Las malas señales que continúan
El desigual trato para lo que más tienen en contrapeso de los que no, sigue siendo una realidad y una deuda que debe subsanar nuestra sociedad. De 4550 sumarios sólo 523 han concluido. Y estas cifras no solo reflejan la ineficacia del sistema, también la falta de interés en hacerlo. Otra mala señal porque queda la sensación de impunidad.
Hace poco más de una semana se conoció que la Fiscalía decidió no perseverar contra 34 personas indagadas en la arista de financiamiento irregular de la política, dentro del caso Penta. La razón de no perseverar, en palabras simples no perseguir judicialmente, se debió a que el Servicio de Impuestos Internos determinó no ejercer acción contra ellos y pese al avance investigativo del Ministerio Público, no se llegará a la formulación de cargos por algún delito.
La decisión no pasó inadvertida porque varios de los involucrados eran conocidos políticos o familiares de ellos. Y lo segundo, es porque había suficiente información por lo menos para continuar la investigación y determinar si hubo la comisión de un delito específico.
En junio, el contralor Jorge Bermúdez, en su aporte a la Agenda Antiabusos que impulsa el gobierno, planteó contar con mayores atribuciones en los procesos sancionatorios de falta que pudieren ocurrir en los diversos ámbitos donde están involucrados recursos públicos. En las faltas, porque los delitos tienen que ser perseguidos por el Ministerio Público.
Su intervención la avaló en la estadística que manejan respecto a los sumarios que han solicitado en los estamentos del aparataje público. Se instruyó una cantidad de 4550 sumarios de los cuales solo 523 han concluido.
Y estas cifras no solo reflejan la ineficacia del sistema, también la falta de interés en hacerlo. Otra mala señal porque queda la sensación de impunidad.
Si bien son temas muy distintos en ambos vemos que la legislación de nuestro país en temas de corrupción, aprovechamiento o que rayan con ellos, hasta hoy, tienen vías de escape para evadir responsabilidades.
Son este tipo de situaciones que generan malestar entre la ciudadanía que siente que la ley funciona muy bien contra ellos y no así con quienes ostentan cargos y poder.
Eso tiene que cambiar. Ser un país más justo y equitativo, involucra directamente ser más éticos y actuar de acuerdo a la ley, no buscando la trampa como ocurre hoy.
Es posible avanzar en esta temática, claro que sí, pero se requiere de un convencimiento claro de nuestras autoridades y no ceder por presiones o por el propio ejercicio del cargo.