¿De qué sirve que nos llamen héroes y nos aplaudan si ustedes y sus familias no se están cuidando, si están dando mal ejemplo a sus hijos no respetando las normas de autocuidado? Francamente les digo: gracias, pero no queremos sus aplausos", dijo la semana pasada la enfermera, Natalia Troncoso, jefa de la UCI del Hospital Metropolitano.

La declaración, pronunciada durante un acto en La Moneda, resume bien la sensación que experimentan miles de funcionarios de la salud, quienes tras un año de lucha incesante contra la pandemia, ven con frustración y dolor como los enfermos siguen llegando y las morgues de los hospitales se siguen llenando de quienes no pudieron sobreponerse al virus.

Y se trata de un sentimiento común, compartido entre quienes todos los días están en la primera línea, cansados y con miedo, porque el esfuerzo por salvar vidas también reporta un riesgo para ellos mismos y para los suyos, y eso lo saben.

"No puede ser que una parte del país esté en guerra con el virus y otra parte esté pensando: ¿Qué hago el viernes santo? ¿Un asadito o un mariscal? No. Ya basta. Llegó la hora en que hay que decirle a la gente que estamos en una guerra de verdad", agregó el médico intensivista del Hospital Clínico de la Universidad Católica, Glenn Hernández, otro que alzó la voz frente a la compleja situación nacional.

Lo cierto es que la segunda ola de covid que enfrenta el país ha sido tremendamente más potente que la primera. Los casos han aumentado en número y gravedad, sobre todo en la población más joven, y las conductas de desapego a las medidas de autocuidado también.

Fiestas clandestinas, reuniones donde no se respetan los aforos y cuarentenas cada vez más laxas son parte del problema al que aluden los profesionales de la salud. Al parecer, el "a mí no me va a pasar" se ha instalado en muchos y ese es el peor de los riesgos.

Es urgente reconquistar la voluntad de cuidarse, sin excusas, sin culpar a otros, de eso depende lo bien, o mal, que nos vaya. Porque, en efecto, los aplausos no sirven contra este enemigo y los hospitales se siguen llenando de enfermos.

En Perú, a pesar de no encontrarse normada la Eutanasia, el Poder Judicial reconoció y autorizó por primera vez en la historia de dicho país el derecho de una persona a terminar con su vida.

Bajo esa premisa, uno podría deducir que, entonces, lo que empieza siendo una situación tolerada y excepcional , se proyecta en los últimos años y empiezan a surgir en torno a ella nuevas cuestiones.

Primero, la extensión de los casos de eutanasia al sufrimiento no solo físico sino psíquico, siendo éste más difícil de calificar: ¿cuándo es intolerable el sufrimiento psíquico? Nadie duda que un enfermo terminal no va a recuperarse, pudiendo experimentar un sufrimiento intolerable, pero ¿y aquél que padece de un dolor psíquico? ¿Cómo se juzga su sufrimiento? En primer lugar, está la cuestión, claro, de si el consentimiento es válido en esas circunstancias.

En una segunda instancia, si la enfermedad priva al paciente de la capacidad de decidir, a menos que hubiera manifestado su voluntad en este sentido anticipadamente. Pero ocurre, además, que en tales situaciones de sufrimiento psíquico cabe plantearse si el desconsuelo que padecen estos pacientes podría haber desaparecido de aplicarles el tratamiento adecuado o de haber encontrado un adecuado diagnóstico de su enfermedad.

Luego, se plantea si la eutanasia debe estar abierta a los menores que padecen ese sufrimiento intolerable y quién decide por ellos (se ha hablado mucho, por ejemplo, de los bebés con espina bífida).

Y continúa el debate con el choque entre el derecho a decidir del paciente y ¿el derecho a decidir de los médicos? Incluso, se ha abierto recientemente un debate aún más espinoso y es el de la eutanasia activa o el suicido basado en el deseo de la persona que, sin estar muy enferma, sin padecer un gran sufrimiento, entiende que no goza de una calidad de vida suficiente y que ha llegado, a su juicio, el momento de dejar de vivir. Este debate se ha planteado sobre todo en Holanda, que ha acuñado el concepto de "vida completa", al igual que en Suiza que se habla de "cansancio vital".

