No hay duda que la pandemia ha golpeado con fuerza a nuestra sociedad y como suele ocurrir son los más vulnerables quienes sufren con mayor impacto los vaivenes negativos de la economía nacional.

Estas apreciaciones, a simple vista certeras, se ven respaldadas con las cifras de la Encuesta Casen, que fueron publicadas hace pocos días. Allí se informa que a nivel país la pobreza aumentó un 10,8% en su última medición, la que incluyó varios meses de pandemia.

En la región las cifras no son muy disímiles. De hecho, la pobreza creció en 4,2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior y se empina en un preocupante 9,3% de la población.

Si se traduce esa cifra se puede determinar que son más de 64 mil personas que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Una cantidad escalofriante para una región con un motor laboral siempre pujante

Y esta realidad es de fácil observación. El rubro de bienes y servicios es uno de los que vemos hacer grandes esfuerzos para sobrevivir. Pero no son los únicos, salvo la minería, el resto presenta claros signos de depresión.

Otra muestra es el aumento de las ollas comunes y familias que requieren de ayuda para poder suplir sus necesidades básicas y sus cinturones no pueden ajustarse más.

Ayer el Gobierno anunció cambios en Plan Paso a Paso que buscan reactivar el país en todos sus ámbitos, sin olvidar los cuidados propios de una enfermedad que se resiste a iniciar su retirada.

Los optimistas ven que el fin de la pandemia no está muy lejos, y plantean que el país y nuestra sociedad tiene que prepararse para generar los empleos que sirvan para absorber esa mano de obra desocupada. Empleos dignos que cumplan con el objetivo de entregar una remuneración decente a esas familias.

Aquí nuevamente el Gobierno es el llamado a desarrollar y promover políticas consistentes de reactivación económicas Y esa tarea necesitará un compromiso global.

Si se quiere dar un verdadero impulso tendrán que destinar los recursos suficientes para asegurar que se podrá tomar el camino de regreso a las cifras de empleo y crecimiento que acostumbraba el país antes de la llegada del covid-19.

Chile inicia un salto hacia un futuro inédito: Desde el primer reglamento fundamental creado bajo el periodo de Bernardo O'Higgins en 1811, hasta la actual Carta Magna gestada durante el gobierno militar, por primera vez en su historia republicana una Convención Constitucional elegida por sufragio se encargará de redactar la Constitución Política. Respecto a cómo será la naturaleza de las decisiones de los convencionales, reina la incertidumbre. Es difícil anticipar cómo será la relación entre los miembros de la Convención y, mucho menos, cuál será el resultado de su trabajo, labor que de todas formas deberá ser sometida a un "Plebiscito de salida" a mediados de 2022.

De todas formas, y no sin sobresaltos, oficialmente el pasado 4 de julio se llevó a cabo la instalación oficial de este organismo. Pasadas las 13:00, los convencionales electos aceptaron sus cargos ante la relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, dando inicio a la sesión inaugural de la Convención Constitucional: la funcionaria, logró un difícil consenso entre los convencionales, quienes pugnaban por suspender totalmente la sesión, o iniciarla pese a los enfrentamientos (al final del acto, y como una única situación en la que hubo absoluto acuerdo, los convencionales le dieron una fuerte ovación, aplaudiéndola de pie por su espíritu de consenso).

El proceso, se extendió más de los programado, gracias a que algunos convencionales se negaron a iniciar la ceremonia argumentando que Carabineros estaba reprimiendo a manifestantes. Tras completarse el rito de instauración, en una decisión cargada de simbolismo se comenzó a desarrollar la elección de la mesa directiva de la Convención Constitucional, designándose a Elisa Loncón (constituyente mapuche) como presidenta (su escogencia es un cambio dramático para un grupo que no está reconocido en la Constitución vigente) y Jaime Bassa (del Frente Amplio) como vicepresidente.

Las opiniones vertidas sobre las vicisitudes y momentos del acto de instalación, reflejan las dos miradas que tienen los chilenos sobre el rol de este organismo: por un lado, están los que reconocen en este hito histórico al Chile real, sin apariencias, con defectos y virtudes, pero con un sentido de esperanza: un país en donde todos caben. En la otra orilla, tenemos al sector que ve en el trabajo de la Convención el inicio del fin de un Estado próspero, el de los estándares sociales y económicos muy por encima de sus vecinos, éxito logrado en buena parte a las directrices de la Constitución que se pretende derogar.

Con independencia de la visión que se adopte, el trabajo de la Convención estará determinado por el papel que los convencionales asuman cuando el órgano funcione rutinariamente: su importancia simbólica y política será evaluada por los resultados que logren.

¿Qué trae la esperada Encuesta de Caracterización Económica 2020, la famosa Casen? Malas noticias, sin duda.

En una lectura muy inicial (aún no se liberan los resultados de indicadores y dimensiones por separado), hoy en Chile, 2.112.185 personas viven en situación de pobreza por ingresos, 583.901 personas más en comparación con 2017.

También aumentaron las personas que viven en situación de pobreza extrema; es decir, las personas con ingresos que están por debajo de los umbrales mínimos de alimentación y subsistencia. Desde 2017 a 2020, esa pobreza aumentó de 2,3% a 4,3%, lo que significa que pasaron de ser 412.839 personas en esta situación a más del doble, 831.232. Esta es la primera alza de estas cifras, en los últimos 20 años en el país.

Estos no son números; representan hambre, frío, angustia, enfermedad física y mental.

Al observar los dos segmentos que constituyen quienes viven en situación de pobreza -"extrema" y "no extrema"-, es posible identificar que el aumento se concentra sobre todo en la pobreza más dura.

También vemos que el aumento se distribuye de forma desigual en las regiones, donde algunas no presentaron variaciones con respecto a 2017, mientras otras tuvieron crecimientos dramáticos, como Tarapacá, que pasó de tener un 6,4% de su población en situación de pobreza en 2017 a 14,0% durante 2020. También destacan el incremento en las regiones de Antofagasta (de 5,1% a 9,3%) y Valparaíso (de 7,1% a 11,3%). Y el aumento de la pobreza extrema, que se da con extrema crudeza en Tarapacá (pasó de 1,7% a 6,9%) y en Arica y Parinacota (de 2,4% a 5,9%).

Podríamos especular sobre el cierre de la actividad minera, pero requerimos la apertura de los datos para un análisis más detallado, aunque la pandemia, sus consecuencias económicas y sociales y la poco oportuna respuesta del Estado parecen ser la base de todo.

Las razones sanitarias impidieron además medir la pobreza multidimensional -que agrega factores como habitabilidad, educación, salud, entorno, apoyo y participación social, trato igualitario, seguridad-, porque el cuestionario se redujo y se hizo por teléfono, no presencial, lo que dificulta hacer comparaciones.

A la luz de esta lectura inicial y dramática, hoy tiene más sentido que nunca la idea de no descansar, de no bajar los brazos, mientras haya un dolor que mitigar. Y no existe mayor dolor que el que te priva de tus derechos básicos, la pobreza.