Presos de la revuelta: casi una veintena de imputados han sido condenados
JUSTICIA. La mayoría está cumpliendo sentencia bajo arresto domiciliario y/o libertad vigilada.
Esta semana la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que concede un indulto a personas que fueron detenidas, procesadas o condenadas en el contexto del estallido social.
La iniciativa propuesta por el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, también cuenta con el apoyo de un grupo de constituyentes electos, cuatro de ellos de la región de Antofagasta, quienes piden "que la Ley de Indulto que está actualmente en el Parlamento se agilice y pueda dar una salida institucional a este grave problema que afecta a tantos jóvenes de todo el país".
Los constituyentes además de solidarizar con las familias afectadas, denuncian la utilización desproporcionada de la prisión preventiva cautelar, que en el caso de algunos imputados están bajo esta condición desde hace más de un año.
Causas
En Antofagasta son al menos 12 las causas judiciales asociadas a delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones sociales ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019, y más de una treintena de personas imputadas, cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 37 años, con distintas medidas cautelares. Además, a la fecha 16 personas han sido condenadas por diversos delitos.
Entre las causas que ya fueron sentenciadas está el caso ocurrido el 30 de diciembre de 2019, cuando un funcionario de carabineros de franco transitaba en su vehículo con dos menores de edad por calle Esmeralda con Uribe, este fue atacado por un grupo entre 50 y 100 personas que estaban en las manifestaciones en el marco del denominado estallido social.
Por este hecho fueron imputadas ocho personas, dictándose sentencia en juicio abreviado en el caso de todos los inculpados, recibiendo condenas alternativas de reclusión parcial nocturna, libertad vigilada intensiva, pago de multas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Otro caso que también terminó con diversas condenas tuvo lugar el día 10 de enero de 2020, cuando un grupo de encapuchados procedió a prender fuego a una locomotora de Ferrocarriles. Por esta causa fue condenada una persona a la pena de 4 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, en calidad de autor del delito de incendio, junto con cumplir con la prohibición de acercamiento a dependencias de la empresa Ferrocarriles Antofagasta Bolivia.
También en un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Antofagasta condenó a otras dos personas a la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de autores de los delitos de homicidio frustrado de carabineros en servicio y daños. Según se detalla en la sentencia, los acusados habrían lanzado una bomba molotov contra una patrulla de carabineros, resultando con lesiones los efectivos policiales.
Además, a los sentenciados se les impuso la accesoria legal de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las sanciones.
En tanto, entre los condenados hasta ahora, solo dos de ellos están cumpliendo prisión efectiva. Se trata de H.A.C.E, sentenciado a la pena de 3 años y un día, en calidad de autor del delito consumado de lanzamiento en la vía pública de artefacto explosivo de bajo poder expansivo. Ilícito perpetrado en noviembre de 2019.
El otro es un hombre de iniciales B.I.C.G., quien fue condenado por robo en lugar no habitado y porte ilegal de arma de fuego, a 3 años y un día más 61 días.
Prisión preventiva
Un hecho que ha generado controversia sobre los procesos judiciales que se están llevando adelante en contra de los llamados "presos de la revuelta", es el recurso de prisión preventiva que, en algunos casos, se ha extendido por más de un año a la espera de un juicio.
En ese sentido, desde diferentes organizaciones han señalado que esta medida se ha impuesto como juicio y castigo anticipado para quienes fueron parte de este proceso. Además, apuntan a que los tribunales están sobrepasados con este tipo de causas, situación que ha dilatado los procesos judiciales.
"Al menos hay ocho personas que se encuentran bajo prisión preventiva desde hace más de un año. Esto tiene que ver con dos factores. Por un lado, existe una cuestión psicológica-política en que cuando una persona esta presa el tiempo corre en tu contra y, en ese sentido, uno quiere ganar la libertad por cualquier vía como es el caso de los juicios abreviados", planteó Daniel Vargas, abogado integrante de la ONG Defensoría Popular, quienes patrocinan ocho causas en Antofagasta asociadas a presos del estallido.
"Lo otro es que las fiscalías están atochadas de pega. Esto porque el gobierno tuvo una línea de represión y persecución contra los manifestantes, lo que generó una sobrecarga de trabajo. A esto hay que sumar que en periodo de pandemia, además se dilataron los juicios porque no habían medidas telemáticas, también aumentó la carga de trabajo debido a los infractores de las medidas sanitarias", comentó Vargas.
Por su parte, Dorca Aliaga, tía de Axel Aliaga, uno de los detenidos de la revuelta, señaló "queremos libertad para los presos políticos de la revuelta, queremos que salgan y que no haya ningún detenido más porque si no fuera por ellos, esta constitución y este cambio que viene ahora al país no se hubiera efectuado".