Cuando todo esto haya pasado, el personal médico tendrá sus merecidos reconocimientos y, es de esperar, su descanso. Saldremos a la calle, nos reencontraremos y con los años el recuerdo de estos meses de mascarillas y alcohol gel se irán diluyendo. Volveremos a malls, gimnasios, universidades, parques, piscinas y canchas de fútbol. Un grupo recordará las reuniones por zoom, otro recordará con tristeza haber quedado sin empleo y como tuvo que utilizar sus propios ahorros para sobrevivir, y otro que a pesar de la pandemia y el confinamiento, igual debió ir a trabajar. Entre ellos el personal de salud, pero también trabajadores de aseo, cajeras de supermercado, micreros, colectiveros, conductores de camiones, cuidadoras de adultos mayores y ciclistas de deliverys. Ellos son las otras líneas de contención de la pandemia, con empleos la mayoría de las veces precarios, pero que han seguido trabajando para que el resto de la ciudad pueda estar en casa.

Subcontratados por empresas licitadas por el Estado como en el caso del personal de aseo, por lo que no tienen los beneficios de un funcionario estatal a pesar de que su labor es crítica; con un algoritmo como "jefe" (que además niega serlo) como en el caso de los ciclistas de los deliverys; y pagando cuotas por trabajar, como en el caso de muchos choferes de micros que deben arrendar sus máquinas.

La pandemia debería ayudarnos a reflexionar pero también a tomar acción -que en este caso corresponde a los parlamentarios a través de proyectos de ley- para dar más protección y estabilidad a los trabajadores de este tipo de empleos que han mostrado ser esenciales, no solo por la pandemia.

Otro punto importante es que las cajeras de supermercado a pesar de su importancia, no han sido consideradas prioritarias aún en el proceso de vacunación. Es de los empleos con más interacciones con la población y por lo mismo con más riesgo de contagio, pero aún no están en la fila.

Los tratados internacionales vigentes en Chile, la Constitución Política y el Código Procesal Penal establecen claramente el derecho a defensa que todo imputado por un delito tiene desde los primeros actos dirigidos en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia, lo que abarca el momento de su detención en unidades policiales, a la espera de que la Fiscalía decida pasarlas o no a una audiencia de control de detención.

Más allá de algunos intentos de la institución, lo ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019 relevó la necesidad de que la defensa penal pública estuviera presente en los cuarteles policiales, tal como lo señalaron los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco.

Tras la detección de esta brecha y ante la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile, la Defensoría solicitó al Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, su acompañamiento para elaborar un modelo de defensa en este ámbito para así contar con una propuesta con los aspectos centrales de la defensa en las primeras horas de la detención.

Esta nueva defensa pública especializada contribuye a mejorar y fortalecer la confianza y legitimidad del actuar de las instituciones del sistema de justicia penal y la vigencia y respeto de los derechos humanos. Como antes fue la defensa penitenciaria, hoy la defensa en los primeros momentos de la detención es un avance relevante, pues se orienta al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de acceso a la justicia y al debido proceso.

Además, es una salvaguarda en la prevención de la tortura y otras afectaciones a la integridad de los detenidos, lo que ha sido relevado por el Subcomité de Prevención de la Tortura y otros órganos de tratados, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este nuevo rol de la defensa pública permite, de paso, una continua mejora de los procedimientos policiales y un desempeño de mayor calidad en la audiencia de control de detención, lo que se vincula directamente con el derecho de los imputados a contar con los medios y el tiempo necesario para preparar su defensa en el proceso. Esto es muy importante, pues se sabe que el tiempo de entrevista previa entre abogado e imputado antes de esta audiencia es muy reducido.

El retiro de la estatua del general Baquedano, con el pretexto de su restauración, no tiene otra lectura que la derrota de un gobierno que no tiene la capacidad para hacer respetar el Estado derecho en Chile.

Es tiempo de llamar las cosas por su nombre y terminar con los eufemismos, en los últimos años comenzó una amplia ola cultural, para imponer temas que provocaran polarización entre chilenos, temas que se contradicen con lo que la mayoría Identifica como prioritarios, quiero decir con esto que se cambió salud humanitaria, educación de calidad, control de delincuencia, mejorar pensiones, por Aborto 3 causales, Ley de identidad de Género, Ley de Garantías de la Niñez que elimina el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, introduciendo falsos derechos que vulneran infancia y la relación familiar, también legislan Eutanasia, Matrimonio igualitario, que no son prioordad.

Se utilizó maquinaria comunicacional, cultural, política, sistemática y transversal para victimizar a un grupo por sobre la criminalización de otro grupo, sobreponiendo así, como prioridad para todos los chilenos, solicitudes de grupos minoritarios.

Se instaló el odio social, revolviendo el pasado, como un ánimo de polemizar, se logró que estudiantes en Liceos emblemáticos (Instituto nacional, INBA, Liceo 1, otros) destruyeran lo que les servía a ellos mismos: infraestructura y/o pérdida irrecuperable de clases.

El llamado estallido social, sólo fue el día de la consumación, demandas sociales por superar y mejorar, es un desafío constante en todos los tiempos y para todos los países, nunca antes se vio lo vivido desde el 18O. Las personas vulnerables, no destruyen lo propio, no incendian edificios, vehículos, no destruyen pymes, calles, creo que la delincuencia sin igual que vimos en el último año en Chile tiene un fuerte respaldo político detrás. El origen de todo esto tiene un fin: lograr una Constitución socialista. donde esto Último, a mi parecer, será un fracaso, como lo ha sido en los demás países, donde es insostenible que el Estado mantenga gratuidad absoluta en beneficios para todos, sin llegar a la ruina. Es retroceder 50 años.

Con todo esto quiero expresar que veo a mi país cada día más sumido en destrucción, desacreditación de fuerzas de orden, confrontaciones entre chilenos, donde pienso que existen dos soluciones, subirse al carro de quienes insisten en derrotar el modelo que les permite vivir libres y mejor que en países socialistas o defender un país que es ejemplar en bajo índice de pobreza de 8%, versus Venezuela 80%, Cuba 60%, Argentina 38% entre otros. Algunos dicen que la economía no sirve, pero no se imaginan vivir sin comodidades como alcantarillado, servicio de agua potable garantizado, supermercados con diversos productos a libre eleccion de adquirir, parece normal, pero en su modelo estos son un privilegio.

La invitación es a recriminar la violencia como mal método instalado de "manifestación" para conseguir fines, cuidar lo que es de todos, a nunca renegar de nuestros héroes, nuestro pasado, nuestra Identidad, nuestra historia, a recuperar el país próspero que caminaba hacia el desarrollo y fue interrumpido. A respetar nuestras instituciones de orden y autoridad. Tenemos la oportunidad de decidir hacerlo hoy, no perdamos nuestra valiosa Patria, fértil aún. Podemos.