Los efectos de la pandemia de coronavirus no están solo en la dimensión sanitaria, obviamente la más delicada; también lo están a nivel económico, factor que debe enfatizarse, para entender la urgencia con que deben implementarse políticas públicas, en especial para los sectores más impactados por la crisis. Ayer, por ejemplo, se informó que la tasa de desocupación regional fue 11,2% (trimestre diciembre 2020- febrero 2021, INE), indicador que aumentó en 3,6 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior. El problema se ve más agudizado por el hecho que los ocupados disminuyeron 6,5% en doce meses, equivalente a 20.682 personas menos.

La magnitud queda todavía más clara con otro indicador presentado por el INE: el de los "inactivos potencialmente activos", cifra que llega a las 46.650 personas. Con ello queda en mayor evidencia que la destrucción de puestos de trabajo podría estar afectando directamente a unas 200 mil habitantes de la región.

El deterioro económico tiene otro efecto inmenso sobre la vivienda y el incremento de campamentos, tal como lo mostró el último Catastro Nacional 2020-2021 elaborado por Fundación Techo Chile y Fundación Vivienda. El texto dio cuenta que estos asentamientos aumentaron un 12,7% en la Región de Antofagasta, pasando de 79 a 89.

Sabido es que nuestra región presenta una de sus peores brechas en vivienda, en especial de tipo social, considerando que el asunto fue desatendido por más de una década. La expresión de aquella omisión es el factor expuesto: un incremento insospechado de ocupaciones ilegales y peligrosas para muchas familias, especialmente inmigrantes, quienes tienen enormes dificultades para acceder a un arriendo o compra, debido a los altos costos determinados por la escasa oferta existente.

Y a las razones sociales y éticas, hay que sumar las sanitarias, ya que el 98% de las familias que habitan estos lugares no cuentan con acceso a agua potable y alcantarillado.

El gobierno, el Estado en definitiva, debe abordar el asunto de la construcción de viviendas sociales, y obras públicas en general, considerando el beneficio concreto que significará para muchas familias, además del positivo impacto gatillado en la creación de empleo y reactivación, tan urgentes por estos días.

Desde el año 2012, celebramos cada 21 de marzo el Día Internacional de los Bosques, con el fin de rendir un homenaje y generar conciencia respecto a su relevancia para la humanidad.

Son varios los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, como abordar la conservación de la biodiversidad, protegernos ante desastres naturales, recuperar suelos y ecosistemas y hoy la contingencia de la pandemia, nos recuerdan la relevancia de mantener el equilibrio entre la naturaleza y la actividad humana, donde el respeto, cuidado y conservación de los recursos naturales desempeñan un papel preponderante.

Su valor es holístico y radica en las múltiples funciones ambientales, servicios sociales y productivos que proveen los bosques. Son hábitats de innumerables especies de flora y fauna, albergando alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre de todo el mundo. También, constituyen el sustento para diversas comunidades, donde se agrega el aporte de miles de personas que recolectan productos forestales no maderables, aportando a la generación de fuentes de trabajo y sostén para sus familias. Por otra parte, poseen un valor cultural significativo para los pueblos indígenas, comunidades rurales y la sociedad. Capturan carbono, protegen el suelo de la erosión, regulan el ciclo de agua, sin olvidarnos de aspectos intangibles, como disfrutar de un lindo paisaje, darnos baños de bosque, recrearnos en su belleza.

En Chile tenemos 17,9 millones de hectáreas de bosques, es decir, casi 1 hectárea por habitante. De éstas 14,2 millones corresponden a Bosque Nativo. En el año 2020, Chile se comprometió ante la comunidad internacional a actualizar su NDC, esto contempla 200.000 hectáreas de nuevos bosques para 2030, de las cuales al menos 70.000 hectáreas serán forestadas con especies nativas. Con esta iniciativa, se espera que los árboles absorban entre 3 y 3,4 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente anuales al 2030. Estos compromisos también contribuyen hacia la meta de llegar a ser un país carbono neutral al año 2050, donde los bosques juegan un rol fundamental.

Como FSC ya estamos aportando a estos desafíos, los bosques responsablemente manejados y adecuadamente protegidos, son un activo para nuestro bienestar y la mejor defensa contra el cambio climático. Bajo este esquema, sólo en Chile -a la fecha- hay más de 2 millones trescientas mil hectáreas de bosques bajo el manejo forestal responsable que promueve FSC, certificación de servicios ecosistémicos en 3 iniciativas y 190 certificados de cadena de custodia. Este sello asegura que los productos de origen forestal que encontramos en el mercado cumplen desde su origen con altos estándares sociales, ambientales y económicos.

Como consumidores, todos podemos contribuir a cuidar los bosques desde ser responsables con el cuidado de áreas verdes, el uso del fuego, plantando, contribuyendo a las economías locales que de ellos dependen, hasta con nuestras decisiones de compra diaria, eligiendo productos que tengan el sello de FSC como un envase de cartón de Tetra Pak®, una bolsa para hacer las compras, un libro o un mueble, entre tantos otros productos certificados.

Convengamos primero en que quien desarrolla proyectos inmobiliarios no es una persona que carezca de recursos. La naturaleza de un proyecto inmobiliario requiere de un gran capital para intentar llevarlo a flote, una cifra de dinero que la inmensa mayoría de los chilenos nunca poseerá, y la mayoría de ellos ni siquiera imagina. No solo tiene asegurado su futuro quien pretende ese proyecto, sino también sus descendientes. El negocio inmobiliario es un negocio de la fronda aristocrática y económica de Chile, no es un negocio para quienes viven económicamente ajustados su vida.

Cabe preguntarse entonces ¿cuál es la necesidad de hacer nuevos proyectos inmobiliarios de segunda vivienda pasando por encima del sentir ciudadano y poniendo en riesgo humedales, cerros, bosque nativo y similares? Ejemplos para ello hay muchos: las dunas de Concón, el humedal de Puente Negro en Batuco, los cerros de Papudo, todos ecosistemas amenazados por proyectos inmobiliarios que no reparan en destruir ambientes para enriquecerse, intentando echar mano a cuanto resquicio legal le permita hacerlo. La destrucción del cerro Punta Pite en Papudo es una clara muestra de ello.

La respuesta a la pregunta del párrafo anterior está en una sola palabra: codicia, ese afán desmedido de riquezas que se ha transformado en el mal de nuestros tiempos. Codicia de ganar más y más dinero no respetando a nadie ni nada, salvo que la ley los ponga en manifiesta evidencia. Codicia es también influir en planos reguladores para que se permita construir más y más, no importando en este caso el bienestar de quienes comprarán sus proyectos. ¿Sabe, por ejemplo, el afuerino que llega a Papudo, al que se le ofrece departamento a pasos de la playa, que no tendrá la playa a metros, sino que deberá tomar su auto, enfrentar una gran congestión y pagar estacionamiento para disfrutar una playa lejos de la que le prometieron? No les importa el bienestar de la comunidad, solo seguir acumulando riqueza.

Hoy por hoy, ni las consideraciones ambientales ni las sociales frenan al cáncer inmobiliario. Igual que la enfermedad, avanza poco a poco, destruyendo ambiente y sociedad, hasta acabar con el entorno. Qué tremendo desafío es para el país terminar con esto. Será difícil mientras la riqueza sea el fin, y mientras las universidades enseñen a sus profesionales que el éxito se mide en millones en su cuenta, no en el reconocimiento de su aporte al bienestar social.