Redacción

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, iniciativa que busca contar con más herramientas para que los padres cumplan con su obligación de pagar lo que deben por concepto de mantención de sus hijas e hijos.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, celebró la aprobación del texto, que quedó en condiciones de ser promulgado, señalando que el objetivo es "que los papitos corazón se acuerden de sus hijas e hijos en la vida cotidiana y no solamente para la foto". El secretario de Estado añadió que "a quienes no paguen sus deudas se les hará la vida imposible".

Integrarán el registro quienes deban tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivas, o cinco discontinuas.

Entre las principales medidas que contempla la nueva norma, destacan las retenciones que se realizarán a los deudores por distintas vías con el fin de lograr el pago forzoso de lo adeudado.

Por ejemplo, al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda. Durante el proceso de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República también retendrá parte del dinero que se adeude.

Además, si el deudor vende un inmueble o un vehículo, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, respectivamente, podrán inscribir el traspaso solo en la medida que se les acredite que con las ganancias se pagarán los alimentos.

Por otra parte, los organismos del Estado que quieran realizar contrataciones, promociones o ascensos de su personal, deberán consultar previamente el registro y, en caso de que la persona en cuestión sea deudora, para acceder al cargo se le retendrá un porcentaje de su sueldo para pagar la deuda de alimentos.

Asimismo, si una persona es despedida de su puesto de trabajo, y a la vez es deudora, pagará la pensión alimenticia a través de la indemnización por años de servicio.

Quienes no estén al día con sus obligaciones en este sentido, quedarán inhabilitados para recibir determinados beneficios económicos o bonos estatales. Ello además de enfrentarse a otros obstáculos como la imposibilidad de obtener licencias de conducir ni pasaportes, a menos que se acredite frente a un tribunal la necesidad de tales documentos.

"Tengo la certeza de que esta ley permitirá cambiar las condiciones de vida de miles de niños, niñas y de sus madres, quienes por años se han visto obligadas a enfrentar solas la mantención de sus hijos e hijas", comentó la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.

Un grupo de 200 venezolanos, aproximadamente, retornaron el lunes a su país desde Chile en el marco del plan "Vuelta a la Patria" del gobierno de Nicolás Maduro. Lo anterior, luego que las autoridades caraqueñas intervinieran ante el desalojo y los actos de violencia que afectaron a migrantes en Iquique.

"Hoy retornan desde Chile 200 connacionales a territorio venezolano, gracias al 'Programa Vuelta a la Patria'. Venezuela les da la bienvenida con los brazos abiertos a sus hijos e hijas", escribió en Twitter el canciller venezolano Félix Plasencia.

El viceministro para América Latina, Rander Peña, publicó un video desde el aeropuerto de Santiago, en el que reitera la condena del gobierno de Maduro a los hechos de violencia vistos en la Región de Tarapacá el 24 y 25 de septiembre.

Peña calificó lo ocurrido como un "trato cruel, inhumano, discriminatorio". "A los venezolanos que retornan el día de hoy decirles que han tomado la mejor decisión. A los venezolanos que se quedan decirles que los esperamos, que todos los venezolanos hacen falta en Venezuela. Sin importar su condición política, religiosa, allá hacen falta", manifestó el viceministro.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su rechazo a los "actos violentos y xenófobos" contra los venezolanos en Iquique, aludiendo al desalojo de los acampados en la Plaza Brasil. "Hubo enfrentamientos entre la policía y las personas migrantes, algunas de las cuales resultaron golpeadas", señaló.

Además, se refirió a la quema de las pertenencias de los migrantes por parte de manifestantes, llamando a las autoridades chilenas a "prevenir y eliminar las prácticas de xenofobia", junto con "investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas".

Los ministros de Interior, Rodrigo Delgado, y de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se encuentran en la Región de Tarapacá para coordinar las acciones gubernamentales en respuesta a la crisis migratoria.

