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Durante la jornada de ayer se conoció la resolución de la Corte Penal Internacional donde notificó a Chile sobre su decisión de no iniciar una investigación tras la presentación de antecedentes contra el presidente Sebastián Piñera por presuntos delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones del denominado estallido social del 18 de octubre de 2019.

La resolución se realizó luego de que la ONG Comisión Chilena de DD.HH., el ex juez Baltasar Garzón y la organización italiana CRED presentaran ante el fiscal general de la CPI una solicitud de investigación contra el Estado de Chile, el presidente Sebastián Piñera, los ex ministros del interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; los ex ministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes; el ex general director de Carabineros Mario Rozas y el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, apuntando a que los hechos de violencia policial contra manifestantes eran sistemáticos.

Según consignó El Mercurio, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que "después de evaluar todos los antecedentes disponibles, (la CPI) descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas".

Los candidatos

Ante la resolución hubo diversas reacciones entre los aspirantes a La Moneda. Mientras Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) la calificó como "lamentable, porque todos los chilenos y chilenas fueron testigos cómo el presidente Sebastián Piñera le declaró la guerra a su propio pueblo", el candidato José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) sostuvo que "el presidente Piñera tiene todo el derecho a plantear en todas las instancias que él no ha cometido ninguna violación de los derechos humanos".

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que, tras remitir los antecedentes de lo ocurrido, la decisión es justamente de no iniciar esta investigación, laque, según él, "confirma que las instituciones en nuestro país funcionan".

En tanto, el vocero de Gobierno Jaime Bellolio, explicó que esta resolución confirma lo que hemos dicho durante todo este tiempo: "aquí no hay una política sistemática de violación a los derechos humanos. Queda ratificado por la corte más importante en esta materia".