Claudio Cerda Santander

La ocupación de predios fiscales sin autorización para extracción de áridos, como la falta del control de esta actividad en terrenos de este tipo, figuran como las principales observaciones de un informe de Contraloría a la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta sobre la explotación de material ripiado emplazado en inmuebles pertenecientes al Estado.

La auditoría, que se implementó entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020, incluyó también un examen de cuentas a los ingresos percibidos por concepto de rentas de los contratos de arriendo de terrenos fiscales suscritos en ese período.

Terrenos del ejército

Entre las conclusiones del informe, en que resultan reiterados los términos que aluden a un deficiente control sobre la extracción de áridos en terrenos fiscales y procesos vinculados a la administración de terrenos fiscales, se detallan una serie de observaciones.

"Se advirtió que cinco inmuebles denunciados ante la seremi por extracción ilegal de áridos corresponden a terrenos fiscales entregados en modalidad de destinación a la I División de Ejército de Chile, respecto de los cuales aún existen actividades de extracción realizadas por empresas privadas, ajenas a dicha institución", dice parte del informe, que sostiene que tanto la seremi de Bienes Nacionales, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y el Ejército deben adoptar las medidas que correspondan, a fin de dar celeridad a la corrección de la irregularidad. Según el documento, en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del informe, se deberá acreditar el avance de las gestiones ara concretar la restitución administrativa de los terrenos que se indican.

Otra de las conclusiones de la CRR sostiene: "Se constató el uso de predios fiscales destinados por la seremi a la Dirección Regional de Vialidad -DRV-, por parte de empresas contratista para la extracción de áridos (…) están asociados a tres permisos de ocupación y 11 destinaciones, entregados por la referida secretaría a la anotada dirección regional de manera gratuita, para que esta última cumpliera con sus fines propios, no obstante, dichos predios fueron utilizados por las empresas contratistas de los anotados proyectos para la extracción de áridos".

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la seremi de Bienes Nacionales, respecto de las solicitudes de arriendo de predios fiscales para la extracción de áridos, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020, se determinó un total de 184 registros, el cual se compone de 28 contratos de arrendamiento, 146 solicitudes denegadas y 10 en tramitación. Según la auditoría del órgano fiscalizador, la Seremi de BBNN ha otorgado arriendos en que la superficie de los predios fiscales superó las cinco hectáreas permitidas.

Actualización

Luis Colman, seremi de Bienes Nacionales, comentó que en la entidad se encuentran revisando las observaciones planteadas por Contraloría para solucionar los inconvenientes manifestados.

"Existen expresiones como irregularidades o inconsistencias. Esto es consecuencia de que estamos en la región más grande de Chile, con mayor territorio fiscal y también con mayor solicitud de extracción de áridos, también por el tipo de empresas que se desarrollan: mineras, construcciones, inmobiliarias, ya sean privadas o estatales. Pueden existir algunos casos con algún tipo de problemas o inconvenientes, pero eso no significa que sean los casos totales de la seremía. La seremía sigue un procedimiento reglamentado", dice.

"Tenemos que distinguir entre dos tipos de problemáticas: una de facto, que es la región más grande de Chile y tiene una cantidad gigante de extracción de áridos, y que nuestros fiscalizadores se encargan en un plan anual de fiscalizar y priorizar. Por otro lado, tenemos los procedimientos que a lo largo del tiempo han ido mejorando (…) La mayoría de los arriendos que están cuestionados o con observaciones corresponden a períodos anteriores, algunos son bastante antiguos. Entonces, también existe ese pequeño 'delay' entre los procedimientos antiguos que quizás se enfocaban en aspectos más formales, que estos procedimientos más actualizados donde nos enfocamos derechamente en cuestiones de fondo, como cuánto es la cantidad que van a extraer, como también, respeto a la protección de áreas indígenas y de usos de suelo a nuestro plan regulador", agrega Colman, quien sostiene que muchas de las observaciones de Contraloría se han solucionado.

Falta fiscalizadores

Según el reporte de la Contraloría, se verificó que la Seremi de Bienes Nacionales dispone de cuatro fiscalizadores más un funcionario habilitado como apoyo para la ejecución del Plan Anual de Fiscalización de esa entidad (PAF). Sin embargo, solo uno de ellos cumpliría la labor de fiscalizar las actividades de extracción y explotación de áridos en toda la región.

Colman sostiene que la entidad dispone de cuatro inspectores en la región. "Ellos tramitan todos los temas de fiscalización desde extracción de áridos hasta todos los otros tipos de proyectos", precisó la autoridad regional.

Entre otro tipo de observaciones, la Contraloría reportó falta de control por parte de la seremi sobre la cantidad de áridos extraídos desde inmuebles fiscales y sobre el uso que se le está dando a los mismos, falta de control del cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de inmuebles fiscales, falta de actualización del catastro de ocupaciones de terrenos fiscales, falta de control en la compra de áridos por la DRV, que permitan asegurarse de la procedencia legal de los áridos que esta entidad adquiere y utiliza en las obras de administración directa que ejecuta y faenas de extracción de áridos fuera del polígono autorizado en la resolución de arriendo.

También se registraron inmuebles otorgados en arriendo con deuda por contribuciones y ocupaciones de predios fiscales con faenas de extracción o acopio de materiales sin contar con autorización de la seremi.