Supervisor de drones de vigilancia vinculado a una banda narco golpea a RN
POLICIAL. Desde el partido anunciaron iniciar inmediatamente la solicitud para su expulsión. En tanto, la Delegación Presidencial también puso término al contrato del funcionario impuitado.
A raíz del caso que involucra a un funcionario de gobierno, supervisor del sistema de drones de vigilancia implementado en Antofagasta por la Subsecretaría de Prevención del Delito, vinculado a una banda de narcotráfico, se dieron a conocer más detalles del imputado: Es militante del partido Renovación Nacional (RN), siendo cercano a la cúpula regional del mismo.
María Bernarda Jopia, presidenta regional de RN, anunció la inmediata expulsión del militante, porque "nos parece que el delito es de extrema gravedad y, además, que él hizo uso de logos (de Gobierno), aunque no sean los logos propiamente tal, pero sí se valió de su cargo para cometer este delito que es agravante, por lo tanto, nosotros pensamos que él debe ser expulsado cuanto antes del partido".
Argumentando que ello los "pilló a todos por sorpresa", reconociendo que es un tema delicado, "pero no tenemos que tener diferentes discursos, ni tibios ni nada, no lo queremos en nuestro partido como militante. Él era un funcionario más, así lo veíamos, y por supuesto que no estaba en conocimiento de nadie de que él estuviese cometiendo este delito tan tremendo", precisó Jopia.
Para hacer efectiva su desvinculación del partido, deben elevar una solicitud a Santiago para que lo vea la directiva, la comisión política y el tribunal supremo de la misma coalición, "estas cosas siempre demoran más de lo que uno quisiera, no va a ser ni mañana ni pasado, pero nosotros ya lo consideramos, con el solo hecho de elevar la solicitud, de que él es una persona que en el término de la semana va a dejar de pertenecer a nuestro partido. Desgraciadamente fue en días de fin de semana, pero el martes ya debería de estar llegando, el correo está listo para que se vaya a Santiago", finalizó.
Antecedentes
La presunta participación del funcionario estatal en los hechos radica en que, en el interior del vehículo que él conducía, "llevaba una parte muy importante de la droga, 23k de marihuana, dos armamentos modificados y aptos para disparar, eso significa que son armas prohibidas, y munición. Lo que ha llamado más la atención es que el vehículo llevaba un logo del Gobierno de Chile, que ahora está incautado, y una credencial que dejaba ver que efectivamente esta persona era de la central de televigilancia que funciona en el tercer piso del edificio de la Delegación Presidencial", detalló el fiscal jefe de Sacfi, Juan Castro Bekios.
Tras esto, se decretó el secreto de la investigación, por lo que, "si manejaba los drones o si solo supervisaba, y cuántas veces lo hizo y en qué caso, todo eso, es justamente materia de investigación. Evidentemente que queremos saber si estuvo en algunos de los procedimientos que llevamos nosotros mismos o en otros, y ver hasta dónde tenía conocimiento preciso de los lugares donde se hacían los vuelos de los drones", sostuvo el fiscal.
En consecuencia, la Fiscalía lo formalizará por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas, tenencia ilegal de municiones, utilización de la patente de otro vehículo, entre otros. Por ello se solicitó como medida cautelar, mientras dure el plazo de investigación, la prisión preventiva del imputado por ser "un peligro para la seguridad de la sociedad", finalmente fijándose un plazo de investigación de 100 días.
Desde la Delegación Presidencial Regional, a través de un comunicado, declararon que esta conducta es "inaceptable e intolerable, y no permitiremos que estas acciones perjudiquen el trabajo que como Gobierno hemos estado realizando en el combate contra la delincuencia en nuestra región". Es por ello que, apenas se tomó conocimiento sobre la situación, "el miércoles 27 de octubre se le dio inmediatamente término al contrato de trabajo del funcionario involucrado. Finalmente, el equipo jurídico de la Delegación se encuentra evaluando si como Gobierno interpondremos acciones legales en contra del ex funcionario involucrado".
"Nos parece que el delito es de extrema gravedad y, además, que él hizo uso de logos (de Gobierno), aunque no sean los logos propiamente tal, pero sí se valió de su cargo para cometer este delito que es agravante"
María Bernarda Jopia, Presidenta Regional de RN