Pensión Garantizada Universal
Si bien la Pensión Garantizada Universal (PGU) tiene un acuerdo político transversal, existe un riesgo para su aprobación a partir de la indicación propuesta por la Cámara de Diputados para su financiamiento con el "impuesto a los superricos", materia exclusiva del Poder Ejecutivo.
Nuevamente vemos un gallito por parte de la Cámara de Diputados, al atribuirse elementos que no le competen, poniendo en riesgo una reforma al pilar solidario tan esperada por nuestros pensionados de clase media, más aún considerando que el impuesto a los superricos lo puede poner en tabla en pocos meses el Presidente electo Gabriel Boric.
Por otro lado, la eficiencia de los impuestos destinados a la PGU es altísima, pues cada peso que llega a los pensionados vuelve rápidamente a la economía, a diferencia de otras reformas carísimas, como la de educación superior, donde muchos estudiantes no terminan sus carreras, o bien se cambian de carrera.
Hoy es el tiempo de nuestros adultos mayores, siempre postergados, por lo que hay que sacar adelante, sí o sí, la pensión garantizada universal.
Eduardo Jerez Sanhueza
Ministerio del Mar
La semana pasada conocimos otra resolución parlamentaria solicitando al Ejecutivo que presente un proyecto de ley para la creación de un Ministerio del Mar. Durante varias décadas y en diferentes gobiernos existieron iniciativas públicas y legislativas que debatieron este esencial tema. También ha habido diferentes iniciativas públicas y gubernamentales proponiendo entidades como la "Comisión Nacional del Mar" (1986), un "Consejo Permanente Supranacional" (2018) o el "Consejo de los Mares" (2020).
Los hechos constatan que hay consenso sobre la necesidad de contar con una entidad coordinadora de organismos con competencias asociadas a la actividad marítima. Teniendo presente dicho consenso y que en las últimas décadas se han creado más de siete ministerios, pareciera conveniente implementar una institucionalidad tipo Consejo Ejecutivo, pequeño y eficiente, que asesore al más alto nivel al Presidente de la República en estas materias, supervisando la implementación efectiva de los enormes desafíos que demanda nuestro patrimonio oceánico.
Carlos Fanta De la Vega
Grafitis y rayados
En varias ciudades del país, los grafitis y rayados están causando un gran perjuicio. Son una forma de violencia física, por cuanto causan daños materiales a fachadas de edificaciones, deteriorando las propiedades, el paisaje urbano y la actividad económica en su conjunto.
También son un atentado a la propiedad. Por tanto, son delitos que deben ser repudiados, denunciados y castigados por la Justicia y autoridades en forma clara y firme.
Personas y más aún autoridades que justifiquen o validen estos actos calificándolos como una forma de expresión, asumen un grado de complicidad pasiva frente a estos delitos y contribuyen a dar señales de impunidad a los delincuentes que los cometen.
Para que el país progrese y lo haga en forma civilizada, es esencial avanzar en un mayor nivel de desarrollo humano, lo cual comienza por la toma de conciencia del Estado y las autoridades en el rol de difundir, educar y hacer cumplir la cultura del valor del respeto.
Mauricio Moltedo M.
Seguridad privada
El 12 de enero, en el editorial, abordaron el desafío que significa enfrentar los delitos violentos y con razón, ya que con estupor hemos visto estas últimas semanas noticias sobre tiroteos en medio de plazas, playas y calles, que interrumpen y afectan la vida normal de las personas. Ante esto, las autoridades comunales han emplazado al Gobierno a tomar medidas urgentes para enfrentar los graves problemas de seguridad que afectan al país.
Desde la Asociación de Empresas de Seguridad y Transporte de Valores (Aseva), esperamos conocer las nuevas medidas que tomará el Gobierno y en especial la estrategia con que enfrentará la nueva administración estos desafíos tan demandados por la comunidad, que deben ocupar la participación de todos los actores que generamos prevención y seguridad.
Creemos que la seguridad privada puede ser un aliado fundamental, pues somos un coadyuvante de la seguridad pública. En el contexto de ese rol, creemos que es necesario modernizar el marco regulatorio del sector, para establecer con claridad atribuciones, mayores facultades, responsabilidades y deberes que permitirían descomprimir algunas tareas menores de las policías para hacer frente con mayor eficacia a problemas graves como los que hemos visto recientemente.Por eso, reiteramos nuestra disposición a seguir discutiendo el proyecto que busca regular al sector de la seguridad privada, para que así existan lineamientos claros y modernos para aportar al cuidado de la ciudadanía. Hoy, Chile espera soluciones integrales en materia de seguridad y creemos que en ese contexto, la Ley de Seguridad Privada debe ser una urgencia.
Aldo Vidal Vocero Comité Técnico de la Asociación de Empresas de Seguridad y Transporte de Valores (Aseva)