Cristián Venegas M.

El miércoles de la semana pasada el Ministerio de Minería, que encabeza el biministro Juan Carlos Jobet, anunció una convocatoria para la suscripción de nuevos Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), con el fin que empresas nacionales y/o extranjeras exploren y produzcan 400.000 toneladas de litio en territorio nacional en un proceso que se extendería por hasta 29 años.

Llamado que la cartera sustenta en las proyecciones que indican que la demanda de carbonato de litio se cuadruplicará a 2030 por efecto de la expansión de la electromovilidad y las tecnologías verdes, y ante el riesgo de ceder el segundo lugar de la participación de mercado a China, como sucedió después del año 2012 con Australia.

Bajar la licitación

Conocida la iniciativa, la diputada por la Región de Atacama, Daniella Cicardini (PS), quien es integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, envió un oficio de fiscalización a la Contraloría y al ministerio de Minería, con el fin de establecer los argumentos para realizar una licitación de explotación de litio por la vía privada y no se avanzó en una política pública para que sea el propio Estado el que lidere la producción, dándole además un valor agregado al recurso.

"Se levanta una nueva licitación para entregar este recurso estratégico a privados, y además se hace a último minuto y esto es un atentado, no solo a lo que puede resolver el día de mañana la Convención Constitucional que perfectamente podría resolver a que avancemos hacia la nacionalización de nuestro recursos; sino también a lo que pueda resolver el día de mañana el Congreso con un proyecto de ley que establezca, por ejemplo, la empresa nacional del litio, que también es una demanda legítima levantada desde los territorios", sostuvo la parlamentaria.

Bajo esa lógica, Cicardini agregó que "le pedimos expresamente al Gobierno que retire inmediatamente esta licitación del sistema porque es un daño al Estado chileno y queremos que Contraloría se pronuncie, que nos dé claridad sobre si efectivamente hay algún vicio de por medio, de constitucionalidad, de legalidad, de probidad o transparencia y las futuras consecuencias que podría ocasionar al Estado de Chile".

Versión del ministro

Por su parte, el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, coincidió en su crítica a la convocatoria y adelantó que el ministro Jobet ya está citado a la Comisión para exponer sobre el aumento mundial del precio del petróleo y las medidas de mitigación que tomará el Gobierno; oportunidad en que se le pedirá referirse a la licitación para explorar y explotar litio.

El ex alcalde de Calama dijo además que el nuevo proceso de concesión le parece muy similar al acordado por el Gobierno de Michelle Bachelet entre Corfo y SQM, y agregó que "el Gobierno no tiene ni la espalda ni legales ni de legitimidad para hacer este tipo de procesos. Se está discutiendo una nueva constitución y, por lo tanto, ahí estará establecido el verdadero valor que se le dará a los recursos naturales. Me parece que se está ocupa un subterfugio para llevar adelante esta licitación".

Velásquez dijo además que a su parecer en esta convocatoria hay intereses políticos y económicos más que una política de Estado, las que "se están discutiendo hoy en el proceso constituyente y no vamos a permitir que suceda, y como presidente de la Comisión de Minería, utilizaremos todas las herramientas legales que tenemos para impedir que se lleve adelante esta licitación e incluiremos este tema en la visita del ministro".

Desde el ministerio explicaron, sobre la convocatoria de los CEOL, que "no podemos seguir desperdiciando tiempo en un mundo que avanza rápidamente. Tenemos una tremenda oportunidad para desarrollar industrias estratégicas, como es la industria del litio y, de esta manera, potenciar encadenamientos productivos que favorezcan a los territorios donde los proyectos estén insertos. Queremos desarrollar esta industria con una mirada de futuro, repensando la forma de hacer minería y enfocando los esfuerzos en mejorar los procesos, aportar a la lucha contra el cambio climático y, de paso, reducir nuestra huella de carbono".

De acuerdo al último balance del ministerio de Minería y del Servicio Nacional de Minería y Geología (Sernageomin), sobre los principales avances que ha tenido la industria en materia de seguridad en las faenas mineras, la tasa de fatalidad ha disminuido un 75% gracias a una cultura de la seguridad que se vio potenciado desde el accidente de los 33 mineros de Atacama.

"En los últimos 10 años la minería chilena de todos los tamaños -la pequeña, la mediana y la gran minería- ha hecho avances muy importantes en materia de seguridad minera. Hemos reducido en 75% la fatalidad, 80% en la pequeña minería gracias al esfuerzo de muchos actores, de las empresas, las demás reparticiones públicas, pero sobre todo de los propios trabajadores mineros", explicó el ministro Juan Carlos Jobet.

Asimismo, enfatizó la necesidad de proyectar esos esfuerzos hacia el futuro y recordó que la Política Nacional Minera 2050 (PNM), tiene a la seguridad como una de sus principales metas "para proyectar la minería de nuestro país como una minería más competitiva, más sustentable, pero sobre todo más segura para los trabajadores".

Por su parte, el director nacional de Sernageomin, Alfonso Domeyko, destacó la baja en las cifras de accidentabilidad y especialmente el trabajo realizado por la pequeña minería por mejorar la seguridad. "Ha hecho un esfuerzo importante en transformaciones, en adquirir tecnología y poner un esfuerzo real en cuidar a los trabajadores y trabajadoras, además de las operaciones. Toda esta baja en la accidentabilidad y fatalidad tienen como factor común la cooperación entre trabajadores, el Estado, a través del Ministerio de Minería, el Congreso y los presupuestos que ha otorgado a Sernageomin, y los funcionarios, comités paritarios y sindicatos".

Estadísticas

En el lapso de una década, entre el año 2010 y el año 2020, las personas fallecidas en la industria extractiva minera han disminuido desde 45 al año a 13. A junio de 2021, en tanto, esa cifra es de 7 personas. En ello han influido la cada vez más exigente cultura de seguridad que han adoptado las compañías mineras, el autocuidado de los trabajadores de la industria y el fortalecimiento de Sernageomin, que pasó de realizar 2.586 fiscalizaciones en 2010 a 10.483 en el año 2020, un aumento de 305%. A junio de este año ya se han cursado 6.695 fiscalizaciones, detallaron.