La Convención Constitucional silenciosa, pero velozmente está avanzando en algunos temas que formarán parte de la nueva Carta Magna y cómo era de esperar en estos avances hay más de alguna definición que ha generado un amplio debate. Nada de lo conocido es definitivo, porque aún queda una serie de pasos para que pueda llegar a la aprobación del pleno y su posterior revisión para dirimir su inclusión como norma.

No obstante es bueno conocer la discusión y los pasos que están viviendo las distintas iniciativas de norma que surgen desde el seno de la convención, a las que prontamente se sumarán la de carácter popular que están en la etapa de recolección de las 15 mil firmas para que puedan ser discutidas.

Dentro de ellos, un tema que tiene amplias repercusiones es el que tiene directa relación con el rubro minero. Por ejemplo, hace algunas semanas el convencional Pablo Toloza criticaba el desconocimiento que existía al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico al continuar con la intención de terminar con la "minería extractivista" que predomina en el país.

Ahora a eso se suma lo aprobado recientemente en lo relativo a "Derechos de los Pueblos y Naciones Preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales". Lo que implicaría un duro golpe al sector minero y energético.

La aprobación en general no cayó muy bien en el empresariado. Desde la CPC, su presidente, Juan Sutil, lamentó que se avanzara en una iniciativa que a la postre es cambiar las reglas establecidas lo que sólo redunda en incertidumbre en el inversionista. Se crea un ambiente de inestabilidad que es perjudicial y que lleva a un retraso en el desarrollo de los países.

El convencional Toloza fue más allá y dijo que se había encargado de comunicar a los trabajadores de la minería que están prontos a engrosar las filas de desempleados, porque las faenas quedarán a las puertas de ser suspendidas, porque casi todas están en territorio indígena.

Es cierto que la instancia que entrega la Convención abre espacio para amplios debates y gran parte de sus integrantes quieren cambiar muchas de las actuales condiciones en el país, lo que es respetable porque fue lo que los llevó a ese cargo, pero como dijo el presidente electo: "no hay que olvidar nuestra historia".

En medio de un año de mucha incertidumbre y expectativas, existe un consenso en el hecho que 2022 será un año difícil. Más considerando la nueva oleada de coronavirus provocado por la variante ómicron, y las cifras dadas a conocer esta semana por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que mostró que la pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó a 86 millones de personas, cinco millones más que en 2020 y la mayor cifra en 27 años, lo que agudiza la desigualdad en la región, donde Chile no está exento de análisis pues se ubica en el top one del listado.

El panorama que se nos pone por delante en estos meses que vienen, se complejiza todavía más si no consideramos las urgencias sociales pendientes en el país y que representaron las expresiones populares que marcaron el relato de las movilizaciones a partir del 18 de octubre de 2019, sin considerar, a su vez, la inquietante sensación de inseguridad en los barrios de la región provocado, entre otras cosas, por el aumento de un 179% en la cantidad de homicidios según informó este diario con datos del Observatorio de Homicidios de la Fiscalía Nacional, agravando la sensación de indefensión en temas como seguridad y narcotráfico.

No digan que no lo vieron venir.

Sin embargo, soy un convencido, como decía un filósofo, que al pesimismo de la razón debemos impregnarle el optimismo de la voluntad. Pese a que son enormes desafíos, desde el Gobierno Regional hemos estado entregando certezas en nuestras acciones para que no queden dudas de nuestra voluntad de conseguir cambios.

Nos la hemos jugado por soluciones aun cuando estas signifiquen hacerse cargo de obligaciones omitidas por el nivel central. Lo hicimos aprobando más de $1.400 millones para reforzar la atención y control sanitario ante una red de salud desmantelada; lo estamos haciendo junto al municipio de San Pedro de Atacama para proyectar lo que significa un compromiso de nuestro gobierno, de generar una nueva planta de tratamiento de agua en la comuna; lo estamos trabajando junto a Carabineros, PDI y Fiscalía reuniéndonos con vecinos para fortalecer la red de protección y seguridades; y lo seguiremos haciendo estableciendo todas las coordinaciones con el gobierno entrante para transformar a la región de Antofagasta en una zona segura, desarrollada, y con servicios básicos y calidad de vida para su gente.

Cuando existe una radiografía que nos sitúa como un país extremadamente desigual y con enormes faltas, claro que siempre hay una puerta abierta para la generación de nuevas tensiones sociales, pero también es cierto que actualmente son otros los liderazgos que están, y estamos, llamados a dar respuestas a estas problemáticas. Uno de ellos es el Gobierno Regional. Desde allí sepan que este gobernador y las más de 115 personas que desempeñan labores en el GORE, estamos trabajando día a día para que nuestra región sea una tierra donde valga la pena vivir.

Estamos ocupados para que la Convención Constitucional y la Comisión de Medio Ambiente, en su prioritario trabajo de cómo establecer las bases económicas, políticas y sociales para la construcción de un país más equitativo, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente, incorporen en sus análisis y decisiones toda la experiencia y vida de las regiones mineras; es decir, las comunidades protagónicas del pasado, presente y futuro de esta industria.

Para contribuir a una mejor minería, desde Compromiso Minero, con más de 15.000 firmas, hemos aportado una Iniciativa Popular de Norma de Minería Sustentable (N° 20.654), para que sea considerada por la Convención Constitucional.

Para nuestra región, la minería no solo es parte de nuestra economía, lo es también de nuestra raigambre cultural e histórica. Hemos sido categóricos en señalar que los cambios deben considerar las tradiciones, experiencia y conocimiento de las regiones. Y como capital minera, nuestra misión es perfeccionar y proteger la industria para las regiones y comunas mineras y, por supuesto, para el país, como siempre lo hemos hecho.

Movidos por esta fuerza, las asociaciones industriales de la Macrozona Norte (AIA, AII-Iquique, Corproa-Atacama y Cidere Coquimbo), como entidades fundadoras de Compromiso Minero, convocamos al seminario "Descentralización: el Norte es nuestra oportunidad".

Junto con invitar a especialistas y representantes de nuestras regiones, hicimos un llamado a los Constituyentes a participar y dialogar. Nos hubiese gustado contar con una mayor representación de ellos en el seminario, pero solo unos pocos respondieron positivamente a nuestra invitación. En casi dos horas de conversación franca compartimos experiencias, datos concretos que confirman que la minería es el eje y motor de nuestro crecimiento como país.

Antofagasta es una región donde se constata y vive el encadenamiento minero, energético, portuario, hídrico, industrial, logístico, comercial. Esta base nos fortalece oportunidades en turismo, astronomía y corredor bioceánico. Cuando pedimos que se fortalezca una minería sustentable, estamos diciendo que tenemos una oportunidad muy significativa: la minería trabaja con 1.400 rubros del área industrial y 1.500 empresas proveedoras regionales, minería es energías renovables, minería es integración entre el norte chileno y el resto del mundo, minería es cultura, son más y mejores puestos de trabajo, la minería es innovación e incorporación de nuevas tecnologías.

Estamos en proceso de definiciones cruciales. Y la Convención Constitucional tiene una oportunidad preciosa para fortalecer la industria minera en todo su aporte al desarrollo y crecimiento de las regiones productoras y armónico del país.