Las conversaciones si las instituciones deben ser políticas (o no) llenaron la agenda pública de esta semana, debido al duro revés que recibió el gobierno de Sebastián Piñera por parte del Tribunal Constitucional (TC), tras el rechazo de admisibilidad del requerimiento del ejecutivo para frenar el proyecto del tercer retiro de los fondos de las AFPs.

Diversos/as analistas como Carlos Peña (El Mercurio, 28/04/2021) se han cuestionado una vez más si una institución como el TC debiera seguir existiendo, o sus funciones debieran ser redefinidas al alero del proceso constituyente. Este es un buen ejercicio analítico, pero desgraciadamente se queda en la definición de la institucionalidad como un ente que actúa casi como un mutante y que estaría compuesto, como diría el almirante José Toribio Merino, por 'humanoides'. La realidad es muy distinta de esta visión rígida y hasta utópica de cómo funcionan las instituciones, pues éstas son construidas y resignificadas por las personas.

La Teoría Política ha venido estudiando históricamente el rol de las instituciones en la formación de los estados-nación con predominancia en la soberanía interna en algunos momentos, en la actoridad internacional en otros períodos, y en la articulación entre distintos actores para la construcción de las democracias contemporáneas. Fue sin duda la formación de la Unión Europea la que empujó a la tecnocracia y a la academia a centrarse en el estudio del ejercicio del poder de la institucionalidad.

Entre tanto cuestionamiento analítico, las discusiones de las instituciones chilenas han estado en el tapete a raíz de los graves hechos de corrupción, violación de derechos humanos y espionaje de periodistas y ministros/as del poder judicial por parte de las fuerzas armadas y policiales del país. Aquí, la discusión ha estado centrada en que el poder ejercido por la institucionalidad ha sido deliberante, opinativo y desobediente a las autoridades civiles. Esta situación la comenté en la columna de la semana pasada, refiriéndome a los enclaves autoritarios, de transición o democráticos como mecanismos de debilitamiento institucional (El Mercurio de Antofagasta, 25/04/2021).

Sin embargo, el rol estratégico que ha ido jugando el TC desde la dictadura hasta los períodos democráticos nos permite analizar, al fragor de sus decisiones, si una institución del Estado debiera ser política en términos ideológicos, o simplemente un aparato técnico que delibere los conflictos constitucionales. De acuerdo al ex - ministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, el comportamiento de este organismo no debiera presentar méritos políticos, sin embargo, nuestra constitución rige en materia política y es difícil abstraerse de las cuestiones políticas (Radio Concierto, 28/04/2021).

En declaraciones de prensa, el ministro Iván Aróstica señaló que el TC no ejercía un poder arbitral entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero sin duda el otro análisis que está latente es el cuestionamiento del 'parlamentarismo de facto' versus un 'hiper-presidencialismo', o como diría Agustín Squella, un presidencialismo monárquico. Por ende, esta 'institucionalidad política' se ha convertido en el 'jamón del sándwich'; aun cuando desde una mirada técnica, el TC examina las experiencias formales en el cumplimiento de requisitos para que un proyecto sea aceptado (o no) a promulgación, y no presente conflictos constitucionales. De acuerdo al ex - ministro Enrique Navarro, el Ejecutivo no supo leer la decisión anterior del segundo retiro de las AFPs, donde ya se presentó un empate que fue dirimido por la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm, pero ya se venía observando un ejercicio del poder del TC a partir del análisis de las circunstancias de cada caso.

Las enseñanzas que nos deja estas dislocaciones de poder respecto al tercer retiro dan cuenta de que son tiempos complejos de relaciones institucionales, que es necesario analizar el rol de las democracias modernas y sus instituciones, y que los mecanismos de conformación de un tribunal constitucional debieran recoger la experiencia comparada, por ejemplo de Alemania, donde los cargos son buscados a través de concursos de alta dirección pública. Nuestras instituciones deben modernizarse y estar a la par de las necesidades de la ciudadanía como plantea la teoría neo-funcionalista.

El 11 de marzo de este año la actual candidata a alcaldesa por Antofagasta y exdirectora regional del Sename, María Inés Verdugo, interpuso una demanda laboral contra el Servicio Nacional de Menores (Sename), por despido injustificado. En la demanda se explica que la directora nacional del Sename, María Rosario Martínez, le pidió la renuncia el día 9 de diciembre, por lo que dejó su cargo el 31 de ese mismo mes. Verdugo había llegado al cargo a través de concurso público. La solicitud de renuncia argumentada por la Dirección Nacional fue por "pérdida de confianza técnica debido a debilidades en la ejecución de funciones estratégicas de relevancia para un director regional, asociado a la gestión de redes con otros organismos regionales, tanto públicos como privados". Verdugo pide una indemnización de 63 millones de pesos, equivalentes a 11 remuneraciones.

En suspenso había quedado la aprobación de un trato directo con la empresa Demarco para extender su contrato de limpieza y barrido de calles de Antofagasta, por cinco meses más. En el Concejo anterior el trato directo había logrado 6 votos, pero se pensaba que se necesitaban 7 para ser aprobado. Finalmente la Dirección de Asesoría Jurídica después de consultar la normativa, estimó que en realidad solo se necesitaban seis votos del concejo para aprobar (mayoría simple), por lo que se dio curso al trato directo. Este caso había generado un enfrentamiento verbal entre el actual alcalde, Wilson Díaz (PS), y el concejal Roberto Soto (UDI), ambos candidatos a alcalde. Soto sostuvo que se estaba abusando de los tratos directos, pero le respondieron que en la época de Karen Rojo fue peor.