 142 cámaras de interiores, incluidas celdas de Gendarmería y la incorporación de 27 nuevas cámaras para exterior", detalló. Durante la puesta en marcha, el subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Zvonomir Koporcic Alfaro, destacó que se espera que este año "todos los tribunales del país cuenten con este sistema, que ha sido implementado con el fin de evitar situaciones de riesgo, como las que se vivieron durante el estallido en varios tribunales del país".

La instalación de estos dispositivos por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, es parte de un proceso de modernización de los servicios en tribunales de la región, y busca además entregar protección a los usuarios y también funcionarios en todas sus dependencias, garantizando además que el trabajo y los proceso al interior de estos cuenten con este tipo de medidas y que sean garantes de un buen servicio y de la seguridad que debe primar en los emplazamientos. Así también que sean una forma de disuasión ante posibles intentos de desórdenes y problemas al interior de las salas.