Madurez Política
Dra. Francis Espinoza F. Académica UCN
En la primavera de 2015, la Directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde les reclamó que se comportaran como 'adultos' al Primer Ministro electo de Grecia, Alexis Tsipras (Syriza), y a su ministro de Finanzas, el 'rock star' Yanis Varoufakis. Esto debido a la forma de gobernar la gran crisis económica de ese país y en medio de las negociaciones para renovar los programas de rescate en la Unión Europea. Cuenta el mito urbano que Varoufakis, un economista de ideas revolucionarias, se pasaba por los pasillos de las cancillerías europeas sin corbata y vistiendo chaquetas de piel. En esos episodios, el griego expresaba a viva voz su mensaje: "la deuda acumulada por su país era impagable y lo sería aún más si se continuaba implantando la austeridad que le exigían sus acreedores. De nada servía acumular un rescate tras otro con más recortes y subidas de impuestos. Lo que debía hacer Grecia era más radical y pasaba por alterar las ideas económicas del establishment europeo" (Comportarse como Adultos, 2017). Esta historia nos remite a preguntarnos sobre cuáles serían los parámetros de madurez política de los gobiernos, gobernantes, estados y ciudadanía.
En otra columna ("Estados Tóxicos y Pandemia Social", El Mercurio de Antofagasta, 24/05/2020), me refería justamente a lo contrario, a aquellos procesos que dan cuenta de una profunda inmadurez política de la que sufren las instituciones y quienes manejan éstas. Por supuesto, no hay democracias perfectas, ni tampoco gobiernos o estados-nación, o tal vez como asegura Alexandre Dorna (2006), la sociedad democrática contemporánea en sí se halla en crisis. Pese a esto, las formas de gobernanza a través de los tres poderes del Estado y sus agencias institucionales debieran darnos algún tipo de garantías, seguridad y compromiso en los debidos procesos normativos y de gobernanza a quienes se ven involucrados/as con la ley y defensa de los derechos ciudadanos frente a un mercado reptiliano que lo absorbe todo. Sin duda, esto es justamente lo que no tenemos en Chile, sino más bien nos enfrentamos a un 'Estado adolescente', con una profunda inmadurez política, y que ha acumulado las pubertades de otros gobiernos por más de 30 años.
Entre una gran polémica y en medio de una opinión pública polarizada, se comenzó a discutir en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta el proyecto de Ley de Indulto. Éste pasó a admisibilidad en general y sigue la próxima semana con la votación de cada articulado. Se ha propuesto hacer un nuevo catálogo de delitos (situación que se debió hacer antes), pues la mayoría de los presos del Estallido Social quedarían fuera de la ley. Es decir, una 'normativa vacua' que más bien parece un saludo a la bandera que otra cosa. En medio de esto, las Madres de Plaza Colón y los familiares de los presos en el país siguen pidiendo una 'justicia justa' para sus hijos, quienes ya llevan más de un año y medio en prisiones preventivas eternas e inhumanas.
La problemática se remite a lo que he denominado modus operandi de la justicia chilena basado en una inoperancia institucional (no creo en la mala fe todavía), que comienza con una 'pesca de arrastre' durante el 18/O, sigue con un mal catálogo clasificador de delitos por parte de Carabineros de Chile, se hace uso y abuso de la prisión preventiva, y los casos ya cerrados padecieron la mal llamada 'economía procesal'. A través de esta última, los jueces se ahorran el juicio de los jóvenes, dictan condena y obtienen libertad vigilada, en condiciones inéditas de la justicia chilena, que como dice Michelle Eissmann, madre de uno de los presos, "… Los jóvenes debieron asumir un 'acuerdo en paquete' para obtener su libertad, pues la condición fue que todos debían aceptar, porque si uno no lo hacía, ninguno podía optar al juicio abreviado" (El Diario Antofagasta; Timeline, 17/01/2022). Sin embargo, esta presión con enganche trae condenas a cuestas a través de una 'verdad negociada' y de una culpabilidad que podría ser dudosa en este contexto de presión normativa.
En los años 90' se habló de justicia transicional y la madurez política estuvo centrada en la conformación de comisiones e informes que investigaron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El Estallido Social también implicó orígenes y consecuencias que parten en el Estado y culminan con los platos rotos en la ciudadanía. Se ha hablado de que no hubo violación a los derechos humanos (Human Rights Watch, Chile Eventos de 2020) durante la Revuelta Social, pese a la publicación del Secretario de Estado Antony J. Blinken sobre Derechos Humanos 2020 (Embajada de Estados Unidos).
Así como Varoufakis entendía bastante bien la real politik de Grecia a diferencia de toda la institucionalidad europea, todavía quedan políticos como los senadores Pedro Araya, Francisco Huenchumilla y Alfonso de Urresti que SI se comportan como adultos y están forzando al Estado a cumplir sus obligaciones. Deberíamos exigir un mayor compromiso con las consecuencias del 18/0 a través de una 'segunda justicia transicional', que ya es posible observarla a través del quiebre de establishment por el recambio de elite política en el poder. Sin el 18/0 los mismos enclaves autoritarios y en transición estarían cercenando los sueños de un nuevo país.
"El estudio de las elites presenta una connotación negativa del rol de las masas, del pueblo, de la ciudadanía, pues se supone que son justamente las elites quienes defienden el orden político y el resto constituimos un peligro para la estabilidad del sistema".