"En minería, al igual que otras
ROYALTY. El ejecutivo, jefe del brazo minero del grupo Luksic, planteó que aplicar un impuesto sobre las ventas mineras puede tener "consecuencias nefastas", sobre todo en las empresas con mayores costos de producción.
"La discusión de un impuesto sobre las ventas seguramente no va a contribuir a desarrollar más proyectos ni a impulsar nuevas inversiones", advierte Iván Arriagada, presidente de Antofagasta Minerals, brazo minero del grupo Luksic.
Arriagada se refiere con esto al debate parlamentario que busca establecer un royalty a la minería, surgido hace algunas semanas a partir de una propuesta de 2018 del diputado Esteban Velásquez.
La idea ha sido apoyada con entusiasmo por algunos sectores acicateados por el mayor precio del cobre y las necesidades económicas de la pandemia, pero es vista con reticencia por la industria -y por Arriagada- que la asume como un desincentivo para futuros desarrollos, en un contexto de mayor competencia mundial.
¿Cómo ve AMSA el proyecto de royalty que sigue su tramitación en la Cámara de Diputados?
- Creo que es válido discutir sobre el aporte de la minería a Chile, pero es un error reducir esta discusión al tema tributario, ya que el pago de impuestos es sólo parte de la contribución que realiza la industria minera al país. En el caso de Antofagasta Minerals, más del 80% de todos los ingresos que obtuvo en 2020 fueron utilizados en Chile, incluyendo las zonas donde están nuestras operaciones. Estos recursos, más de 4 mil millones de dólares, fueron destinados a adquirir bienes y servicios a cientos de empresas, muchas de ellas locales, a pagar remuneraciones de los trabajadores, a financiar inversiones y a realizar aportes a las comunidades. El 20% restante se empleó en el pago de impuestos al Estado o dividendos para los accionistas.
Cuando se proponen eventuales nuevos tributos a la minería, como un impuesto sobre las ventas y no sobre las ganancias, se deben considerar todos los efectos que puede tener sobre las distintas operaciones mineras, especialmente sobre las compañías con mayores costos de producción.
Un estudio realizado por el Observatorio de Costos de Cochilco, publicado en enero de este año, muestra que, de las 21 operaciones de la gran minería del cobre analizadas, 11 están entre las operaciones con mayores costos del mundo, en el cuarto cuartil de costos. Esto es especialmente frecuente en las operaciones de explotación de óxidos con cátodos producidos en plantas hidrometalúrgicas, cuyos recursos se están agotando. Muchas de estas operaciones están en esta región, como Antucoya. Para estas compañías de mayores costos, la imposición de un impuesto de 3% sobre las ventas puede acarrear consecuencias nefastas.
¿Coincide con el Consejo Minero, y su presidente ejecutivo Joaquín Villarino, que asegura que el impuesto específico a la minería ya constituye un royalty, y que además existe invariabilidad tributaria hasta 2023?
- Creo que debemos pensar cómo reimpulsamos nuestra industria, cómo tenemos una minería más moderna y sustentable, que sea capaz de generar un mayor aporte al bienestar de las zonas y regiones donde opera. En los últimos años hemos bajado nuestra participación como país en la industria mundial del cobre. Llegamos a producir el 34% del cobre del mundo en 2010 y hoy llegamos sólo a 28% debido al crecimiento de otros países mineros, como Perú. En minería, al igual que otras industrias, competimos globalmente y hoy estamos perdiendo posiciones.
La discusión de un impuesto sobre las ventas seguramente no va a contribuir a desarrollar más proyectos ni a impulsar nuevas inversiones. Por el contrario, va a hacer cada vez más difícil que la minería chilena pueda competir con éxito con la minería de otros países.
¿Cómo cree que afectan estas discusiones y la futura discusión constitucional el escenario de las inversiones en el país?
- La discusión es legítima, creo que es natural que se discuta cómo aumentar el aporte de la principal actividad económica del país. Pero esta discusión tributaria, al igual que la discusión constitucional, deber realizarse con información, sin pensar que los altos precios del cobre de estas últimas semanas nos van a acompañar durante un largo tiempo. Espero que la discusión constitucional se transforme en una oportunidad para discutir estos temas de manera más profunda, donde logremos llegar a acuerdos amplios en distintos asuntos que hoy preocupan a la mayoría, como el sistema de pensiones, salud o educación.
¿El precio del cobre ha batido récords este año, qué proyecciones tiene la compañía y cómo afecta este buen momento su planificación a corto o mediano plazo?
