Recientemente se ha anunció la cuarta inoculación contra el COVID-19 por parte del Ministerio de Salud, y aunque a todas luces es un gran logro para el sistema de salud de nuestro país y una de las principales herramientas para combatir la pandemia, no es suficiente si no se promueve la inmunización a nivel global.

Hace algunos meses escuchábamos a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordar incansablemente a los países desarrollados e industrializados su obligación moral de suministrar vacunas contra el coronavirus a los países más pobres del mundo.

A finales de noviembre del 2021, solo 3 de 100 personas estaban vacunadas en los países más pobres y esto propició el aumento de los casos y la detección de la variante ómicron en el sur de África. Por otro lado, en Chile el 92,2% de la población objetivo se encuentra completamente inmunizada y se ha asegurado el suministro de vacunas necesarias para toda la población.

Esto sin duda muestra las grandes desigualdades que existen en el acceso a atención en salud; pues como lo han señalado varios expertos, el dejar fuera a los países más pobres es un caldo de cultivo para nuevas mutaciones del virus.

En este sentido, el Art. 25 de la declaración universal de DDHH aborda el derecho a la salud estableciendo que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios".

Entender la salud bajo un enfoque de derecho, significa que los Estados están disponibles a afrontar y corregir las desigualdades existentes en el sistema salud, orientando las políticas públicas a mejorar progresivamente el derecho al goce de la salud de las personas. Sin embargo, esto no solo implica acciones locales, sino que involucra la comunicación y cooperación activa con aquellos lugares (nacionales e internaciones) donde las brechas son aún mas grandes.

En el contexto actual, resulta esencial la cooperación internacional para asegurar la inmunización global contra el covid-19 y que esta asegure la no discriminación a la hora de la inoculación, la calidad en la atención en salud y la disponibilidad de recursos que permitan acortar las distancias en relación con el manejo de la pandemia.

Este es un problema global que necesita la cooperación de todos para superarlo. Pero para ello, es necesario comprender que no es posible el goce efectivo del derecho a la salud, si otras comunidades y otros países no pueden acceder a él.

Nuestra Región tiene la gran oportunidad de convertirse en un clúster de la electromovilidad (actividad industrial trascendente para detener el cambio climático) y mucho más. Tenemos condiciones únicas en el mundo al tener energía limpia, barata y eterna (que nos entrega un abanico de nuevas posibilidades de industrialización), somos importantes productores a escala global de cobre y litio, y con las mayores reservas mundiales de estos minerales, fundamentales para la industria de la electromovilidad.

Se agrega que la industria automotriz rápidamente está mutando a la electromovilidad (se proyecta que para el 2030 el 45% de los vehículos serán eléctricos), anticipando riesgo de abastecimiento de estos minerales claves, ante lo cual la mejor estrategia de la nueva industria automotriz es apuntar a la integración vertical, que mejor sería hacer joint venture con el Estado de Chile para convertir Antofagasta en un clúster de la electromovilidad y que sea parte de la industria global, construyendo motores eléctricos y más.

El Estado de Chile es dueño de la mayor empresa minera de cobre del mundo Codelco y del 43% de las reservas mundiales de litio, se suma el tener la potestad exclusiva de la planificación física, que ordena y racionaliza los recursos e infraestructuras de un territorio, que es imposible que lo pueda lograr el sector privado para cambiar nuestra actividad económica.

Se prevé que para el 2030 el 80% de la demanda por este mineral será la industria de la electromovilidad, además para construir un auto eléctrico se usa cuatro veces más cobre que uno de combustión.

Es inexplicable que un gobierno en su término, llame licitación a puertas cerradas y que será reemplazado por otro que tiene quizás otra mirada de desarrollo y lo más para nosotros sin considerar la Región, negando nuestra principal problemática: "Todo lo que se haga por el desarrollo de la Región es música, sino logramos cambiar la economía extractiva, de enclave, que no se relaciona con el territorio." Se llame a una licitación por la exploración y explotación de un recurso tan estratégico global, con un plazo tan corto de tres meses.

Es una falta de respeto a la Región al no considerarla y a la Cámara de Diputados que fijó una sesión especial para tratar la licitación del litio con el ministro de Energía y Minería Juan Carlos Jobet, llegue una hora atrasado y con dos cuotas de cinco ya adjudicadas, lo que obligó a los diputados hacerla fracasar por quorum. Espero que la justicia pueda detener esta inmoralidad y que la próxima licitación los intereses del nuevo Gobierno Central sean los mismo que los de la Región.

Emile Ugarte Sironvalle

Arquitecto

La adjudicación de dos de las concesiones para exploración y explotación del litio, otorgada por el gobierno, tuvo un fuerte rechazo en la Región de Antofagasta, principalmente por dos aspectos. El primero de ellos el momento elegido para concluir el proceso, a pocas semanas de entregar el mando y lo segundo, la falta de diálogo con las comunidades involucradas y otros actores sociales.

Fueron legisladores, agrupaciones indígenas, autoridades comunales y representantes de la sociedad civil quienes ya habían anticipado que lo mejor era que la licitación se dejara en manos del gobierno que asume en marzo. Habría más tiempo para analizar y ver nuevas condiciones de los contratos propuestos de extracción de 400 mil toneladas del mineral.

No obstante, la mañana del miércoles se informó la adjudicación de dos de las cinco concesiones ofertadas a un conglomerado internacional y otro chileno, dejando fuera a SQM y Albemarle, firmas de mayor experiencias y líderes en el rubro a nivel país. Las adjudicatarias fueron las que lograron presentar las ofertas más atractivas y por ende se decidió la entrega.

La noticia causó molestia y el rechazo transversal se hizo presente, pero lo obrado por el gobierno se ajusta a las bases y a las facultades que tiene para realizar este tipo de concesiones. Todas legisladas y latamente analizadas debido a la trascendencia que tiene hoy el litio, la que será aún mayor en el futuro.

Recurrir a instancias internacionales o invalidar el proceso por la vía judicial es lo que analizan los detractores, quienes hacen hincapié en que las bases del proceso no son del todo claras y hay dudas respecto a los beneficios. Aseguran que seguirán dando la pelea para que se revierta y se abran nuevas instancias para la explotación de este metal estratégico.

Es innegable que los objetivos perseguidos por las actuales autoridades de potenciar la presencia de Chile en el mercado del litio, y una fórmula es atrayendo capitales para que se explore y explote. De esta manera seguir marcando un camino, una preponderancia y siendo actores principales en los aspectos mercantiles.

El fondo es positivo, porque genera ingresos y supremacía, pero no es menos cierto que hoy ya no bastan solo los fines benéficos, también se requiere estar en armonía con el medioambiente y con las comunidades que quieren dejar de ser espectadores y convertirse en protagonistas de las decisiones, no con afanes obstruccionistas, sino como aportes desde la visión territorial.