Alejandro Ahumada R

Tras la anhelada inscripción de su candidatura a la consulta ciudadana que definirá el candidato presidencial del pacto de Unidad Constituyente, Paula Narváez visitó Antofagasta como parte de su primera visita a regiones como candidata oficial del pacto PS-PPD, PL y adherentes del Nuevo Trato.

Luego del fracaso de las negociaciones para ser parte de las primarias legales que realizó el pacto Apruebo Dignidad, Narváez no oculta su satisfacción de haber podido sellar el acuerdo que permitirá la realización de votaciones abiertas el próximo 21 de agosto

"Fue una verdadera maratón. No pudimos estar en la primaria por este veto del FA y el PC por el apoyo que tenía como candidatura. Se pusieron en duda por parte de los otros partidos y eso significó no estar en la primaria lo que claramente es una desventaja para el sector, pero que pudimos resolver por la vía de la consulta ciudadana. Me parece importante mantener esa convicción y que la ciudadanía decida. Con harta humildad para que sea la gente la que decida", señala.

Definiciones

¿Le preocupa la participación que logre el proceso?

-Es un factor, sin lugar a dudas. Sabemos que vamos a tener un número de participación mucho más bajo, pero a pesar de ello, hay que enfrentar el contexto. Y una baja participación siempre va a ser mejor que el acuerdo entre cuatro paredes de unos pocos. Cualquier número es mejor que la definición cupular de los partidos. Es un contexto desafiante, muy difícil, hay que considerar además la fatiga electoral que puede haber dado la gran cantidad de procesos que hemos enfrentado. Además porque no se trata de una primaria legal, sin franja, ni con la exposición mediática que tuvo la primaria reglada.

¿Por qué consideró Antofagasta como primera visita en su campaña oficial?

-Antofagasta es fundamental para el desarrollo del territorio. Todos los desafíos que tenemos respecto a garantizar derechos sociales pasan porque el Estado logre recaudar mayores cantidades de recursos. Nuestro cambio en el modelo de desarrollo, pasa porque la principal actividad productiva del país, que es la minería, esté al servicio de los desafíos del Chile del siglo veintiuno. Necesitamos una minería nueva para un nuevo Chile. Y eso significa un involucramiento mayor. Anunciamos el apoyo a una nueva ley del royalty que permita recaudar más recursos y tener un fondo de innovación que permita a las nuevas generaciones alternativas de desarrollo sostenible, y al mismo tiempo, financiar un sistema de seguridad social que hoy es inexistente y que tenemos que construir en el próximo gobierno.

Las regiones del norte vivieron una crisis migratoria en plena pandemia. ¿Cuál es su mirada frente al fenómeno que genera grandes impactos en comunidades del norte grande?

-La migración es una realidad y tenemos que asumirla. Entendemos que hay muchos elementos que hace que se sobrecarguen comunas pequeñas, con pocos recursos, que deben recibir a estas poblaciones y que no logran dar cobertura a sus necesidades. Por lo tanto, hay que fortalecer la capacidad de esas comunas para dotar de mayores recursos en salud, vivienda y educación. Lo que sería absurdo, es pensar que se va a detener la migración. Mientras no se aborde el problema de origen, que en este caso es la crisis humanitaria de Venezuela, van a seguir existiendo los migrantes. Como país tenemos la responsabilidad de actuar a la altura y en la medida que nuestros recursos se puedan focalizar en aquellas comunas que resienten con mayor fuerza la llegada de los migrantes. Pero no podemos abandonar el espacio de cooperación internacional entre países de Latinoamérica.

En términos de salud, cuál es su mirada respecto al sistema de salud post pandemia. ¿Qué reformas considera urgente?

-Si realmente, se da un escenario post pandémico, con una situación más controlada, llegará el momento de instalar un plan de recuperación urgente. No solo de salud, sino también económica, de empleo y de vivienda, entre otros. En el ámbito de la salud, en particular, nuestra planificación tiene un enfoque de trabajo urgente porque vamos a tener una deuda y retrasos muy grandes de la demanda de la red asistencial. Creemos que podemos dotar de mayor capacidad resolutiva, vamos a poder ir de a apoco absorbiendo la enorme carga del sistema que existe producto de la pandemia. Sabemos que hay una muy baja inversión pública en infraestructura de salud y educación en este gobierno. Hay un retraso gigantesco de muchas de estas obras, inclusos una pobre ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales y vamos a tener que hacernos cargo de ese legado.

