Redacción

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó un recurso de apelación presentado por Antofagasta Terminal Internacional (ATI), y con ello confirmó que la estatal Empresa Portuaria de Antofagasta (EPA) no está obligada a pagar el "valor residual" de una serie de obras realizadas por ATI, entre las que se cuentan el polémico galpón de concentrado de cobre que en su momento generó protestas ciudadanas.

ATI y EPA acudieron a una instancia arbitral luego que la primera pidiera que EPA le pagara alrededor de 66 millones de dólares por los proyectos "Refuerzo Sitio 6 y Mejoramiento y Extensión Sitio 7 del Puerto de Antofagasta" y "Proyecto Terminal de Recepción, Acopio y Embarque de Concentrado de Cobre Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera (SCM)", ya que -argumentaba ATI- ambos quedarán en manos de EPA una vez termine la concesión.

El pago por parte de EPA del "valor residual" de las obras, está estipulado en el contrato y se calcula descontando del costo inicial, su depreciación. Pero en este caso según el juez de primera instancia y la Corte de Apelaciones, no se cumplían los requisitos para este pago.

En primera instancia el juez arbitral Víctor Vial del Río, falló a favor de la estatal EPA, lo que fue confirmado por la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Óscar Clavería Guzmán, Jasna Pavlich Núñez y Juan Opazo Lagos-, al desechar que los trabajos realizados se aparten de los términos del contrato de concesión suscrito entre las partes en 2003, el cual tenía por objetivo el desarrollo, mantención y explotación del frente de atraque del puerto de Antofagasta.

La pretensión de ATI se basaba en que la infraestructura desarrollada en el puerto, a pesar de haberse construido en el caso del galpón en el marco del contrato con otra empresa privada, Minera Sierra Gorda, quedará para provecho del Puerto de Antofagasta.

Pero la Corte estimó que no hubo por parte de ATI información clara hacia EPA respecto a que pretendería una vez realizadas las obras, obtener "valor residual" por estas.

Concesión

Cabe recordar que ATI opera el puerto a través de una concesión que se inició en 2003 y que tiene un horizonte de 20 años, "extensibles a 30 años si se desarrollan obras de infraestructura adicionales a las obligatorias indicadas en el contrato de concesión firmado por la empresa portuaria de Antofagasta (EPA)".

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien además fue parte del movimiento que se opuso en su momento a la construcción del galpón, sostuvo respecto a este fallo que "Me parece que esto demuestra la arrogancia de ATI que formuló un proyecto sin ninguna consideración social. El galpón no aporta nada en la mejora portuaria de embarque al puerto de Antofagasta y sin el sistema de rotainers el galpón resulta inútil. El rotainer incluso sirve para carga de granos y ahí se abre todo una línea de desarrollo de otro tipo de carga para el puerto que es lo que debimos aportar siempre porque solamente un puerto minero, económicamente no es sostenible", sostuvo la autoridad.

Fallo

En su sentencia, la corte sostiene que "la lógica más elemental lleva a concluir que ATI al momento de comenzar su proyecto de construcción del galpón y accesorios, en compromiso con una empresa minera para la carga o descarga de material, debió efectuar una prevención o mención relacionada con la idea que se trataba de un aporte de infraestructura como requisito para iniciar el procedimiento para obtener el valor residual".

En la resolución también se argumenta que "nada se ha comprobado respecto a que el valor (de la obra) vaya a subsistir, más allá de la fecha de restitución para evitar el enriquecimiento de la demandada".

Desde ATI por su parte informaron que tras el fallo, están evaluando los próximos pasos a seguir.

"Me parece que esto demuestra la arrogancia de ATI que formuló un proyecto sin ninguna consideración social. El galpón no aporta nada en la mejora portuaria de embarque al puerto de Antofagasta".

Ricardo Díaz, gobernador regional

Con el objetivo de resguardar las obras sin terminar del Complejo Deportivo Escolar Corvallis y poder realizar un nuevo llamado a través de la modalidad de trato directo para retomar el proyecto, la Dirección Regional de Arquitectura del MOP contrató servicios de seguridad para la vigilancia del recinto. La noticia fue entregada por las autoridades del MOP en el marco de una inspección realizada a la construcción del Complejo, la cual ya cuenta con la implementación de un servicio de seguridad dispuesto las 24 horas.

"El objetivo es poder resguardar las obras y generar un escenario más propicio para realizar un quinto llamado para poder dar término a estas obras", indicó el seremi del MOP, Patricio Labbé Lagunas, quien detalló que se actualizará el catastro de deterioros y se generará un presupuesto referencial más acabado para un mejor análisis de los contratistas y obtención de ofertas más ajustadas a la situación actual del inmueble.

Tras la autorización por parte del mandante, para la utilización de las garantías del proyecto con el fin de pagar el servicio de seguridad y después de dos procesos de licitación realizados a mediados de este año 2021, se logró contratar el servicio para el resguardo del inmueble.

Tras el estallido social de octubre del 2019 -durante las protestas en la Avenida Salvador Allende- la obra fue vandalizada en reiteradas ocasiones, a lo que se sumó el abandono por parte de la empresa contratista. A pesar de la solicitud de Arquitectura del MOP para que la empresa retomara el contrato, hubo una nula respuesta.