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Caso cementerio: millones en dinero fiscal fueron gastados en casinos de juego

SENTENCIA. Tribunal condenó a penas remitidas y libertad vigilada a cuatro exfuncionarios.
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Penas remitidas y libertad vigilada, multas en dinero, inhabilidad para ocupar cargos públicos y la prohibición de acercamiento (a dos condenados) a casinos o locales de juegos de azar durante el tiempo que duren sus condenas, fue parte de la sentencia que aplicó el Juzgado de Garantía de Antofagasta a los cuatro exfuncionarios del Cementerio Municipal, todos ellos imputados en calidad de autores del delito de malversación de caudales públicos, ilícitos ocurridos entre los años 2015 y 2017.

En un procedimiento abreviado, el tribunal antofagastino sentenció al exadministrador del camposanto Misael Cortés Olivares y a la exsubadministradora María Rojas Gutiérrez a la penas de 5 y 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva; y a Richard Swancke Ramírez (exencargado de proyectos) y Claudio Núñez Cortés (exencargado de ventas) a las penas de 541 días y 300 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional.

En el caso particular de los sentenciados Misael Cortés y María Gutiérrez, se les asignó la prohibición de acercamiento a casinos o locales de juegos de azar, ya que en base a los antecedentes de la investigación "se pudo determinar que gran parte de los dineros malversados fueron utilizados en este fin", explicó el juez de garantía, Andrés Santelices.

Investigación

Según consta en los antecedentes incluidos en la sentencia, tras una denuncia por venta irregular de terrenos y mausoleos realizada en primera instancia por el concejal Luis Aguilera en la Unidad de Control de Municipalidad de Antofagasta, luego puesto en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, se dio curso a una auditoría que logró establecer que el grupo de exfuncionarios encabezados en aquel entonces por el administrador del cementerio Misael Cortés, se apropiaron de forma indebida de dinero por concepto de ventas de derechos de terrenos y de construcción, por la suma de $421.809.510, afectando las arcas municipales.

"Los dineros antes señalados fueron apropiados de forma indebida e ilegítimamente por el mismo administrador del Cementerio Municipal, de ese lapso de tiempo, Sr. Misael Cortés Olivares, que fuera nombrado en tal cargo por decreto municipal del 31 de diciembre de 2012, quien para estos fines ilícitos actuó en algunas oportunidades personal e individualmente vendiendo los derechos de terrenos y de construcción (…) y en otras oportunidades con el mismo objetivo concertado previamente y con la colaboración de los restantes imputados", se lee en la sentencia.

La investigación liderada por el Fiscalía Local arrojó que para cometer dichos ilícitos, el exadministrador del cementerio aprovechándose de su cargo realizó una serie de ventas irregulares de mausoleos y terrenos recibiendo los dineros en efectivo generalmente, y quedándose con los mismos, sin ingresar estos a las cajas del cementerio ni rindió a la Tesorería de la Municipalidad.

Para ello, el esquema utilizado para malversar los fondos municipales consistía en ofrecer a terceros la venta de terrenos del cementerio al valor respectivo, incluso, en ocasiones a un monto inferior del valor que, dependiendo de las características y ubicación, eran transados hasta un 50% menos del costo real.

Incluso, a los compradores se les entregaba un comprobante de venta, talonarios que fueron en gran parte obtenidos de forma clandestina e ilícita por Misael Cortés, los que habían sobrado del ejercicio anual y que debían destruirse, lo que no hacía y empleaba con los restantes acusados para su venta.

Transferencias

En esa línea, una vez ya consumada la venta, el mismo exadministrador luego procedía a realizar transferencias bancarías a las cuentas de sus "colaboradores" en este fraude que se extendió por tres años.

"Realizados informes periciales contables pudo determinarse que la acusada María Angélica Rojas Gutiérrez recibió de parte del acusado Misael Cortés, con ocasión de la apropiación de fondos antes relatada, un total de 33 transferencias de fondos en su cuenta corriente del Banco BCI y Santander por la suma total de $34.126.000. En tanto, el acusado Richard Swaneck Ramírez recibió del acusado Cortés un total de 13 transferencias de fondos en su cuenta corriente del Banco BCI por la suma total de $5.473.000. Finalmente, el acusado Claudio Núñez Cortés recibió de parte del acusado Cortés un total de una transferencia de fondos en su cuenta corriente del Banco Falabella por la suma total de $750.000", se detalla en el escrito.

Para el fiscal jefe, Cristian Aguilar Aranela, "es una sentencia de relevancia para nosotros, no sólo por extensión de la pena, sino también porque se trató de un delito contra la probidad cometido por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones".

El persecutor agregó que "en esta investigación, llevada adelante por la Fiscalía de Antofagasta y por la Bridec y Lacrim de la PDI fue compleja por su extensión, teniendo en cuenta la forma de comisión de los delitos indagados. Para ello, se llevaron a cabo diversas diligencias para lograr finalmente su esclarecimiento e identificación de los autores como análisis de documentos, informes policiales, cartolas bancarias, transferencias y la toma de testimonios de más de 100 testigos e informes periciales contables, entre otros".

El 21 de abril se realizará el juicio abreviado en caso de carabinero atacado por turba

ACUERDO. Fiscalía recalificó el delito de homicidio frustrado, por el de lesiones menos leves y ofreció salida alternativa.
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El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el 21 de abril a las 8.30 horas, una audiencia de juicio abreviado, simplificado y acuerdo reparatorio, por los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2019, en el que un carabinero de franco y familiares fueron atacados en su vehículo por una turba en calle Esmeralda, en el contexto de manifestaciones.

En audiencia realizada ayer, la Fiscalía recalificó el delito de homicidio frustrado por el de lesiones menos graves, ofreciendo un acuerdo a todos los imputados en la causa. Ante el nuevo escenario, las defensas solicitaron una nueva fecha de audiencia, para poder conversar con sus representados.

Cabe señalar que todos los intervinientes en esta causa aceptaron la propuesta de juicio abreviado y se está a la espera de los informes psicosociales de los imputados.

La jueza Claudia Campusano accedió a lo solicitado por las defensas y agendó para el 21 de abril la audiencia.

Desde la organización "Madres de la Plaza Colón", todas familiares de los imputados en diversas causas en el contexto de la revuelta social, se manifestaron satisfechas por la propuesta de un juicio abreviado por parte de la Fiscalía con el fin de poner término a esta juicio.

Huelga de hambre

Uno de los imputados por este hecho, Freedom Astorga (20), quién se encuentra recluido bajo prisión preventiva desde hace más de un años en la cárcel del Nudo Uribe, inició el pasado 5 de marzo un régimen de huelga de hambre alegando su inocencia y solicitando que el Tribunal de Garantía acceda a su pedido de cambio de medida cautelar.

Por lo mismo esta semana, profesionales del Colegio Médico de Antofagasta, realizaron una visita al centro penitenciario para evaluar la salud del imputado.

Según explicaron en el comunicado, "en el contexto de la solicitud humanitaria recibida por Colmed Antofagasta desde la Agrupación Providencia, y con el consentimiento del afectado, su abogado defensor y el juez de garantía de Antofagasta, realizamos el día 8 de abril del presente, una evaluación médica a don Freedom Astorga Villarroel, quien se encuentra sujeto a una medida de prisión preventiva en un Centro Penitenciario de nuestra ciudad".

Finalmente, desde el Colmed, señalaron que "solamente podemos informar de manera general sobre el hecho de haber realizado la atención médica, haberse constatado el estado de salud de la persona, no pudiendo entregar otros antecedentes debido a nuestro deber de secreto profesional del acto médico".