- Siempre debemos partir de la base el precio del cobre es cíclico y que la actividad minera se debe ejecutar en todos los ámbitos con una mirada de largo plazo. Más aún si consideramos la realidad que están enfrentando la mayoría de los yacimientos hoy en Chile, con menores leyes y mayores costos. Dejarse llevar por el precio para la toma de decisiones que deben ser de largo plazo creo que es un error que no podemos cometer. En cuanto a nuestras metas, este año esperamos producir entre 730.000 y 760.000 toneladas de cobre, con un costo estimado de US$1,25 por libra.
Centinela
¿En qué pie se encuentra el proyecto de Desarrollo de Centinela y la construcción de la segunda planta concentradora?
- El proyecto Desarrollo Minera Centinela (DMC) cuenta con su RCA aprobada el 2016. Ya terminamos también su estudio de factibilidad y ahora estamos en etapa de ingeniería de detalle. La decisión de inversión está prevista para el año 2022. DMC es un proyecto de cerca de 2.700 millones de dólares, que tendrá un periodo de construcción cercano a 3 años y con un máximo de empleo en torno a 5.000 personas. Es decir, puede ser una iniciativa que contribuya de manera importante a la recuperación social y económica de la región.
En 2022 tendrá lugar la negociación con el Sindicato N°1 de Centinela, el mayor del distrito con más de 800 socios ¿La prevé igual de austera que en las negociaciones que tuvieron lugar este año?
- Minera Centinela, al igual la mayoría de las mineras de Chile, se enfrenta al desafío de mejorar su competitividad para garantizar su continuidad operacional y, sobre todo, para poder hacer realidad su crecimiento. Nosotros mantenemos una comunicación permanente con nuestros sindicatos, este es un desafío que ellos conocen y esperamos que, al igual que las negociaciones que tuvimos el año pasado, logremos llegar a un acuerdo que recoja los intereses de los trabajadores y que a su vez permita resguardar la competitividad de la compañía con una visión de largo plazo. Creemos en relaciones laborales de beneficio mutuo.
¿Cuáles son los esfuerzos más importantes que ha hecho AMSA para avanzar hacia la producción de un cobre trazable o verde?
- En 2018 nos comprometimos públicamente con el desafío de reducir en 300.000 toneladas nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Una meta que ya alcanzamos el año pasado, por lo que ahora estamos evaluando desafiar aún más ese número.
Desde 2020 Minera Zaldívar opera con energía 100% renovable y, a partir de 2022, Centinela y Antucoya contarán con una matriz energética de las mismas características. El pasado año, además, comenzamos en las mineras Centinela y Zaldívar el proceso voluntario para certificar a nuestras cuatro operaciones a Copper Mark. Esto nos permitirá contar con un marco de garantía válido internacionalmente -inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sustentable- que permite demostrar que la producción cobre se realiza de manera responsable y sostenible.
Cuál es el escenario en Zaldívar considerando que sus permisos para extraer agua en el sector de Monturaqui podrían no extenderse, ¿el cierre?
- Hoy Zaldívar tiene autorización hasta 2025 para extraer 212 litros por segundo desde el acuífero Monturaqui, Negrillar, Tilopozo (MNT) y solicitamos extender estos permisos hasta 2031, cuando se realizaría el cierre de la compañía. Esta extensión de la extracción de agua es compatible con la sustentabilidad del acuífero y del entorno, de acuerdo a los distintos estudios que hemos realizado y que presentamos a las autoridades. Actualmente nos encontramos en proceso de preparación de la tercera Adenda del estudio y esperamos se avance en el desarrollo del proceso de consulta indígena con la comunidad de Peine.
Si no tenemos éxito, debemos pensar en adelantar su cierre, ya que la actual realidad minera de Zaldívar no permite financiar otras alternativas de abastecimiento hídrico. Por supuesto, no es lo que queremos, porque tendría efectos muy negativos no sólo sobre nuestros trabajadores propios y de empresas contratistas, sino también sobre la economía de la región.
¿Existen privados como Cramsa interesados en desarrollar proyectos de desalación de agua para uso minero, hay contactos o interés en estos desarrollos?
- Debido al tamaño de la operación de minera Zaldívar y a los minerales que hoy tiene disponible para explotar en los próximos años, no puede financiar la utilización de agua desalada. Lamentablemente, esa no es una opción en el caso de Zaldívar, a diferencia de Centinela y Antucoya que hoy utilizan agua de mar sin desalar en su proceso productivo.