Correo
Competencias
Los nuevos gobernadores regionales iniciarán un mandato limitado en cuanto a competencias. La Contraloría General de la República lo ha recordado recientemente: quien debe presidir la Comisión de Evaluación Ambiental es el delegado presidencial.
Si bien no hay duda del dictamen de la Contraloría, lo central es cómo generamos legislaciones que, a poco andar, quedarán cortas en su accionar, por cierto, sin mencionar el cambiante contexto político que hoy clama con más fuerza por un proceso de descentralización real. Con todo, esto es claramente un error que los legisladores tendrán que resolver y que, sin duda, será materia de la discusión constitucional.
Asumidos los gobernadores regionales se encontrarán con la presencia del delegado presidencial, cargo pensado en una dinámica que ya no se sustenta y cuyas potestades probablemente estén en permanente conflicto en los meses venideros. La importancia de la priorización de proyectos de inversión que se alinean con las respectivas estrategias de desarrollo regional debe ser materia del Gobierno Regional en su conjunto como reflejo de la voluntad de su comunidad. Esto es parte medular de ciertas competencias, que por muy obvias que parezcan y que deberían radicar plenamente en los gobiernos regionales, pueden entrar en conflictos con la figura y competencias del delegado presidencial.
El llamado a repensar rápidamente en cómo abordar este tema es urgente. Los nuevos gobernadores regionales serán los encargados de liderar, desde cada rincón del país, una real transferencia de competencias que les permita trabajar en beneficio de sus comunidades.
Dr. Luis Martínez Cerna Director Administración Pública UCEN
Grupo armado
Al ver la fotografía del velorio de un integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyo féretro estaba rodeado por encapuchados portando armas de fuego -entre ellas un fusil de guerra M16-, recordé la declaración de la Convención Constitucional "sobre la prisión política en Chile y la militarización del Wallmapu", en cuya letra c) demanda "la inmediata desmilitarización del Wallmapu".
Comparto lo manifestado en dicha demanda, pero de las fuerzas militares irregulares compuestas por guerrilleros y terroristas.
Adolfo Paúl Latorre Abogado
Fondos previsionales
La declaración de impuestos de Daniel Jadue (publicada por el candidato presidencial del PC a través de su cuenta de Twitter) tiene un dato interesante que no está presente en el resto de las declaraciones de los otros presidenciables y es la tributación del segundo retiro del 10%, por un monto de $2.188.082. Con ese dato podemos determinar que los ahorros previsionales totales previo a los retiros eran cerca de $24.000.000, y que posterior al tercer retiro previsional serían menos de $18.000.000.
Llama la atención el bajo saldo previsional de un profesional de 54 años, con lo que podemos concluir que solo comenzó a cotizar por el tope desde que asumió como alcalde en diciembre del año 2012, pues si lo hubiera hecho desde los 25 años, sus fondos estarían cerca de los $150.000.000.
Cabe preguntarse cuánto sería la pensión del Sr. Jadue bajo su propuesta previsional, pues en el actual sistema sería cerca de $300.000 brutos, una pensión justa para alguien que evadió la seguridad social por más de 20 años.
Quizás ahora muchos entiendan por qué se quiere eliminar nuestro sistema previsional, el cual pone atajo a los fraudes previsionales de los sistemas de repartos, solidarios o como quieran llamarlos.
Eduardo Jerez Sanhueza
Alcances sobre el indulto
El indulto borra la pena, manteniendo la tipificación del delito en cuestión. La amnistía, por el contrario, borra la pena, el delito y todos sus efectos en un cuerpo normativo determinado.
Llama la atención que algunos de los convencionales constituyentes tengan muy claras las razones y causas socio-históricas de la revuelta social y sus efectos políticos, sociales y económicos, ya que siendo así, las vinculan al tenor de tener que indultar a una serie de personas por cometer graves delitos contra distintos bienes jurídicos y que la comisión de esos mismos delitos está justificada por graves injusticias sociales.
¿Tienen perfecta claridad de que las bases fundamentales del estallido social se hayan inscritas en el permanente abuso al que se somete al pueblo y cuyos antecedentes se pueden verificar incluso en la historiografía marxista que tan bien a trabajado este tema? ¿O es que simplemente se está aplicando mecánicamente la perspectiva del jurista austriaco Hans Kelsen, cuyo tenor formalista nos dice que una Constitución se cambia cuando hay una grave convulsión social, una revolución o un golpe de Estado?
Mario Oneto Godoy