Un gran avance tuvo la iniciativa de restablecer el voto obligatorio para las futuras elecciones en el país. Ello luego del espaldarazo en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde una abrumadora mayoría aprobó una reforma a la ley que cada vez suma más adeptos.

Lo cierto es que los discursos y posiciones tuvieron un brusco cambio tras las megaelecciones de mayo. El triunfo de los independientes llevó por diversos carriles el análisis electoral, y uno de ellos fue que en esta ocasión hubo una alta abstención de personas mayores y las decisiones estaban recayendo en un votante mayoritariamente joven,

Los ganadores independientes y de centrozquierda evidenciaban lo anterior, aunque diversos analistas encontraron apresurado circunscribirlo a una sola razón y explicaban la debacle de los partidos tradicionales en la desconexión de la clase política con los problemas ciudadanos.

Verdades más o menos, el regreso del sufragio obligatorio surgió con fuerza y sus promotores crecieron, pese a que un año antes, muchos de ellos ya habían rechazado esta iniciativa.

Quienes observan desde fuera tienen dos miradas. La principal es que el porcentaje de participación ha sido muy bajo desde que el voto es voluntario. Y la obligatoriedad serviría para dar más representatividad a los elegidos, porque contaría con mayor participación ciudadana en las urnas.

Otro gran porcentaje lo ve como un retroceso en el camino democrático que está viviendo el país.

La inscripción automática y el voto voluntario, fue definida como la estrategia para incentivar a la juventud a participar de los procesos electorales. Y aquí, el remedio fue peor que la enfermedad, porque los jóvenes siguieron alejados y la cantidad de electores fue siempre en franco descenso.

Pero se entendía que el derecho a elegir a las autoridades estaba consagrado. Y el deber lo ejercían quienes concurrían a las urnas.

Esa era la lectura y la que primaba en el mundo y en las democracias modernas. Querer regresar a la obligatoriedad y a las sanciones no es más que retroceder y no abrir espacios para que la política tome el rol que le merece en la sociedad y que su respeto se vea reflejado en las urnas, sin la necesidad de caer en imposiciones o penas punitivas.

¿Es tan importante la presencialidad en los colegios? La presencialidad es hoy uno de los grandes desafíos que tiene el mundo. No hay ningún sistema remoto escolar que consiga asimilar el trabajo directo entre alumnos y profesores. En la medida que se postergue esta modalidad el rezago puede ser incalculable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que un número importante de la población sufrirá las consecuencias por los cambios de hábitos y la suspensión de las actividades educativas presenciales.

La escuela es el lugar donde se desarrollan las competencias intelectuales y sociemocionales. Aún cuando los padres son los primeros y más importantes educadores de sus hijos, no tienen la posibilidad de simular íntegramente el ambiente escolar en el hogar. No cuentan con la universalidad de los conocimientos y las competencias para generar los aprendizajes de los objetivos del currículum, tampoco es su tarea. Por eso confían la formación académica y educativa al centro escolar. En las casas resulta imposible recrear las condiciones para el desarrollo sociemocional y la convivencia entre pares, propias del colegio. Entre los 3 y 6 años es de particular importancia el desarrollo de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, el autocontrol. Esto no es posible de enseñar a distancia (Lancet Child Adolesc Health, 2020).

Las desigualdades entre los estudiantes, en conectividad y equipamiento terminan generando brechas de entrada, extensivas a toda la trayectoria escolar futura, lo que puede también ocurrir entre alumnos presenciales y online. El sedentarismo escolar afecta a la salud física y emocional. Encierro, exposición prolongada a las pantallas, es una mezcla dañina para niños y jóvenes, que afecta finalmente a toda la familia. Por otra parte los avances digitales, el cambio de mentalidad que se atisba en colegios y educadores debe multiplicarse, no puede detenerse. Se están rompiendo paradigmas y esta es la buena noticia en medio de la tragedia. Las metodologías activas, aula invertida y aprendizaje en base a proyectos, conviven muy bien con la presencialidad.

Lo anterior no ignora la situación en la que estamos. Disponiendo de los resguardos, los protocolos y los aforos, teniendo incluso que realizar, in extremum, suspensiones de presencialidad, parciales y totales. El mundo se ha enfrentado antes al rigor de enfermedades y desastres. Las actividades esenciales permiten rehacerse, y la educación es una de ellas, como lo hicieron varios países europeos durante las guerras. Requeriremos que los futuros profesionales cuenten con herramientas para esta reconstrucción de proporciones que debemos hacer desde ahora. Una humanidad hoy más vulnerable necesitará generar mejor tecnología, medios de inmunización y una cultura responsable en autocuidado. Esto se aprende en las salas de clases, desde la escuela.

La elección de miembros de la Convención Constitucional, obliga a decantar aquellas materias que deben ser incorporadas en una eventual nueva Carta Política. Uno de los temas involucrados en esta discusión, consiste en establecer la posibilidad de otorgar expresamente el carácter de Derecho Fundamental al acceso a la energía.

Observando que en el escenario actual de pandemia la situación de vulnerabilidad energética (o "pobreza energética" (PE), como es definida por investigadores y académicos en Chile) se ha venido exacerbando, la idea de consagrar el acceso a la energía como un derecho fundamental adquiere relevancia.

El reconocimiento de este derecho humano (el que posee un carácter instrumental para el ejercicio de otros derechos análogos, como es el derecho a la salud, a la educación y a la alimentación), se encuentra estrechamente vinculado al derecho a una vida digna, independientemente de cualquier otra consideración relativa a la capacidad económica, condición social, raza, sexo, etc.

Este marco de discusión, nos obliga a examinar el estado del arte del tratamiento del acceso a la energía, desde la perspectiva de varios instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, pasando por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, transcurriendo por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes de 2004. El examen de los anteriores instrumentos desde la perspectiva del tratamiento del acceso a la energía, implica simultáneamente revisar la posibilidad de su justiciabilidad a partir de las directivas de la Convención Europea de Derechos Humanos y el rol del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para destacar y sin ir muy lejos, hay modelos jurídicos a nivel regional en los cuales el suministro de energía se erige como una condición necesaria para el disfrute de la "vida en condiciones dignas y una alimentación equilibrada", necesario para garantizar el consumo de subsistencia, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia.

En conclusión, incorporar expresamente en el texto de una nueva Constitución el Derecho a la energía, se configura como un elemento clave de análisis, apuntando a la superación de la vulnerabilidad energética que aqueja a muchas comunidades.