José Francisco Montecino L. cronica@mercurioantofagasta.cl

Un terremoto político en el oficialismo -y principalmente en Renovación Nacional (RN)-, provocó la detención de un militante de dicho partido acusado de pertenecer a una banda de narcotraficantes. El militante ejercía el cargo de supervisor del sistema de drones de vigilancia implementado en Antofagasta por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El exfuncionario, identificado como W.P.B., fue detenido durante la semana pasada junto a otras tres personas con 25 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, valorizados en $154 millones, según informaron desde la Fiscalía. Los imputados iban en dos vehículos en la intersección de la ruta B-25 con la Ruta 5, cuando fueron interceptados por carabineros del OS-7. En uno de los automóviles llevaban pegado un logo gubernamental falsificado.

El delegado presidencial Daniel Agusto declaró que, apenas conocidos los hechos, "se le dio inmediatamente término al contrato de trabajo de este funcionario involucrado, y se inició un proceso de transformación e investigación total interna", y declaró que "junto con el equipo jurídico, interpondremos acciones legales en contra del exfuncionario involucrado, porque no vamos a tolerar este tipo de hechos".

Aún con lo anterior, se solicitó información tanto a Delegación Presidencial como a la coordinación regional de Prevención del Delito, para conocer antecedentes respecto a la contratación de esta persona, de qué forma llegó al cargo y a qué clase de información tuvo acceso. Sin embargo, declinaron emitir comentarios, debido a que la investigación está en curso.

Terremoto en RN

Lógicamente, el partido que se vio más complicado fue RN, en donde tres candidatos al Congreso salieron a desmarcarse del imputado y condenaron la situación durante la jornada de ayer. Esto también debido a que existen sindicaciones de que W.P.B. trabajaba en uno de los comandos durante estas elecciones. Declaraciones que incluso vinieron desde el lado oficialista.

Katherine López, postulante al Senado por la UDI, señaló en un video publicado en su Instagram que "estos hechos revisten una profunda gravedad, dado que el funcionario era pieza clave, no solo en términos laborales, sino que también electorales. Es sabido su trabajo político-territorial para actuales candidatos, dado a que formaba parte del círculo de confianza de la cúpula y candidatos de RN".

La acusación también fue hecha por el gobernador regional, Ricardo Díaz, quien dijo que "es importante conocer todas las aristas que esta detención puede tener. Sobre todo cuando se detectaron militantes de partidos políticos del gobierno con activa participación en campañas siendo procesados como imputados". Y agregó que exigirá un informe de licitaciones de drones que operaba el ahora exsupervisor.

Uno de los postulantes al Parlamento por RN que se pronunció al respecto fue el exintendente y candidato al Senado, Marco Antonio Díaz. Este aseguró que "desde siempre (W.P.B.) ha sido muy activo al interior del partido. Sin embargo, no existe una relación personal con él ni es parte de los equipos de mi campaña senatorial". Además, manifestó que solicitó a la directiva partidista que se expulse al imputado, y que "si así no ocurre dentro de las próximas 48 horas, me veré en la obligación de presentar mi renuncia a la militancia".

El diputado José Miguel Castro (RN) -quien va a la reelección- comunicó que pidió a la Subsecretaría de Prevención del Delito que se apliquen las máximas sanciones que establece la legislación vigente, además de poner "especial atención en las futuras contrataciones", y añadió que "seremos parte de todas las querellas que se realicen".

Su compañera de Cámara, Paulina Núñez (RN) -que busca un cupo en el Senado-, afirmó que "se debe llevar adelante todas las acciones que aseguren que nunca más un narcotraficante se infiltre en el Estado", y sentenció que "me sumaré con todo el rigor de la ley a perseguir a estos miserables. Me voy a querellar".

Otro trascendido por grupos de redes sociales vinculaba al actual consejero regional y expresidente local de RN Guillermo Guerrero como una de las personas que potenció la carrera de W.P.B. Sin embargo, el también postulante a la reelección negó cualquier vínculo con el acusado, y declinó emitir más comentarios.

Otra consejera regional que se desmarcó de conocer al imputado fue Katherine San Martín, quien tiene a W.P.B. en su lista de contactos en la red social Facebook. "No, no somos amigos. Ni he participado en actividades (junto con W.P.B.)", y agregó que "hay que depurar el sistema de ese tipo de personas".

Reacciones

Las reacciones en el resto del mundo político regional tampoco esperaron. Por ejemplo, el consejero Eslayne Portilla (PRI) declaró que "es importante que dé un paso al costado la coordinadora de este sistema de funcionamiento de drones, debido a la responsabilidad de no filtrar información".

Su par Andrea Merino (PS), manifestó que "este señor trabajaba en la coordinación del servicio que teníamos para prevenir estos delitos. Y por lo que vemos, ellos trabajaban para los narcos".

Asimismo, la consejera Sandra Pastenes (PS) sostuvo que "el delegado presidencial, que tiene a su cargo los temas de seguridad, debe también dar explicaciones y proponer medidas y planes para asumir la resolución del problema".

También emitieron comentarios los parlamentarios de oposición. El senador Pedro Araya se refirió a lo comunicado por Paulina Núñez, y sentenció que "yo esperaría que ella no tome palco en esta situación y más que condenar, le dé una explicación a toda la comunidad por lo que acontece, considerando que alguien de sus mismas filas políticas está involucrado en este delito".

La diputada Marcela Hernando (PR) declaró que "si es necesario una comisión investigadora, de todas maneras invito a todos mis colegas parlamentarios de la zona a convocar a una reunión urgente del Ministerio del Interior y las policías en nuestra zona, y que no nos marginen por ser de oposición".

El diputado Esteban Velásquez (FRVS), por su parte, comentó que "este caso se requiere el máximo de investigación, con toda la rigurosidad posible, para que llegue a resultados concretos, y las sanciones administrativas y penales que correspondan".

En tanto, el exfuncionario público W.P.B., según figura en su causa, pidió su traslado a un penal de Ovalle para cumplir la prisión preventiva que actualmente mantiene por orden del tribunal de garantía de Antofagasta.

"Es sabido su trabajo político-territorial para actuales candidatos, dado a que formaba parte del círculo de confianza de la cúpula y candidatos de RN".

Katherine López, Candidata al Senado UDI.

"Se debe llevar adelante todas las acciones que aseguren que nunca más un narcotraficante se infiltre en el Estado".

Paulina Núñez, Diputada RN