La Comisión de Constitución del Senado declaró admisible una indicación presentada por el senador Francisco Huenchumilla (DC) al proyecto que busca indultar a los detenidos por delitos ocurridos durante el estallido social, también llamados "presos de la revuelta".

La indicación reemplaza el indulto por la figura de la amnistía, lo que según Huenchumilla permitiría reducir el quórum necesario para su aprobación. Sin embargo, el presidente de la instancia, Pedro Araya (ind.) aclaró que dicho efecto no se producirá.

"No se cambia el quórum, sigue existiendo un artículo que es norma de ley orgánica que necesita votos de senadores de derecha", explicó el legislador.

Araya precisó que se trata de una disposición que permite a las personas condenadas solicitar la amnistía a un juez de garantía: "Esa es una nueva atribución que hoy los jueces de garantía no tienen y, como consecuencia de lo anterior, es norma de ley orgánica".

"Nos hemos demorado porque estamos tratando de construir un acuerdo, tratando que algunos senadores de derecha entiendan la necesidad de construir paz social y a partir de esto aprobar este proyecto que da una solución a los denominados presos de la revuelta", dijo el senador.

La Comisión de Constitución continuará este miércoles el debate en particular del proyecto.

En tanto, la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a quienes cometieron delitos durante el estallido social sigue provocando malestar en el gobierno.

"muy mala señal"

"Es una muy mala señal indultar a personas que han cometido delitos tan graves como tirarle bombas molotov en la cara a dos carabineros, como incendiar iglesias, incendiar el metro, incendiar monumentos", afirmó el presidente Sebastián Piñera.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, emplazó a los promotores de la iniciativa a transparentar qué delitos buscan indultar, para saber "respecto de quién va a haber impunidad y cuál va a ser la respuesta a las víctimas de esos delitos".

Según Gendarmería, 211 personas se encuentran privadas de libertad por delitos relacionados con el estallido social, de las cuales 67 están condenadas y 144 en prisión preventiva.

Un saldo de dos fallecidos dejaron dos hechos de violencia ocurridos ayer en la macrozona sur.

El primero de ellos ocurrió al mediodía en Cañete, provincia de Arauco, región del Biobío. Allí una decena de desconocidos ingresó a rostro cubierto a una faena forestal en el sector de Butamalal, intimidando a los trabajadores y disparando al menos un arma de fuego.

Uno de los disparos impactó al joven de 22 años Andrés Cristian Millanao Cayupe, quien en ese momento manipulaba una máquina.

La víctima fue trasladada al Hospital Intercultural de Cañete, donde poco después se constató su fallecimiento.

"fue una emboscada"

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía local, a partir de la denuncia recibida por Carabineros de la Tercera Comisaría de Cañete. Las primeras diligencias fueron encargadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

El delegado presidencial en la región del Biobío, Patricio Kuhn, confirmó que el hecho fue una "emboscada" y aseguró que en el lugar no había una faena forestal "formal".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, lamentó el hecho y aseguró que se repite el mismo "modus operandi" de otros hechos de violencia en la zona: "Es una zona de muy difícil acceso, donde han ocurrido otros eventos parecidos en el corto plazo, es un lugar muy boscoso, con mucha dificultad de acceso".

Delgado reafirmó la postura del gobierno de no dialogar con grupos violentos, contrastando con la apertura que han manifestado desde el entorno del presidente electo Gabriel Boric. "¿Vamos a dialogar con un encapuchado que ingresa con armamento de grueso calibre a un predio donde trabajan personas y disparan a mansalva? Nuestra respuesta siempre ha sido categórica, no, con ellos no vamos a dialogar", sentenció.

Segundo ataque

Horas más tarde, un segundo ataque armado cobró la vida del conocido agricultor y presidente de la Junta de Vigilancia de Alboyanco en Angol, Joel Ovalle, de 68 años.

Según versiones preliminares de Carabineros, el parcelero circulaba en su camioneta por la ruta R-340, que une Alboyanco con Collipulli, en la región de La Araucanía. Al detenerse en un cruce, un grupo de individuos que lo seguía en otro vehículo se bajó del móvil y disparó en seis oportunidades a Ovalle para luego escapar.

La víctima fue trasladada al Hospital de Angol con un impacto de bala en su cabeza, falleciendo horas más tarde.

Al igual que en el caso anterior, la Fiscalía local ordenó las primeras diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

El agricultor ya había sido objeto de otros atentados. Sin embargo, había manifestado su intención de permanecer en la zona e incluso defenderse ante otros ataques que pusieran en riesgo su vida o la de sus trabajadores.

La fatal jornada coincidió con la votación en el Congreso de una nueva prórroga del Estado de Excepción en la macrozona sur (ver recuadro). En ese contexto, hubo muestras de repudio a la violencia.

"ausencia del estado"

"Nadie podría negar que en nuestra zona hay una ausencia del Estado", lamentó la senadora por La Araucanía Carmen Gloria Aravena (ind.). "Nadie puede hablar de legítimas reivindicaciones ni hacer un llamado a dialogar con terroristas, porque cuando se dialoga con delincuentes ganan los delincuentes y pierde el Estado", manifestó.

Por su parte, el diputado por la región del Biobío Enrique van Rysselberghe (UDI) lanzó una dura crítica al trabajo realizado por la Fiscalía en la zona. A su juicio, la institución "ha fracasado en su misión de perseguir y erradicar a los grupos narcoterroristas que operan en la macrozona sur".

"La Fiscalía Nacional ha mantenido una actitud inerte durante todos estos años, permitiendo que crezca el número de terroristas en nuestra zona, quienes actúan con total impunidad", añadió.

El legislador solicitó a dicho organismo la designación de un fiscal especial para indagar la muerte del joven de 22 años en Cañete.