Como se aprecia, en Europa la tendencia es cada vez más aperturista y, sobre todo entre los más jóvenes, el derecho a morir con dignidad se va postulando como un derecho más.

Producto de la relevancia que han tomado las ayudas sociales en tiempos de pandemia, ha cobrado fuerza en algunos sectores políticos la creación de un Ingreso Básico Universal, que consiste en una transferencia directa del Estado a las cuentas individuales de las personas sin discriminación atribuida a condición socioeconómica, situación de empleo, género, entre otras, y cuya entrega no se perdería en caso que una persona encuentre trabajo.

Por cierto, el Ingreso Básico Universal es una política adoptada en algunos países desarrollados. Cabe recordar el ejemplo de Finlandia - país que habitualmente tomamos como modelo de gobernanza - que entre 2017 y 2018 realizó un interesante experimento social que consistió en la entrega del Ingreso sólo a personas desempleadas por un monto de 605 dólares ($430.000 pesos chilenos, aproximadamente) en dicho período. Los resultados generales, indicaron que el ingreso recibido por dichas personas no impactó positivamente en la búsqueda de empleo, pero sí aumentó los niveles de bienestar mental, sintiéndose más satisfechas con sus vidas. Por otra parte, aumentó la confianza de los beneficiarios en las instituciones políticas.

Sin embargo, si desagregamos los resultados, durante 2018 (segundo año de la puesta en práctica del experimento) un 27% de la población beneficiaria del Ingreso buscó trabajo, en relación al 18% registrado el año anterior. Dicho incremento podría atribuirse a la existencia de sanciones establecidas por el Gobierno finlandés a aquellas personas desempleadas que, pese a contar con el Ingreso, no buscaban trabajo.

Entre los aspectos negativos se mencionan: poco incentivo a la búsqueda de empleo, la existencia de una sociedad desmotivada, reducción de los salarios. Por otra parte, entre los positivos destacan: existencia de trabajadores más productivos, aumento del espíritu emprendedor, una fuerza laboral mejor capacitada y un enfrentamiento eficaz al problema del desempleo, producto de la "robotización" del trabajo, y disminución de programas de ayudas sociales, cuyos montos se reinvierten en el Ingreso Básico, entre otros factores.

Dichos aspectos deben ser considerados al momento de implementar un IBU. Claro está, que no es una política propia de la izquierda, sino más bien de países desarrollados, que cuentan con una cultura de alta carga impositiva, es decir, en donde las personas están dispuestas a pagar altos impuestos para gozar de un sistema de seguridad social adecuado. Por lo tanto, implementar una iniciativa de dicha magnitud en Chile y acaso declararla en la nueva Constitución, debe generar un amplio consenso.

Una de las sugerencias que se plantean para enfrentar la posible "apatía" de las personas por la búsqueda de trabajo por el hecho de recibir un Ingreso fijo, más allá de su condición socioeconómica, es que éste no constituya un monto extremadamente elevado, lo que sin duda obligará a la persona a "compensarlo" con la búsqueda de trabajo. Por otra parte, debemos considerar los elementos positivos, especialmente porque distintas experiencias relatan que principalmente los jóvenes, al contar con dicho ingreso, dejan de trabajar horas extraordinarias para costear sus estudios, asegurando con ello una población con mayores niveles de educación y poca deserción. Sin duda, son múltiples los factores que pueden influir positiva o negativamente en la existencia de un IBU en Chile. Lo cierto es que su implementación dependerá del compromiso de todos los sectores. Debemos recordar las palabras de la ex Primer Ministra Británica, Margareth Thatcher: "No existe el dinero público; sólo hay dinero de los contribuyentes".