El desarrollo regional genuino y sustentable es un proceso de construcción colectiva donde la comunidad regional es la protagonista. Como todo proceso de construcción colectiva requiere de líderes que combinen virtuosamente el despliegue de sus capacidades personales con el trabajo en equipo coordinado y sinérgico. En este camino endógeno del desarrollo, la comunidad regional toma en sus manos su presente y futuro y, lo gana, proyecto a proyecto. Las necesidades o aspiraciones se consiguen con proyectos concretos. El lenguaje de la inversión y el desarrollo es el lenguaje de los proyectos. La región y sus comunas deben definir sus prioridades y transformarlas en proyectos técnicamente factibles y socialmente rentables. Decimos que es un proceso que se gana, porque se trata de un proceso competitivo en que las distintas comunas y regiones compiten con sus proyectos por los siempre escasos recursos.

Algunas características claves para un desarrollo regional endógeno exitoso:

Visión: Para cambiar el presente por un mejor futuro, como comunidad regional debemos tener un sueño inspirador positivo que nazca y se retroalimente en nuestras fortalezas objetivas para, desde allí, salir a conquistar nuestras oportunidades y dejar atrás nuestras debilidades o penurias.

Pasión: El fuego en los ojos y en el corazón, en el trabajo del día a día, es la forma de vida indispensable para la creación del valor extraordinario que requiere la construcción de una nueva región. Sin pasión no pasa nada extraordinario. Este es el optimismo constructor y de aporte creativo que pone el foco en las oportunidades para la creación de nuevo valor para la comunidad.

Proyectos Estratégicos: Una región ganadora debe estar armada de una sólida cartera de proyectos estratégicos evaluados técnicamente y socialmente rentables. La realidad nos muestra pocos y débiles proyectos para el día a día (reposición, mantención, equipamiento rutinario, etc.). Se requieren aquellos proyectos estructurales que construirán la nueva realidad, aquella que está definida en la visión futura de la educación, salud, desarrollo productivo, transparencia, probidad, seguridad ciudadana, esparcimiento, cultura, etc.

Organización: Los líderes regionales, en la práctica, deben actuar coordinadamente. La confianza, el apoyo y conversación recurrente es la herramienta que les permitirá ir construyendo los consensos y la división del trabajo en torno a los proyectos estratégicos.

Gestión: La experiencia demuestra que no bastan los buenos proyectos para construir la nueva región. Siempre existen fuerzas que se interponen y retardan el avance, por esto es indispensable la acción coordinada que, desde distintos frentes y niveles, se moviliza y gestiona el avance en torno a los proyectos estratégicos.

El alto costo de la vida y la delincuencia, aparecen como las dos principales preocupaciones de los habitantes de la Región de Antofagasta, según reveló la última versión del Barómetro, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte.

Se trata de un número que no es sorpresivo; en realidad es coherente con las cifras anteriores de un estudio que lleva el pulso ciudadano hace ya seis años.

La percepción de este problema debe calibrarse en toda su magnitud, pues revela inquietudes que parecen cada vez más arraigadas, pues no han sido solucionadas al nivel esperado, por los sucesivos gobiernos comunales y regionales.

Ante ello son coherentes otros datos relevantes, por ejemplo, el ligado a la percepción que tienen los habitantes para con sus ciudades: mientras un 49%, se manifiesta "satisfecho", un 47%, manifiesta que está "insantisfecho" o "muy insatisfecho", una respuesta que es transversal al nivel socioeconómico y el tramo etáreo. El asunto se repite con la interpretación de los avances y retrocesos. Un 27% sostiene que la calidad de vida "ha mejorado"; un 26%, que "permanece igual" y un 41% que ha empeorado "algo o mucho".

¿Pero qué es lo más difícil? La ciudadanía parece tener dimensiones bien precisas: el 41% acusa que el "alto costo de la vida" es el factor crítico, mientras 32%, identifica a la delincuencia. En tercer lugar aparece la "contaminación (16%), seguida de la falta de áreas verdes (5%) y falta de calles pavimentadas (3%).