¿Hay algo de nuevo en las revelaciones que se contienen en los Pandora Papers?

En ellos se muestra de qué forma, a través de varias empresas, Piñera y su familia vendieron el proyecto de Minera Dominga.

En el contrato celebrado en Islas Vírgenes el precio de la Minera asciende aproximadamente a 138 millones de dólares; pero una de sus cláusulas dispuso que parte del precio - a pagar en diciembre del año 2011- estaría subordinado a que la zona donde la minera se encuentra no fuera declarada zona protegida. Hasta ahí todo parece razonable. Salvo por un detalle: la declaración de zona protegida de la que pendía el pago de nueve millones de dólares a las empresas de Piñera estaba bajo las facultades del gobierno que este último presidía. En otras palabras, dependía de la decisión del gobierno conducido por Sebastián Piñera que sus propias empresas recibieran ese saldo de precio (si no había declaración de zona protegida) o que no lo recibieran (si esa declaración se formulaba).

El conflicto de interés es flagrante: una misma persona -el presidente- custodiaba intereses contrapuestos. Si declaraba el área protegida, no recibiría el precio restante; si en cambio omitía hacerlo su patrimonio se incrementaba.

Ocurrió esto último.

Por supuesto podrá decirse que el asunto ya fue conocido por la justicia sin que se declarase ilicitud alguna (aunque no resulta del todo claro que la cláusula que se acaba de describir haya sido conocida entonces); y podrá incluso agregarse que ese tipo de cláusulas son habituales en los negocios (puesto que el precio de un proyecto inviable por decisión de la autoridad no es lo mismo que el de uno que carece de restricciones); pero aún así el problema persiste. Porque el problema no es si acaso la cláusula que subordina el precio a que una decisión no se adopte es o no habitual, sino que el problema deriva del hecho que el presidente bajo cuya autoridad estaba la decisión era la misma parte beneficiada con ella.

El presidente ha dicho que él jamás ha abrigado la intención de poner el interés propio por sobre el interés nacional y no cabe sino creerle; pero, de nuevo, ese no es aquí el problema. El problema no es si acaso Piñera deliberó en favor de sus propios intereses y en contra de los intereses públicos. El problema es que él, o aquellos en quienes él depositó su confianza y por los cuales él es también responsable, no vieron problema alguno en un conflicto de interés evidente, un conflicto que salta a la vista ante la más mínima inspección. El conflicto de intereses en que el presidente incurrió consiste en permitir que los intereses propios entren en colisión con aquellos que, en cuanto autoridad, debía tutelar.

Sí, es cierto. En realidad, no hay nada nuevo en estas revelaciones.

Pero ese es justamente el problema. Porque el problema es que la colisión de intereses entre el patrimonio presidencial y las tareas que el electorado le ha confiado ya parece habitual. Es cosa de recordar -nada más- cuán difícil fue en su momento el caso de Lan para advertirlo o el de una olvidada pesquera.

Y entonces ya no se sabe si son sus asesores, la desaprensión del presidente o la amplitud de su riqueza el problema. Lo único claro es que sea porque quienes lo rodean actúan mal (aunque no hay que olvidar que todo dependiente hace lo que supone su mandante aceptaría), sea porque el patrimonio de Piñera es demasiado grande (de suerte que no parece haber rincón donde no incida), sea porque el presidente es desaprensivo (y no comprende la importancia de las formas), lo cierto es que parece haber finalmente una cierta inconsistencia objetiva entre el patrimonio de Sebastián Piñera o su desaprensión o ambas cosas a la vez, por un lado, y la presidencia de la república, por el otro.

Hay cosas que uno anhelaría que fueran novedad.

Y es que cuando son viejas y algo repetidas parecen un síntoma o un tic o una pulsión indomable. Y entonces sí el problema es peor.

"En el caso Dominga se configuró un objetivo conflicto de intereses ¿ninguna nueva revelación? Ninguna; pero ese es justamente el problema.