Marta y sus ganas de comer Falta de acuerdos en Convención Constitucional
"El hambre de la empresa por una cajera comprometida y entusiasta y las ganas de comer y crecer de Marta. Hagamos el match". "El Proceso Constituyente establece que el rechazo en el plebiscito de salida mantiene vigente la Constitución actual". Ricardo Délano, Director de Fundación Emplea, Pedro Díaz Polanco, Director de la Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile
Mujeres, jóvenes, migrantes y adultos mayores son los más perjudicados por la catástrofe del empleo en Chile, provocada por la pandemia. Y ni los retiros de fondos de pensiones ni las ayudas del Estado han atacado el problema mayor: el crecimiento de la población inactiva a causa de la crisis.
Las políticas para apoyar a las empresas y al empleo, son para el sector formal y dejan fuera a los trabajadores informales. Muchas personas -sobre todo mujeres- que lograban con trabajos precarios escapar de la vulnerabilidad y la exclusión, hoy se han visto arrastradas a la pobreza.
En este contexto, Marta, con 50 años, hijos criados, tiempo libre y la latente esperanza de trabajar como cajera en un supermercado de Antofagasta, donde ha vivido toda su vida, ve que su ideal laboral, que antes parecía difícil, ahora se vuelve imposible.
¿Por qué tan imposible?, se preguntará el que no conoce la realidad de los inactivos potenciales, grupo que se duplicó a causa de la pandemia y que está constituido en un 70% por mujeres. Hablamos de personas que, como Marta, no saben cómo redactar un currículum, cómo presentarse, vestirse y qué decir en una entrevista de trabajo.
"Hagamos la pega: Propuestas para activar laboralmente a los grupos más excluidos", es una radiografía, hecha por Fundación Emplea y Espacio Público, de cómo la pandemia ha golpeado aún más a los inactivos, pero es sobre todo un conjunto de propuestas para estimular el empleo entre estos grupos mediante políticas públicas de intermediación laboral.
¿Qué significa esto de la intermediación? Lo mismo que en el caso de un alto ejecutivo que se queda cesante se llama elegantemente outplacement. Es decir, que alguien le ayude a encontrar el mejor puesto de trabajo posible, ajustando su perfil a las necesidades de una empresa o empleador. La intermediación laboral permite que se encuentren los que se necesitan, laboral y productivamente hablando. Y eso es lo crucial. Hasta ahora el SENCE pone la mayoría de sus fichas (y presupuesto) en la capacitación como solución universal a los problemas de empleabilidad de las personas.
En Emplea sabemos que lo primordial es vincular a Marta con el supermercado donde sueña con ser cajera. Ella no necesita un curso para ser cajera; necesita la oportunidad de serlo, apoyada por un sistema de intermediación que fije las reglas de la relación laboral. Hoy, sola y desorientada, Marta sólo atina a poner un aviso en el diario mural del mismo supermercado donde aspira a trabajar a ver si alguien lo ve. Mal. Desconoce que en su municipio hay una oficina de intermediación laboral (OMIL). No sabe y no tiene cómo saberlo. Aquí aplica ese antiguo refrán que habla de juntar el hambre con las ganas de comer. El hambre de la empresa por una cajera comprometida y entusiasta y las ganas de comer y crecer de Marta. Hagamos el match.
Uno de los temas que poco se ha abordado de cara a lo que es el proceso constituyente es el efecto del quórum de 2/3 que se requiere para alcanzar los acuerdos. Al respecto, lo primero que he de señalar es que considero que el quórum es pertinente, ya que es lo que se exige actualmente para modificar algunos de los Capítulos de la actual Carta Magna. Sin embargo, estoy en completo desacuerdo respecto al método electoral con el que se elegirán los Convencionales Constituyentes, lo que produce una serie de efectos que me invitan a calificar al proceso como uno que está deslegitimado desde su origen.
En virtud de lo que es la aplicación del método D´Hondt, como mecanismo electoral que se utilizará para elegir a los convencionales constituyentes, resulta muy complejo que algún sector político alcance la mayoría de 2/3, siendo casi imposible que ese quórum sea logrado por las candidaturas verdaderamente independientes.
Al respecto, los defensores del modelo suelen señalar que la exigencia de este quórum fortalece a la democracia, ya que obliga a los convencionales constituyentes a abrir sus posiciones y así lograr acuerdos. Sin embargo, y a partir de lo que han sido las campañas y los argumentos que se presentan para solicitar los apoyos, así como el comportamiento histórico de la mayoría de los partidos políticos, resulta previsible que algunos temas a analizar -y que están en el centro de las reivindicaciones ciudadanas evidenciadas en el Estallido Social- se presenten como muy complejas de acordar, no lográndose su constitucionalización.
De esta forma, y en el caso que algunos de estos acuerdos no se materialicen y que la nueva Constitución termine siendo aprobada en el plebiscito de salida, estos temas quedarán abiertos para ser legislados como Ley simple, lo que -en esencia- genera problemas que son de fondo, tales como el descontento que pudiera provocar en buena parte de la ciudadanía el hecho que sus reivindicaciones no fueron constitucionalizadas; la emergencia de candidaturas populistas que prometerán plasmar dichas reivindicaciones en leyes simples; y que temas tan importantes -y que pudieran ser de tipo estructural- queden sujetos a una mayoría legislativa circunstancial.
Algunos lectores podrán preguntarse ¿por qué se terminaría aprobando una Constitución que no responde a las expectativas ciudadanas? Y la respuesta es sencilla, el Proceso Constituyente establece que el rechazo en el plebiscito de salida mantiene vigente la Constitución actual.
De esta forma, y atendiendo a que el 80% de los votantes del plebiscito de octubre de 2020 señaló que quieren una nueva Constitución, entonces ese porcentaje quedaría "secuestrado" ante el "dilema" de aprobar una mala nueva Constitución o mantener la actual.