La instalación de la figura de los gobernadores regionales ha estado cruzada con una serie de controversias: desde las oficinas designadas para cada cargo, la investidura otorgada a la nueva institucionalidad, hasta la competencia por nuevas atribuciones. Al interior del Gobierno Regional no son pocos los que reconocen que las urgencias de la contingencia (crisis migratoria y pandemia, además de falta de cartera de proyectos) ha obligado a un rápido ajuste de funciones y una instalación contra el tiempo.

Una de las últimas controversias planteadas apunta a una serie de críticas de consejeros regionales respecto a las dificultades que ha presentado la tramitación de algunos proyectos por cuanto, la asistencia de los representantes de servicios públicos o seremias locales, tendrían que ser previamente coordinadas con la delegación presidencial.

"Desde ya la administración pública es lenta", afirma Sandra Pastenes, consejera regional del Loa. "Es muy compleja la burocracia para el uso de los recursos. Para aprobar un proyecto necesitamos hablar casi siempre con seremis o directores y este tipo de asunto los complican aún más. Hay que considerar, por ejemplo, que luego que aprobamos un proyecto pasan cuatro meses para que eso recursos se dispongan. Aparte de los cuatro meses que puede llevar formular un proyecto relevante de obras", indica Pastenes.

Encuentro presidencial

El gobernador Ricardo Díaz, en tanto, sostuvo que tras la reunión que la asociación de gobernadores sostuvo con el presidente Sebastián Piñera, las dificultades iniciales para la coordinación de agendas con los servicios públicos regionales o la posibilidad de participar en la discusión presupuestaria 2020, ha mejorado.

"Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior para ir alivianado la instalación de los gobiernos regionales. Se destrabó el tema y los gobernadores podemos citar a los seremis y que vengan sin pasar por la figura del delegado presidencial", indicó Díaz.

Dagoberto Tillería, consejero provincial por Antofagasta, expresó que en el trabajo de la comisión de participación del CORE, no se han presentado inconvenientes a la hora de solicitar información a los servicios. Para Tillería la medida buscaría ordenar la agenda regional del representante del ejecutivo.

"Yo no he visto dificultades en las comisiones. La presencia de los directores o seremis ha estado al momento de discutir algunos proyectos en las comisiones que participo. Me parece que una medida así es de toda lógica por cuanto busca ordenar el trabajo territorial de cada cartera", sostuvo.

El delegado presidencial Daniel Agusto, desestimó cualquier tipo de controversias en la coordinación del trabajo con el Consejo Regional afirmando que existen las facilidades para la participación de las autoridades en la discusión. Agusto subrayó que una de las tareas mandatadas por la ley de gobiernos regionales es coordinar, supervigilar y fiscalizar los servicios y seremias.

"No hay ninguna restricción, ni ánimo de obstaculizar, al contrario queremos facilitar, pero previa coordinación como establece la ley. Nos interesa trabajar de la mejor manera con el gobernador regional porque nuestro principal foco son los ciudadanos de Antofagasta. Por el bien de ellos tiene que existir la mejor coordinación posible. Siempre va a estar la mejor disposición para que logremos acordar los temas que van en beneficio de nuestra gente", sostuvo.

La instalación de los gobiernos regionales ha estado salpicada de desencuentro entre ambas figuras. Y no es solo un problema en Antofagasta. Las situaciones se repiten en regiones como Atacama o Coquimbo. En el caso de la región, una de las últimas diferencias se produjo a raíz del manejo de la crisis migratoria, cuando Díaz solicitó la habilitación de un albergue al delegado presidencial. Finalmente la Delegación Presidencial habilitó el Polideportivo Bicentenario como lugar de testeo y apoyo para trámites migratorios y traslado. Díaz finalmente valoró la iniciativa liderada por Daniel Agusto.

Por vigésima cuarta vez la Corte Suprema ordenó el reagendamiento del recurso de nulidad presentado por la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, que la condenó a 5 años y un día de cárcel efectiva, por fraude al fisco en el marco del "Caso Main".

Los alegatos estaban agendados para hoy, pero de acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la Segunda Sala de la Corte Suprema la postergó para el viernes 24 de septiembre, quedando en segundo lugar en la tabla del tribunal. La nueva postergación se debió a falta de tiempo, producto que la sala debía ver 46 recursos de amparo urgentes, por lo que solo lograría avanzar en una de las causas en tabla.

Según consignó El Mercurio de Antofagasta, las continuas dilaciones del proceso han extendido la vista del recurso por más de seis meses. A diferencia de las primeras postergaciones, en las últimas dos semanas la causa ha quedado entre los primeros tres lugares de la tabla diaria de la Segunda Sala penal del tribunal supremo. Sin embargo, no ha podido ser abordada por los magistrados Jorge Dahm, presidente de la sala, María Teresa Letelier y Leopoldo Llanos.

El procurador regional del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Bonilla, explicó a dicho medio que otro de los factores que ha influido en la postergación del recurso dice relación con la integración de la sala penal. Se debe recordar que el magistrado Jorge Dahm integró el Tribunal Calificador de Elección que inhabilitó definitivamente a la alcaldesa Rojo por incumplimiento de deberes en un proceso paralelo a la investigación penal que llevó la fiscalía regional.

Bonilla comentó que estima que "es difícil que se vea la causa en septiembre", y que "creo que tendremos agenda más bien para fines de octubre".

La diputada de la región, Marcela Hernando, denunció el abandono de cadáveres en el antiguo Hospital de Calama, en medio del traslado al nuevo inmueble.

La denuncia se remonta a octubre de 2019, cuando la parlamentaria entregó las pruebas al ente contralor.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Hernando mencionó que realizó tres denuncias a Contraloría, y que una de ellas "era muchísimo más grave, que podría incluso constituir algún delito, y así fueron denunciados". Explicó que "tiene que ver con el abandono de cadáveres que estuvieron de cinco a seis meses en el hospital antiguo, abandonados, sin refrigeración. Y sobre los cuáles, cuando hice la denuncia, las autoridades pertinentes trataron de bajarle el perfil y decir que yo estaba haciendo una denuncia que no era cierta".

"Yo tengo fotos de esto y obviamente no lo voy a exhibir, excepto que ya lo hice en Contraloría y la hice llegar a quienes correspondía que la hiciera llegar. Pero este abandono de cadáveres es un tema grave y por lo menos yo, no voy a descansar hasta que ese sumario esté terminado", dijo la diputada. Respecto a las otras denuncias, Hernando señaló que "una tenía que ver con temas administrativos y otra del cómo se trasladaron algunas especies y algunas se perdieron también en el camino, equipamiento médico, algunas herramientas, etcétera".