El cóctel es muy perjudicial para la imagen que nuestros territorios proyectan, especialmente Antofagasta y Calama, como enclaves costosos, inseguros y contaminados.

Ciertamente hay un problema con el alto costo de la vida y dificultades objetivas con la seguridad, cuestiones que deben ser abordadas y solucionadas desde la autoridad y los organismos del Estado, para lo cual se requerirá originalidad y agresividad especialmente en política habitacional. Es un hecho que el déficit es enorme (supera las 20 mil unidades) y el ítem implica un enorme esfuerzo económico para las familias, que llegan a destinar, en promedio, entre un 30% y 40% de sus ingresos en el arriendo o compra de su vivienda. Se trata de un asunto de bien común que solo será resuelto con política pública y trabajo de largo plazo coordinado y planificado.

Actualmente en Chile hay casi 19.000 niñas, niños y adolescentes bajo algún sistema de cuidado alternativo entregado por parte del Estado de Chile, es decir, que no viven necesariamente con sus familias de origen. De ellos, casi 13.000 están en residencias del Servicio Nacional de Menores (SENAME) o son sujetos de adopción y casi 6.000 están bajo el cuidado de familias de acogida, según las cifras dadas a conocer por el último estudio del Hogar de Cristo.

Estas cifras, que para quienes las leen pueden ser solo números, vuelven a tomar relevancia cuando se dan a conocer vídeos como el que conocimos ayer por redes sociales y luego por los medios de comunicación donde un niño estaría siendo víctima de maltratos en una residencia del SENAME en Carlos Antúnez, en la comuna de Providencia, en plena capital de nuestro país. Estas residencias son parte de una nueva generación de políticas públicas, en teoría de calidad muy superior a las residencias masivas que anteriormente operaban. A pesar de los esfuerzos, vemos como las dificultades continúan y hoy hay investigaciones para comprender qué originó esta situación.

La investigación es esencial, y debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pero ¿qué pasará cuando esta investigación llegue a su fin?, ¿esas cifras volverán a ser solo números fríos? Hoy Chile es el único país de la región que no tiene una ley de garantías explícitas de protección para la niñez, además, no cuenta en su Constitución con un mandato de protección de niñas, niños y adolescentes, pese a haber suscrito la Convención Sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años.

Solo entre 2005 y 2016 más de 1.300 niñas, niños y adolescentes que estaban bajo el cuidado del Estado perdieron la vida. Es por eso que, como sociedad, debemos dar vuelta esta situación, poner a la niñez y sobre todo a la más vulnerable como prioridad. Hoy tenemos la oportunidad histórica, ad portas de la elección de Convencionales Constituyentes, de elegir a personas que se hagan cargo de esta deuda con la infancia y puedan consagrar explícitamente sus derechos en la nueva Constitución, con mecanismos efectivos para garantizar sus derechos y, así, evitar que estas cifras no se sigan repitiendo.

Hoy también tenemos la reforma al servicio de protección como una posibilidad concreta de cambio y mejora en la respuesta que damos a la realidad de la infancia vulnerada. Hemos visto aumentar los presupuestos y crear nuevas institucionalidades. Sin embargo, esas reformas requieren mayor profundidad y compromiso tanto del Estado como de toda la ciudadanía para tener impacto real. Se requieren modelos técnicos nuevos, y capacidades institucionales para llevarlos a cabo, o si no todo aumento de presupuesto es solo un gasto mayor de recursos públicos.

Mientras esperamos que las investigaciones entreguen luces acerca de los sucesos de esta semana, esperamos que las autoridades pertinentes profundicen las reformas que están en curso, instalen el Servicio de Protección Especializado y avancen de forma decidida en la promulgación de una Ley de Garantías. Las niñas y niños de este país no pueden seguir esperando.