¿Cómo evalúa la instalación de los gobiernos regionales y cuál es su mirada respecto a las brechas que se advierten en el proceso de descentralización?

-Para nosotros es un punto de partida, el desde, que vamos a fortalecer con mayores competencias. Los primeros 100 días de gobierno, enviaremos un proyecto de ley que elimina la figura del delegado presidencial y deja como única autoridad al gobernador con las competencias para poder llevar adelante la estrategia de desarrollo y deja al delegado en un rango inferior para hacerse cargo de temas como seguridad interior y extranjería, pero que todo lo demás, recae en el gobernador de manera que tenga la suficiente autonomía para su gestión. En la instalación hemos visto una especie de mezquindad en la autoridad central. Una señal equivocada de lo que el país exige respecto a una descentralización efectiva.

"Sabemos que vamos a tener un número de participación mucho más bajo, pero a pesar de ello, hay que enfrentar el contexto. Y una baja participación siempre va a ser mejor que el acuerdo entre cuatro paredes de unos pocos".

Deudas estimadas en cerca de 420 millones de pesos, cuentas congeladas, embargos financieros, no pago de cotizaciones, deudas con proveedores y un incierto futuro son parte del complejo momento financiero que atraviesa la Fundación Cultural de Mejillones, la que quedó expuesta recientemente en una sesión del concejo municipal.

De acuerdo a lo expuesto por el director ejecutivo de la entidad, Daniel Rojas, la crítica situación se arrastra desde el año 2018, cuando, bajo la administración del ex alcalde Sergio Vega, se incrementó el número de trabajadores contratados por la fundación, las que llegaron a las 46 personas el 2019, lo que derivó en un aumento del gasto operacional, y que se vio agravado por los efectos de la pandemia.

Según lo expuesto, el año 2020, la fundación terminó con un déficit presupuestario de 199 millones de pesos.

"Nos pidieron mantener a las personas en pandemia, lo que significó una recarga de recursos dado que el cine dejó de vender, se dejaron de producir eventos y bajó la publicidad. Todas las fuentes de ingresos disminuyeron, junto a los aportes de las empresas que destinaron recursos para la emergencia. Todo eso hizo muy difícil apalancar recursos para la fundación", señaló Díaz.

En el análisis contable también se imputaron gastos no relacionados con el giro de la entidad como obsequios para el Día de la Madre, compra de pasajes para becas escolares, pago de arriendo para casos sociales o registros en dron para áreas de interés turístico. El desorden administrativo y contable también habría alcanzado la producción de eventos luego de que la Fundación no cancelara la factura de un show realizado el año 2018 y cuyo cobro fue judicializado y que la obligó a pagar $16 millones.

Para Marcelino Vega, alcalde la ciudad, el análisis de la situación financiera resulta aún más complejo por cuanto, el embargo de las cuentas y la imposibilidad de postular a la ley de donaciones hacen prácticamente inviable la existencia de la misma. Ante ello, la autoridad analiza la posibilidad de declarar la quiebra y crear una nueva institucionalidad cultural comunal.

"Tenemos la mejor disposición para solucionar esto. Sobre todo por que afecta a muchos trabajadores. Buscamos todas la formas. Pero no podemos hacer transferencias para el pago de sueldos porque hay recursos que no han sido rendidos. Las otras alternativas tampoco sirven porque la cuenta está obsoleta, no hay directorio y el banco no reconoce la firmas ", indicó Carvajal.

"Tenemos dos meses para crear una nueva institucionalidad, pero el déficit para ordenar las cuentas es muy grande. Hay recursos que ni siquiera se pueden devolver, en el caso de las empresas. Queremos dar una solución, pero la gente debe entender que hay asuntos legales que nos impiden hacerlo", precisó el edil.