Alejandro Ahumada Rojo

Al menos 12 demandas por tutela labor contra la Municipalidad de Antofagasta han ingresado en el último mes al Juzgado del Trabajo. Las acciones judiciales corresponden a igual número de ex funcionarios que fueron desvinculados tras el arribo del alcalde Jonathan Velásquez, el 29 de junio pasado.

La situación remonta a una de las primeras controversias de la administración de Velásquez quien durante la campaña municipal, y apenas confirmado su triunfo, afirmó a medios de comunicación y en sus redes sociales el inicio de una "limpieza" de funcionarios con militancia política activa o cuyas funciones le resultaban prescindibles.

"Los despidos no son injustificados, todos son respecto a lo que demanda la ley. Se cambian las personas que son de confianza. Cuando llegué, habían muchos puestos que ni siquiera deberían existir. Estoy ordenando el municipio", dijo Velásquez en su oportunidad luego que el concejo municipal se autoconvocara para analizar la situación de los 34 funcionarios que figuraban en una lista para ser desafectados.

Tutela laboral

Siete ex funcionarios presentaron tutela laboral bajo el patrocinio del estudio Gajardo & Garate Asociados. El abogado Rubén Gajardo, ex director regional del Trabajo, indicó que la acción judicial se sustenta en la serie de declaraciones y acontecimientos que antecedieron a los despidos y que desembocaron en una medida "arbitraria y discriminatoria".

"Todas las personas que salieron tienen en común haber ingresado en la administración anterior, y en concepto del actual alcalde, ser "apitutados" u operadores políticos y toda una serie de descalificativos innecesarios que son de público conocimiento. Él se encargó de crear un ambiente de hostilidad, incluso antes de ser electo. Al día siguiente que asumió, los decretos comenzaron a tramitarse lo que denota la falta de análisis y estudio de cada caso particular", afirmó.

Entre los demandantes con mayor notoriedad política destaca Roddiam Aguirre, militante y ex presidente comunal de la DC, que ejerció el cargo de administrador del edificio consistorial desde el 16 de diciembre del 2020. Cristián Muñoz, militante PPD, que trabajó en gabinete de Wilson Díaz desde el 31 de diciembre. Macarena Barrios, asistente social vinculada a Convergencia Social y que se desempeñó en Dideco desde el 27 de agosto y Claudia Ardiles, militante del Partido Radical y actual candidata a diputada, que también cumplía funciones en el gabinete de Díaz.

Las 12 acciones suman más de $343 millones por indemnizaciones adeudadas, lucro cesante y daño moral. Las demandas ya fueron notificadas al municipio y se espera que las primeras audiencias se lleven a cabo a fines de noviembre.

Para Gajardo un aspecto que fundamenta las acciones es la incongruencia en los argumentos señalados como causa principal de los despidos.

"Son contradictorios. Porque han dado diversos motivos y no logran ponerse de acuerdo entre los mismos asesores. Los decretos dicen una cosa. El alcalde en la prensa dice otra y la abogada en los concejos da otra razón. Eso da cuenta de la ilegalidad de la medida. Todo ese cúmulo de situaciones han llevado a estas personas a interponer demanda por la tutela de sus derechos laborales".

Concejo municipal

El concejal Waldo Valderrama afirma que el Concejo ya tomó conocimiento de las demandas en curso y que versiones extraoficiales indicarían que en los próximos días se seguirán sumando más demandas. Para el edil, pese a las advertencias realizadas a la autoridad comunal, la situación deja a la municipalidad en un incierto escenario judicial

"Es lamentable, porque no hubo ningún criterio de evaluación al trabajo, sino una discriminación arbitraria ante estos trabajadores que tenía cierto vínculo o militancia política. Finalmente esto va a terminar en un desmedro económico al gobierno comunal porque es muy seguro que estas demandas serán resueltas a través de indemnizaciones a los trabajadores", indicó Waldo Valderrama.

Cabe señalar, que de acuerdo a la ley de municipalidades, cualquier acuerdo judicial debe ser sometido a la aprobación por parte del concejo municipal.

"Obviamente cada caso tiene que ser analizado en su propio mérito. Es muy probable que estas causas lleguen al concejo y ahí habrá que decidir qué hacer. Pero en este momento no podría hablar a nombre del resto de los colegas", señaló Valderrama.

Este diario intentó obtener las declaraciones por parte de la administración del alcalde Jonathan Velásquez, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ello no fue posible.

"...no logran ponerse de acuerdo entre los mismos asesores. Los decretos dicen una cosa. El alcalde en la prensa dice otra y la abogada en los concejos da otra razón. Eso da cuenta de la ilegalidad de la medida".

Rubén Gajardo, abogado laboral

El sindicato de trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) Antofagasta, interpuso una demanda por daños a la dignidad y honra de todos los empleados e incurrir en prácticas antisindicales, en contra del alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez. Esto tras el episodio viralizado por la autoridad local, en el que fiscalizó el horario de ingreso de los funcionarios del organismo, indicando que, "se acabaron los flojos".

La información fue confirmada a este medio por la presidenta del sindicato Jessica Águila. "La demanda fue presentada por dañar la moral, la dignidad de los trabajadores de la casa central. Esto tiene que ver netamente con la forma en que lo hizo, que fue una verdadera funa, eso fue exponer a los trabajadores y trabajadoras a insultos y agresiones de parte de la ciudadanía, fue una hoguera virtual la que inició".

Águila agregó que, "él con su video generó un enfrentamiento entre funcionarios y ciudadanos, los cuales aunque él diga que no han generado consecuencias, claramente sí ha repercutido tanto en las atenciones virtuales donde han amenazado con acusarnos al alcalde o también agrediéndolos verbalmente en terreno, ya que muchos de nuestros funcionarios utilizan una chaqueta institucional".

La dirigenta enfatizó en que, "esta demanda no persigue recompensas económicas. Acá lo que queremos es que se reconozca nuestra labor y que respeten nuestra dignidad como funcionarios.

Sumado a esto, la presidenta puntualizó el caso de la funcionaria y miembro hasta ese entonces del sindicato que fue despedida a causa de esta fiscalización, la que según indicó "también tengo entendido que tomará acciones legales por su despido".